Belén tenía 11 años cuando quedó embarazada después de ser violada por su padrastro.
Su caso causó conmoción en Chile hace un par de años, ya que ese país no le permitió abortar a pesar de una enorme campaña que realizaron organizaciones civiles preocupadas por la salud de la menor.
Hoy otra niña pasa por la misma experiencia que Belén, y su caso ha centrado nuevamente el interés de los activistas por los derechos humanos.
La pequeña vive en Paraguay y su nombre se mantiene en reserva para proteger su identidad. Pero se sabe que tiene apenas 10 años y que lleva un embarazo de cinco meses y medio.
El embarazo parece ser consecuencia del abuso reiterado de su padrastro, que hoy está detenido, al igual que su madre, acusada de no haberla protegido.
Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña para exigir a las autoridades paraguayas que le permitan abortar, un reclamo que es apoyado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos.
Pero a pesar del alto perfil que ha adquirido este caso y el de Belén antes, lo cierto es que sus historias no son situaciones excepcionales.
El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), una organización internacional dedicada a la defensa de estos derechos, dijo a BBC Mundo que hay cientos de casos de niñas embarazadas tras ser violadas en América Latina, pero no suelen tener difusión.
Se trata de un problema difícil de cuantificar. Primero, porque muchas de las familias no lo denuncian debido a que en general los casos de abusos se dan en el seno del propio grupo familiar.
En estos casos los bebés resultado de la violación suelen ser declarados “de padre desconocido”, según afirmaron a este medio quienes trabajan de cerca con las menores embarazadas.
Además, la mayoría de los gobiernos no lleva estadísticas sobre esa realidad, explicó a BBC Mundo Mónica Arango, directora para América Latina y el Caribe del CRR.
Niñas-madre
No obstante, sí existen algunos datos elocuentes que dan cuenta de la gravedad de la situación.
Uno de ellos es un informe de la ONU que señala que América Latina es la segunda región con más maternidad infantil después de África.
Organizaciones como el CRR atribuyen esto, entre otros factores, a los altos índices de violencia sexual.
“Por ley, cuando una niña menor de 14 años queda embarazada siempre se considera que se trató de un abuso”, explicó Arango.
Los expertos en salud que tratan con las “niñas-madre” confirman que la mayoría fueron violadas.
Así lo dijeron a BBC Mundo los médicos que tratan a la menor embarazada en Paraguay y el Colegio de Matronas de Chile, que denunció el caso de Belén en 2013.
Según esa institución, que participa en todos los nacimientos de niños en Chile, cada año unas 850 menores de 15 años dan a luz en ese país, la mayoría por casos de incesto.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Paraguay estimó que allí las menores embarazadas en 2014 fueron 680, algo que los médicos también atribuyen mayoritariamente al abuso sexual.
“Estamos acostumbrados a tratar niñas-madres”, confesó la médica Dolores Castellanos, responsable del equipo que atiende la salud de la pequeña de 10 años en el hospital Cruz Roja de Asunción.
Según el CRR estas cifras no son exclusivas de estos países sino que representan la realidad en la mayor parte de América Latina.
Sin embargo, el organismo destaca que mientras que en muchas naciones latinoamericanas a estas niñas se les permite abortar, por haber sido violadas, en otros no tienen ese derecho.
“Doblemente abusadas”
Organizaciones como el CRR, AI y la ONU denuncian que en países con legislación reproductiva más restrictiva, como Chile y Paraguay, las menores violadas son “doblemente abusadas” al ser obligadas a llevar a término un embarazo no deseado y riesgoso, debido a su corta edad.
“La decisión de las autoridades paraguayas ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña, así como su derecho a la educación, que ponen en peligro sus oportunidades socio-económicas”, advirtió el lunes un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
En Paraguay el aborto sólo es permitido en caso de riesgo de vida para la madre o el bebé, sin contemplar otras excepciones como la violación o el daño a la salud física o mental.
Las autoridades de salud paraguayas han determinado que la menor puede llevar a término su embarazo de manera segura, a pesar de que sólo pesa 34 kilos.
En tanto, en Chile la legislación es aún más restrictiva: es uno de los pocos países del mundo que no permite el aborto bajo ninguna condición, algo que podría cambiar si avanza el proyecto de ley propuesto por la presidenta, Michelle Bachelet, en enero de este año.
Riesgos
Quienes defienden la decisión de que las menores lleven a término sus embarazos sostienen que se trata de un proceso natural.
“Del momento que una mujer vive su primera regla, su primera menstruación, es porque su organismo ya está preparado para ser madre”, sostuvo el diputado conservador chileno Issa Kort cuando se generó la polémica por el caso de Belén en el país trasandino.
También la Sociedad Paraguaya de Ginecología se manifestó contraria a realizar un aborto en el caso que hoy causa controversia allí, debido al riesgo que podría suponer para la menor interrumpir el embarazo después de las 20 semanas de gestación.
Sin embargo, la ONU advierte que ser madre antes de los 16 años conlleva muchos peligros para la salud.
Según un informe que publicó el organismo en 2013, una niña que queda embarazada en los dos años posteriores a la menarquia (cuando ocurre la primera menstruación) o cuando su pelvis y canal de parto todavía están en crecimiento tiene más probabilidades de tener problemas de salud que una mujer mayor.
“En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de 16 años”, advirtió el panel de expertos de la ONU que se pronunció el lunes.
Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las complicaciones en el embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las adolescentes en países en vías de desarrollo.
En tanto, activistas como Mónica Arango destacan los riesgos para la salud mental que significa para una niña ser madre tras ser violada.
“Que una menor sea víctima de violencia sexual y luego se la obligue a pasar por un embarazo es equivalente a torturarla”, sentenció.
BBC México
