Alejandro Rubín de Celis
La ruta alterna a la carretera 57 mediante la prolongación de avenida Juárez hasta el eje 140 de la Zona Industrial es prácticamente un hecho. Con el aval que ha dado el gobierno federal a esta alternativa vial se puede decir que ya no hay marcha atrás. Y la noticia tiene muy contentos al gobernador Juan Manuel Carreras López y al alcalde Xavier Nava Palacios.
Con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Junta Estatal de Caminos (JEC) por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comienza la cuenta regresiva del virtual inicio del proyecto, anunciado ya por el gobernador del estado para el mes próximo.
Juan Manuel Carreras declaró que le da “mucho gusto” la autorización de la MIA, a pesar de saber el daño que la obra causará a la flora y fauna y a la recarga acuífera en una zona de la Sierra de San Miguelito (SSM) que abarca 490 hectáreas, y de haber solicitado al primer mandatario mexicano, en mayo pasado, la declaratoria de la sierra como Área Natural Protegida (ANP) aduciendo los importantes servicios medioambientales que ésta proporciona a la ciudad y sus habitantes.
Pero sin empacho alguno el gobernador ya se quitó la careta de ecologista y no ocultó su satisfacción por la resolución de la Semarnat que era lo único que esperaba para llevar a cabo su plan. Es cierto que falta obtener algunos permisos como el de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otros de orden estatal y municipal, pero que ya resultan en mero trámite pues el más importante de todos para efectos legales y hasta políticos ya está aprobado.
De nada sirvió el exhorto que hicieron al gobernador diputados federales y el Frente Ciudadano Anticorrupción para que retirara la solicitud a la federación dirigida a autorizar la MIA para la vía alterna por avenida Juárez, en congruencia con su presunto interés por preservar la Sierra de San Miguelito y de haber solicitado al presidente la declararla como ANP.
El alcalde Xavier Nava también se ha mostrado complacido con la aprobación de la Semarnat ꟷes un buen avance, declaróꟷ pues junto con el beneplácito del gobierno del estado cuenta ya con el respaldo institucional de los otros dos órdenes de gobierno para aprobar el cambio de uso de suelo a nivel municipal en los 10.2 kilómetros de terreno que servirán para la construcción de la vía alterna.
La decisión federal le viene como anillo al dedo al presidente municipal a unos cuantos días de que se concluya el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, que está contemplado para presentarse a fines de este mes. En unos días más seguramente se someterá al Cabildo el cambio de uso de suelo, toda vez que éste tiene que aprobarse antes de que el gobernador dé el banderazo de arranque al proyecto.
La alternativas de Avenida Salk y otras que estaban consideradas y que no afectarían esa zona ecológica, quedan descartadas por más que el gobernador y el director del Implan, Fernando Torre, digan lo contrario, pues incluso el proyecto de la Avenida Salk fue devuelto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la JEC por deficiencias y errores, y rechazado por la Unión de Usuarios de la Zona Industrial por considerar que se trata de una ruta insuficiente para soportar el flujo vehicular que transitaría por esa vía.
Lo que no cuadra es el compromiso hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo pasado en el sentido de que la Sierra de San Miguelito “no se toca” y la aprobación de la Semarnat para construir la ruta alterna a la Zona Industrial que cruza una porción de la sierra.
La aprobación de la ruta Avenida Juárez-Eje 140, ¿es el preludio de nuevas autorizaciones que vulneren otras zonas de la Sierra de San Miguelito, tanto a nivel federal, como estatal y municipal?
Ahí está pendiente el cambio de uso de suelo de 2 mil 69 hectáreas para la construcción del complejo residencia Las Cañadas. Después de todo, la declaratoria de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito por parte de la federación podría tardar hasta dos años.
Y en otro tema, ahora sobre el Congreso…
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado ahora sí se volaron la barda al aprobar un código de ética para congresistas y empleados del Poder Legislativo, después de que en muchos casos y situaciones han dado muestras de faltar a los más elementales principios y valores morales de cualquier sociedad civilizada y democrática.
El presidente de la Jucopo, Rolando Hervert, describió los principales puntos de este código: honestidad, responsabilidad; respeto al trabajo, a las demás personas, a la equidad de género. En suma, “conducirte con valores y principios”.
Pero son estos diputados ꟷcon excepción de Cándido Ochoa que ya salió de la Jucopo y de Edgardo Hernández que acaba de entrarꟷ, los que aprobaron la propuesta del diputado Eugenio Govea para aumentar el salario de los asesores y compensar así la reducción del 10 por ciento a su sueldo; los que retrasaron la integración de la Unidad de Evaluación y Control lo que evitó que esa instancia vigilara las distintas etapas en que la Auditoría Superior del Estado revisó las Cuentas Públicas del ejercicio 2018; los que remplazaron a la oficial mayor Marcelina Oviedo cuando vieron que perdían el control en el manejo los recursos públicos; los que han tomado acuerdos a espaldas de la sociedad y le niegan información sobre los temas que tratan hasta a sus compañeros diputados.
Ellos son ahora los nuevos adalides de la decencia, los que nos darán lecciones de ética.
