Por Victoriano Martínez
Una característica personal del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es la facilidad y la frecuencia con la que proporciona información sobredimensionada con clara intención de impresionar a la ciudadanía, lo que se agrava cuando su séquito, especialmente de la Coordinación General de Comunicación Social, lejos de hacer aclaraciones lo respalda.
Una situación de desinformación desde la autoridad estatal que no para ahí: la forma en que se respalda la desinformación que provoca el mandatario incluye burlar el derecho de acceso a la información pública con un operativo equiparable al que se conoció como “ratón loco” durante las elecciones fraudulentas en los mejores tiempos del PRI.
A principios de julio, a través de un comunicado, el gobierno del Estado afirmó que esperaban una asistencia de ocho millones de visitantes a la Fenapo 2024, tres millones más que los que asistieron a la edición 2023. Un comunicado en la línea de exagerar resultados por inverosímiles que resulten.
“San Luis Potosí tiene la mejor Feria de México y este 2024 recibimos a más de 18 millones de personas. ¡Vamos por un 2025 con muchas más sorpresas! ¿Qué artistas les gustaría ver en la próxima edición?”, posteó Gallardo Cardona en su cuenta de Facebook el 27 de septiembre.
Una afirmación respaldada con un video cuya producción debió estar a cardo de la Coordinación de Comunicación Social, es decir, la exageración y la desinformación como parte de las políticas y acciones de gobierno. Así en el caso de la propaganda.
En cuanto a la “operación ratón loco” para desalentar el derecho de acceso a la información pública va un caso como ejemplo:
El 22 de septiembre, en una entrevista con Pulso al Aire, Gallardo Cardona aseguró que Mónica Rangel Martínez reintegró 150 millones de pesos al gobierno estatal como reparación del daño para ser liberada en mayo de 2022, y no los más de 22 millones de pesos sobre los que se informó en aquel momento.
Los casi 128 millones de pesos adicionales despertaron la curiosidad de más de uno. Entre ellos, José Guadalupe González Covarrubias, líder de Ciudadanos Observando, quien –tras obtener la sentencia que liberó a Rangel Martínez– solicitó a la Secretaría Particular del Gobernador los detalles sobre esa devolución adicional.
Como respuesta a la solicitud de información con folio 240470624000075, la Secretaría Particular se declaró incompetente y lo remitió a la Secretaría de Finanzas. Ésta, como respuesta a la solicitud 240470524000235, también declaró incompetencia y lo remitió a los Servicios de Salud en el Estado.
El pasado 18 de diciembre, los Servicios de Salud en el Estado también argumentaron incompetencia: “Hago de su conocimiento que estos Servicios de Salud no son competentes para proporcionar la información solicitada. En ese sentido, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), es el competente para atender dicho requerimiento”.
La única certeza documental sobre la reparación aparece en la sentencia del 20 de mayo de 2022 a las 11:06 horas en la que se le condena a Rangel Martínez al pago de una multa por 63 mil 367.50 pesos y…
“…se le condena también al pago de la REPARACIÓN DEL DAÑO por el monto que fue precisada parte de la fiscalía, en la inteligencia que en esta audiencia se ha puesto de relieve y se ha informado que la misma ya fue cubierta”.
Ese monto precisado fue de 22 millones 042 mil 365.23 pesos. ¿Por qué tendría que haber entregado 127 millones 957 mil 634.80 pesos más por fuera de la sentencia?
Hasta el momento no existe una explicación lógica y, mucho menos, una justificación documental.
Lo que sí queda muy claro es la confabulación institucional, expresada en una “operación ratón loco en transparencia”, que se ha repetido en casos como los costos de los artistas en la Fenapo, de casos emblemáticos como la restauración de los parques Tangamanga, la compra patrullas, etc.
Si cualquier persona para mentir requiere buena memoria, para que un gobernador mienta requiere todo un aparato burocrático que lo encubra… en perjuicio del derecho de acceso a la información pública.
