Por Victoriano Martínez
¿Hasta dónde la revisión de las cuentas públicas se ha convertido en una intervención del órgano de fiscalización ante los entes públicos para finalmente hacer cuadrar ingresos y egresos, antes que sancionar a quienes incurrieron en irregularidades, para quienes se abren largos procesos de aclaración?
En la auditoría de cumplimiento forense 2023-D-24028-23-1796-2024 que le aplicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Ayuntamiento de San Luis Potosí se reporta en el apartado Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar que 125 millones 57 mil 375.98 pesos están pendientes de aclaración.
Por sí sola, esa cifra no resulta un asunto menor por tratarse de una cantidad sobre la que pesa alguna evidencia de aplicación irregular, por lo que el hecho de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos la minimice con la afirmación de que se trata de que representa un 2.8 por ciento del presupuesto ejercido el año pasado resulta inaceptable.
“Si del techo total del ejercicio que tuve (cuatro mil 500 millones de pesos), el porcentaje es menor a tres, yo creo que habla también de que se ejerció bien”, aseguró Galindo Ceballos cuando se conoció el dato sobre las irregularidades detectadas por la ASF.
Con esa lógica aplicada por el alcalde, ¿existe un porcentaje que debe ser tolerado para cometer irregularidades, sean aplicaciones erróneas, desvíos o hasta apropiación de recursos públicos? ¿Será esa la motivación para buscar siempre un cargo de mayor envergadura porque a mayor presupuesto mayor monto de recursos que se pueden aplicar de manera irregular?
Se trata de los recursos aplicados durante el ejercicio fiscal correspondiente al 2023. Es decir, a más de un año tres meses de haber incurrido en las irregularidades, Galindo Ceballos aún prevé tiempo para poder aclarar el destino de esos recursos.
“No puedo adelantar juicios sobre algo que no está definitivamente fincado. Hasta el momento, no he sido notificado y, en caso de serlo, tendré 60 días hábiles para responder”, señaló como si se tratara de un mero trámite del que todo mundo sale bien librado.
Y tan seguro está de que saldrá bien librado, que le resulta fácil jactarse de realizar una gestión con total transparencia. “Si alguien quiere información, se la entrego directamente, sin necesidad de solicitarla por transparencia”, aseguró.
La expresión de jactancia se da, además, a propósito del señalamiento de posibles actos de corrupción denunciados por la organización Ciudadanos Observando relacionadas con el uso de vehículos oficiales del ayuntamiento.
No obstante, la transparencia no se auto proclama, se aplica. Y ya que se habla de la Cuenta Pública 2023, como es un acto de rendición de cuentas por excelencia, Galindo Ceballos difícilmente puede acreditar que en ese punto ha sido transparente.
Desde que inició el actual sexenio, la Auditoría Superior del Estado y ahora Instituto Estatal de Fiscalización Superior y el Congreso del Estado, violan la fracción XVII del artículo 86 de la Ley de Transparencia, porque dejaron de publicar las cuentas públicas de los entes fiscalizables.
Pero, además, el transparente Galindo Ceballos tampoco ha publicado sus tres cuentas públicas de su primer trienio que, al ser informes que se generan por disposición legal, debería haber difundido de oficio en acatamiento a la fracción XXXV del artículo 84 de la Ley de Transparencia.
¿Cómo creerle que “si alguien quiere información, se la entrego directamente, sin necesidad de solicitarla por transparencia” si a pesar de que la Ley de Transparencia se lo ordena no publica los informes de Cuenta Pública?
Rendir cuentas es aplicar el principio de máxima publicidad establecido en la Ley, y no sólo afirmar que si hay observaciones sobre presuntas irregularidades se aclararán y que si alguien le pide información la entrega sin necesidad de una solicitud formal.
Si efectivamente es transparente como afirma, ahora que entregue su Cuenta Pública 2024 este 15 de marzo es de esperarse que la publique ese mismo día en el sitio Web oficial del ayuntamiento, o a más tardar el 10 de abril como cumplimiento a la Ley de Transparencia. ¿O acaso por cuarta vez no pasará esa prueba de transparencia?
