Alejandro Rubín de Celis
El aplazamiento para elegir al nuevo oficial mayor del Congreso del Estado es un elemento más que profundiza las diferencias al interior de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), en esta ocasión debido a que su líder, Edson Quintanar Sánchez decidió unilateralmente romper un acuerdo con sus compañeros y proponer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a su asesor, Guillermo Balderas Reyes, para ocupar ese puesto. También pone de manifiesto la imperiosa necesidad de buscar mecanismos democráticos para elegir a quienes ocupen los puestos más sensibles en el Poder Legislativo.
Antes de que se consumara la imposición en la Jucopo, se reunieron diputados de Morena ─partido al que por un acuerdo político le toca ocupar la Oficialía Mayor─ y del Partido del Trabajo (PT) para discutir sobre prospectos al cargo: La diputada Consuelo Carmona propuso a Jesús Palacios Chávez; Pedro Carrizales, el “Mijis”, a Bernardo Alberto Aguirre Chávez y Oscar David Reyes Medrano; y Edson Quintanar a Guillermo Balderas Reyes, personaje que además está ligado al diputado Cándido Ochoa Rojas. Pese a algunos cuestionamientos hacia ambos, acordaron impulsar a Bernardo Aguirre y a Jesús Palacios, pero Quintanar, sin avisar a sus compañeros, acabó por presentar únicamente su propuesta ante la Jucopo, órgano que designó a Balderas Reyes a falta de otros candidatos.
A causa de la traición, Pedro Carrizales sostuvo una acalorada discusión con su líder, y el descontento entre diputados de Morena y PT fue tal que se decidió posponer la votación en el pleno para el próximo 28 de marzo. Aunque Edson Quintanar afirma que la medida es para que los 27 diputados conozcan más a fondo el perfil de Guillermo Balderas y voten mejor informados, hay una versión entre diputados morenistas en el sentido de que buscan presentar una terna integrada por Erika María Isabel Rodríguez Carranza, el propio Guillermo Balderas Reyes y otro candidato que aún no se define.
Pero todo el vericueto que se ha dado desde antes de la destitución de Marcelina Oviedo como oficial mayor tiene que ver con un problema de origen: el reparto de cuotas de poder al interior del Congreso del Estado. Así fue que las principales fuerza políticas acordaron repartirse las carteras más importantes y tentadoras: Finanzas para el PAN, Contraloría Interna para el PRI y Oficialía Mayor para Morena. Ese reparto por cuotas de poder se ha dado desde legislaturas anteriores y ya hemos visto resultados, el más emblemático la Ecuación Corrupta, pero también en ésta legislatura con la buena disposición de Martha Elvia Zúñiga, coordinadora de Finanzas, para desaparecer en los laberintos contables del Congreso el aumento de 20 mil pesos a los asesores de los diputados.
En ese contexto, cobra especial relevancia la propuesta que hizo recientemente el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) a los diputados para que abran una convocatoria que permita a la ciudadanía presentar propuestas de candidatos que no tengan relación con los legisladores ni intereses particulares o partidistas al ocupar el puesto, sino que atiendan genuinamente al interés público.
Los diputados están a tiempo de abrir una convocatoria amplia mediante la cual la sociedad civil pueda hacer propuestas con perfiles idóneos que garanticen un uso racional del presupuesto legislativo y que eviten actos de corrupción.
No importa tanto que se tarden una o dos semanas más, o incluso más tiempo, con el apoyo de académicos, organizaciones civiles, activistas y ciudadanos ─verdaderamente preocupados por el tema y comprometidos socialmente─, los diputados pueden diseñar una convocatoria exigente en términos técnicos y de experiencia administrativa para los candidatos, pero que también cubran el requisito de ser gente independiente del poder, de probada integridad y honestidad, y con reconocimiento por lo menos por alguna labor importante en favor de la comunidad.
Es posible construir una convocatoria con los candados necesarios para que a la Oficialía Mayor llegue una persona independiente, capaz, experimentada, honesta y con el temple necesario para no dejarse amedrentar y prestarse a malos manejos.
Si de veras los diputados quieren mejorar su imagen y demostrar que ahora sí están dispuestos a hacer las cosas de manera diferente, probar que no persiguen intereses particulares o de grupo, y que están a favor de los ciudadanos y sus causas, deben tomar en sus manos la propuesta del FCA y trabajar en la construcción de una buena convocatoria ciudadana.
Hacerlo con auténtica voluntad política puede ser el principio de un proceso más amplio y profundo para pensar y encontrar nuevas formas y mecanismos, realmente democráticos, para elegir a las personas que ocupen esos espacios tan sensibles en el manejo y cuidado de los recursos públicos, como son las áreas de Finanzas, Contraloría Interna y Oficialía Mayor.
Lo ideal sería llegar a ciudadanizar esos importantes espacios de toma de decisiones.
