Por Victoriano Martínez
Quienes tienen un cargo público, y más quienes los alcanzaron como puesto de elección popular, suelen tener un erróneo concepto de la transparencia en la administración pública porque creen que los debe proyectar como lo que en los hechos no tienen voluntad de ser: servidores públicos.
Un servidor público tiene obligaciones legales que cumplir de cara a la población, para lo que está obligado a disponer del erario con responsabilidad y con los límites que les marcan los artículos 134 de la Constitución General de la República y 135 de la Constitución Política del Estado.
En pocas palabras, el erario y los demás recursos públicos están para que le cumplan a la población con acciones concretas y específicas, y no para su servicio con seudo-eventos organizados sólo para su proyección personal y que en nada abonan al servicio que aseguran “otorgar”, como si no fuera su obligación hacerlo.
¿De qué sirve el inútil gasto de una segunda gira de las ayudas sociales, movilizar a los beneficiarios para rendirle culto a un gobernador que reparte tarjetas gigantes de adorno para simbolizar su papel de gran benefactor, cuando el presupuesto de 200 millones de pesos para ese programa no alcanza ni para el 3 por ciento de quienes tendrían que recibir el beneficio?
La única utilidad de ese desvío de recursos públicos es satisfacer la adicción inmoderada por el aplauso que va mucho más allá de erigirse como el Rey Grupero que organiza fiestas, ferias y festivales a diestra y siniestra para ocupar escenarios donde ser ovacionado.
Una adicción que, como a cualquiera que padece una, lo hace traicionar su propia palabra. “Ya no se les pedirá que vayan a algún lugar a recogerlas, van a llegar a su casita”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un video que transmitió el pasado 9 de noviembre. Hoy ya lleva 18 días de gira para entregar becas económicas a madres solteras y adultos mayores.
Un desvío de recursos públicos que denigra el cumplimiento de una obligación constitucional –los programas sociales lo son desde el 9 de mayo de 2020 cuando entró en vigor la reforma al artículo 4º constitucional que los incorporó como un derecho de todos los mexicanos– a un vil chantaje a los más necesitados para asumirse dadivoso con dinero ajeno.
Una gira de promoción personal anticonstitucional que deja expuesta al menos una doble violación al artículo 84 de la Ley de Transparencia desde que asumió el cargo: a la fracción XIV al no publicar la relación de sus viáticos, y a la fracción XX por n hacer pública la relación de beneficiarios de los programas sociales.
La Secretaría Particular del Gobernador reportó en septiembre viáticos por un millón 167 mil 329 pesos en la Plataforma Estatal de Transparencia. Todos los desplazamientos fueron realizados por funcionarios de la anterior administración estatal.
A partir de octubre, cada mes el gobierno de Gallardo Cardona simula cumplir con esa obligación con el mismo archivo PDF con estas 17 palabras: “En el periodo que se informa no se han tramitado gastos por concepto de viáticos y representación”. Con tantas giras, Gallardo Cardona asegura que no ha gastado un solo peso en ellas.
Una burla para el derecho de acceso a la información, con la violación legal incluida, con una reincidencia tan recurrente que exhibe la nulidad del órgano garante de ese derecho. ¿Cuántas tarjetas de “becas económicas” cuesta la gira para entregarlas?
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no sólo ha dejado de cumplir con la obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, sino también con exigir su cumplimiento y, en su caso, sancionarlo.
Ante la reincidencia, la CEGAIP está obligada por la ley a promover que el servidor público sea sancionado con destitución de su cargo, e inhabilitación para el ejercicio de otros puestos de servicio público hasta por 15 años.
Lejos de hacer valer los pocos dientes que tiene para garantizar el derecho de acceso a la información pública, David Menchaca Zúñiga, presidente de CEGAIP, para el caso del ocultamiento de contratos y licitaciones de obras o compras como la de las patrullas para la Guardia Civil, exhibe una vergonzosa condescendencia para justificar la opacidad de Gallardo Cardona.
Pronunciarse, como lo hizo el diputado José Luis Fernández Martínez, por que el Ejecutivo tiene la obligación de transparentar todas sus inversiones, tiene más un afán de aparentar convencimiento en el tema, cuando en su propio ámbito exhiben altos grados de opacidad que no han corregido, a pesar de que se los señaló su Consejo de Transparencia.
Más que giras y eventos públicos innecesarios, lo que se requiere es que los servidores públicos se ajusten a los artículos 134 y 135 de las constituciones federal y estatal respectivamente, y privilegien una nueva relación con la sociedad fincada en el derecho de acceso a la información pública, porque el servicio público deja de serlo cuando se omite la transparencia.
