Por Victoriano Martínez
La consigna de la Cuarta Transformación (4T) “la Sierra de San Miguelito no se toca”, a pesar de que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se define como verde ecologista y afín a la 4T, no sólo la ignora, sino que actúa en sentido opuesto a tal grado que incurre en delitos ambientales.
La denuncia sobre la presencia de maquinaria pesada entre la Vía Alterna y el Fraccionamiento Gran Peñón, con la que se destruyó parte de esa zona que forma parte del Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito y se afectaron especies protegidas se suma a la anti consigna en los hechos de Gallardo Cardona de afectarla en favor de desarrolladores inmobiliarios.
“Tenemos que trabajar el tema de la vía alterna con todos los desarrolladores, porque ahí todos ya compraron las tierras, todos se adueñaron de tierras, están esperando que se les haga la carretera solamente para empezar a desarrollar, para empezar a vender”, dijo el 18 de noviembre de 2022.
Para ese entonces, la Federación ya había retirado el financiamiento para la Vía Alterna, cuya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se encontraba en Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y aún no se había resuelto si se autorizaba o no por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT.
Aunque un año después, para el 28 de noviembre de 2023, la DGIRA emitió su resolución sobre la MIA y negó su autorización, desde enero de este año el mandatario anunció que se continuaría la construcción de la Vía Alterna, el 8 de marzo publicó la Convocatoria de Licitación Pública Estatal No. LO-EST-247800018-6-2024 para esa obra y el 4 de abril de este año arrancaron las obras.
Los puntos determinantes para la negativa por parte de la DGIRA fueron:
- La promovente no precisó la ubicación ni el área de afectación que tendrá el proyecto sobre el ecosistema y los impactos que éste pudiera ocasionar.
- La promovente no presentó el análisis y la evaluación de los componentes ambientales susceptibles a ser afectados, omitiendo información que resulta relevante para realizar un análisis integral y evaluar la viabilidad ambiental del proyecto.
- La promovente no presentó el análisis técnico respecto a los posibles impactos ambientales y sus efectos en el SAR (Sistema Ambiental Regional), ni las medidas de mitigación ni los pronósticos ambientales; por lo cual no se tiene certeza de que los impactos ambientales no representan riesgo alguno para la integridad funcional del SAR o si pueden causar desequilibrios ecológicos, rebasando los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referentes a la presentación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
- La descripción de los pronósticos ambientales regionales y el contenido de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados de la MIA-R (Manifestación de Impacto Ambiental–Regional), no corresponde con una evaluación integral de todas las obras y actividades que se requieren para la modernización y ampliación del camino para mejorar la comunicación entre las localidades involucradas.
Es probable que el hecho de que el quinto punto de la resolución reitera que “la legislación ambiental vigente establece que ninguna obra o actividad competente a la federación podrá ser realizada hasta no obtener la debida autorización en materia de impacto ambiental que emite esta DGIRA” se haya tomado como elemento para evadir la negativa para la MIA-R.
No obstante, no es la forma en que esa determinación es aplicable al caso, dado que en las operaciones denunciadas dentro de Gran Peñón y la destrucción ecológica provocada por la Vía Alterna dentro de una ANP y su Área de Influencia son por sí solos delitos ambientales.
Para el caso, el gobierno de Gallardo Cardona no sólo incurre en irregularidades con los daños ambientales provocados sino también por haber iniciado una construcción de obra sin el correspondiente manifiesto de impacto ambiental autorizado, que representa otra violación a la ley.
El anuncio del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Adán Peña, sobre la presentación de denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) muestra que tras la declaratoria de ANP la consigna “la Sierra de San Miguelito no se toca” ha evolucionado a “la Sierra de San Miguelito se defiende”.
