Por Victoriano Martínez
Si algo le ha faltado al Ayuntamiento en el proceso de actualización de los programas de desarrollo urbano es transparencia. Si con algo ha pretendido encubrir los intereses a los que realmente responde es con la promoción de posturas a favor de una urgente aprobación de los programas antes que a una verdadera exposición pública de su contenido.
Cuando el 15 de septiembre el regidor Alfredo Lujambio Cataño afirmó, vía Twitter, que los programas prácticamente deberían ser aprobados por ser el resultado de “19 meses de trabajo para recuperar 17 años de atraso”, marcó una línea que hoy encabeza como alcalde interino: se aprueban porque nosotros los hicimos y, en consecuencia, son incuestionables.
En la página oficial del Ayuntamiento –que debería privilegiar informar a la sociedad en lugar de usarla para propaganda– desde entonces privilegiaron abiertamente posturas a favor de la aprobación de los programas, con comunicados de los dirigentes de Coparmex, de la Canadevi y un académico de la UASLP, en aquella primera etapa.
Cualquier inconformidad o cuestionamiento, así surgiera de presidentes de juntas de mejoras, de ejidatarios, de comuneros, de activistas ambientales o hasta de algunos regidores, no mereció mayor atención que la descalificación, con acusaciones de una presunta politización que en realidad evadía la mejor forma de despejar cualquier duda: abrir la información con total transparencia.
El ayuntamiento auto proclamado transparente confunde aparentar con transparentar. En lugar de informar directamente sobre las dudas que sobre los programas de desarrollo urbano han sido expuestas hasta por la propia Semarnat, que le ha requerido información, opta por trabajar en la opacidad y allanarse a declaraciones de actores públicos que, coincidentemente, le resultan a modo.
Luis González Lozano, a nombre de San Luis Urbano 360, y Edgardo de los Santos Cázares, de la Asociación Sierra de San Miguelito, no sólo coincidieron este lunes en ofrecer sendas entrevistas prácticamente sobre los mismos puntos de los programas de desarrollo urbano, sino en que el alcalde interino promoviera sus intervenciones y las compartiera en grupos de Whatsapp.
O el alcalde interino aprovechó para tomarlos como voceros, o pudo tratarse de intervenciones concertadas. Son las posibilidades que quedan dentro de ese espacio de opacidad en el que se han manejado las autoridades municipales en el caso de los programas de desarrollo urbano.
El hecho es que González Lozano y De los Santos Cázares coinciden en un punto: La Sierra de San Miguelito sí se toca… poquito, pero para protegerla mejor.
Cauteloso, en Radiorama Noticias González Lozano optó por un discurso condicional en el que concluye que entre lo ideal y lo posible, “vámonos por lo posible”, que es darle un mayor valor a los programas de desarrollo urbano, así afecten una parte de la Sierra de San Miguelito, porque un Área Natural Protegida (ANP) no garantiza efectiva protección.
“No podemos ser extremistas porque nuestra experiencia en San Luis Potosí es que cuando somos extremistas y no logramos generar acuerdos es tener lo que hoy ocurre con la Sierra de Álvarez, donde en la Sierra de Álvarez dice que se protege, pero no se protege y hay una industria Calera que la está devastando, se la está acabando”, dijo.
Se pronunció porque San Luis Potosí requiere un programa de actualización al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano porque se puede convertir en el instrumento para defender la Sierra de San Miguelito. “Si está alineado al polígono que la UNAM está definiendo, entonces este programa es la mejor forma de cuidar, de blindar, a la Sierra de San Miguelito”, dijo.
Por su parte, De los Santos Cázares partió de la afirmación categórica, casi como vocero oficial del Ayuntamiento, de que los programas de desarrollo urbano “no van a intervenir en el polígono que trazó la UNAM” para la ANP, aunque sí tocarían a la Sierra.
“La tocaría, insisto, sí, en la parte más cercana a la ciudad y pondría un límite, y esto incluso ayuda a proteger la Sierra en mayor medida.
“Toda la gente que opina lo contrario pues realmente no lo dicen de buena fe, siempre hay algunos intereses ocultos atrás, pero creemos y por eso lo estamos apoyando nosotros este plan de centro de población, ayuda definitivamente a la conservación de la Sierra y a limitar un desarrollo desordenado hacia el sur de la ciudad”, dijo.
De los Santos Cázares llegó incluso a señalar que la Vía Alterna a la Zona Industrial se encuentra fuera de la Sierra de San Miguelito, con lo que desconoce, al igual que el IMPLAN, el Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga, que llega hasta La Pila, establecida en el Periódico Oficial del Estado desde el 21 de agosto de 2003.
Un ligero desliz que lo hizo confesar prácticamente que no se puede afirmar, como lo hizo al principio, que los programas de desarrollo urbano no van a intervenir en el polígono de la ANP, porque no está aún definido, y así quedó establecido en el oficio que le envió la Semarnat al alcalde interino el pasado 8 de enero.
“El trazo que se tiene de esta vía alterna no interviene en absoluto con el polígono que la CONANP está manejando, bueno no lo tenemos finalmente, se nos dio hace meses alguna idea de este polígono, 109 mil y poquito más de hectáreas, pero precisamente ese polígono está hacia el sur de donde se pretende poner la vía”, trató de salir del paso.
Si la intención de ambas entrevistas promocionadas y distribuidas por el alcalde interino fue hacer creer que los programas no tocan la Sierra de San Miguelito, o si lo hacen es para protegerla y aplicarán fuera del polígono de lo que será la ANP, que los definan con “la idea” que del mismo se les dio hace meses confirma que les urge aprobarlos antes de la declaratoria federal.
¿Por qué no esperar, como lo establecieron en la convocatoria para la consulta pública y como además se los solicitó la Semarnat, a que esté definida la ANP de la Sierra de San Miguelito para definir las directrices de los programas para esa zona?
¿A quién se pretende beneficiar con definiciones sobre polígonos hipotéticos, cuando se supone que a nadie perjudicaría esperar a que estuviera decretada la ANP para una mayor congruencia de los programas, que incluso les daría más solidez jurídica?
La mala combinación entre falta de transparencia y la promoción sesgada y hasta disfrazada de bondades de los programas de desarrollo urbano sólo vuelve más turbia y sospechosa la urgencia que muestran por aprobarlos.
