Por Victoriano Martínez
De un tiempo a la fecha, dos entes responsables de vigilar y evaluar el acatamiento de la Ley de Transparencia han aprovechado el nivel de incumplimiento de la difusión de oficio de información pública por parte de los ayuntamientos para proyectarse muy estrictos, pero a la vez para dar la impresión de que el resto de los sujetos obligados cumplen.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, en distintos momentos, han acusado a los ayuntamientos de ser los más incumplidos sobre las obligaciones de transparencia.
La CEGAIP reporta en su Almanaque de Estadísticas Globales, que la Plataforma Estatal de Transparencia presenta de manera automática, mes con mes, el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de ocho grupos de sujetos obligados.
Los grupos son Ayuntamientos, Organismos autónomos, Organismos descentralizados, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Partidos políticos y Sindicatos.
De los ocho grupos, el que registra mayor cumplimiento es el Poder Judicial con porcentajes que superan el 100 por ciento, lo que significa que sube duplicados algunos de los formatos, y le sigue el Poder Legislativo como porcentajes superiores al 90 por ciento.
Se trata de un porcentaje sobre el número de formatos que deben publicar, lo que es muy distinto a que efectivamente contengan la información. En una proporción muy alta, la calidad de la información contenida en los formatos constituye una simulación, una maniobra para la opacidad.
Los organismos descentralizados y los sindicatos son los que registran los menores porcentajes de cumplimiento de la difusión de oficio de su información, pero parece que señalar esa situación no les reditúa en su proyección como buenos vigilantes a la CEGAIP y a la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado.
Los alcaldes, los alcaldes, los alcaldes… esos personajes irresponsables resultan el blanco más recurrido para descargar responsabilidades, y en el tema de transparencia no es la excepción.
Es caso es que descargar sobre los ayuntamientos los señalamientos de opacidad es una forma de ocultar lo que ocurre en general en todos los entes obligados y se disimula la forma en que, de un tiempo a la fecha, la transparencia en el Estado va en una franca decadencia, de la que las alcaldías no nos ajenas y, sí, su caída es mayor.
De acuerdo con el Almanaque de Estadísticas Globales de la Plataforma Estatal de Transparencia, en enero de 2022 la totalidad de los sujetos obligados registró un cumplimiento en la difusión de oficio de información pública del 81.71 por ciento. Para el pasado mes de marzo, ese cumplimiento cayó al 66.25 por ciento.
En términos cuantitativos, una de cada tres obligaciones de transparencia se encuentra en la opacidad. ¿En qué proporción de las dos que sí se cumplen los formatos publicados se encuentran vacíos o la información que presentan no corresponde a la que deben publicar? Un nivel de opacidad como nunca se había tenido.
En el caso de los ayuntamientos, en enero de 2022 su cumplimiento era del 80.75 por ciento. El mes de marzo pasado fue del 56.85 por ciento. Una caída del 23.9 por ciento que justifica que se les señale, pero no lo suficiente para que no se mencione, y en consecuencia se minimice, la caída del 15.46 por ciento en el panorama global de la difusión de oficio.
La Comisión de Transparencia del Congreso del Estado y especialmente la CEGAIP exhiben un alto grado de irresponsabilidad para con su obligación como garantes del derecho de acceso a la información pública en tanto evaden asumir públicamente una cruzada para exhibir y presionar para revertir esa decadencia general en transparencia, y la limitan a lo que consideran el patito feo.
