Por Victoriano Martínez
En la ruta hacia la nueva normalidad marcada por la pandemia Covid-19 hay otra serie de normalidades que, de tiempo atrás, se encontraban pendientes en distintos ámbitos, como el universitario, donde tiene que dejar de ser normal que haya catedráticos que cometan acoso y abuso sexual… o le falten al respeto a los integrantes de la comunidad universitaria.
El caso de la profesora Elvia Castañón, de la Facultad de Derecho, al ofender a uno de sus estudiantes, Rafael Morales, por las condiciones en las que se ve obligado a tomar sus clases a distancia se encuentra entre los primeros que debe enfrentar la nueva Rectoría, que no ha sido tan demandada en este tipo de temas por la propia contingencia del Covid-19.
La reacción marcó una diferencia con el anterior rectorado. De entrada, la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) abrió una investigación de oficio, las autoridades tomaron cartas en el asunto y, antes de las 24 horas de que se hizo pública la queja difundida en redes sociales, la catedrática emitió un video con una disculpa pública al estudiante afectado.
¿Caso cerrado? No. Todo lo contrario, y así queda expuesto en el comunicado DDU-4/2020 de la Defensoría de los Derechos Universitarios:
“Se hace un llamado a todas las académicas y académicos de la institución, a ser sensibles a las condiciones de vulnerabilidad y condiciones específicas de cada una de las alumnas y alumnos, que en muchos de los casos se agudizan ante las condiciones de distanciamiento social, solicitándoles su mayor comprensión y flexibilidad para cumplir con calidad nuestra actividad docente, en un marco de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos”.
Una postura que muestra que, aun en las nuevas circunstancias en las que se da la relación entre maestros y alumnos, el campo se mantiene abierto para actitudes que, por mucho que pudieran parecer normales por frecuentes, no lo son.
La indignación manifestada en redes sociales contra la profesora Elvia Castañón va mucho más allá del caso particular. Abre el panorama de situaciones que tendrán que ser identificadas con fines preventivos, pero también para contar con capacidad de reacción cuando se presenten.
La DDU establece en el primer punto de su comunicado como falta grave conforme a la normatividad universitaria “la realización de actos contrarios a la moral, a la integridad física y al respeto debido a todos los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general”.
Sin mencionarlo, la DDU hace referencia a la fracción III del artículo 110 del Estatuto Orgánico de la UASLP, que cierra con un párrafo que señala: De las conductas previstas en este precepto conocerá el Consejo Directivo.
Tras el apercibimiento hecho por la DDU a la catedrática y la disculpa por ésta ofreció, la DDU tendrá que presentar las conclusiones de la investigación de oficio que abrió para el caso, determinar si encuadra o no en la fracción III del Estatuto Orgánico de la UASLP y si resulta procedente que el Consejo Directivo conozca del caso.
No agotar todo el procedimiento hasta que sea la instancia estatutaria la que defina la sanción que proceda, de las previstas en el artículo 114 del estatuto (amonestación, suspensión, remoción o destitución, según la gravedad), volvería limitada la diferencia en la reacción a la que había en rectorados anteriores, y limitaría el efecto correctivo de las consecuencias sobre ese tipo de actos.
No hay duda, se trata de la ruta hacia la nueva normalidad que ofreció como candidato a rector Alejandro Zermeño Guerra para la vida universitaria aún antes de que se hablara de la nueva normalidad tras la contingencia sanitaria.
En cada caso que se presente, esa nueva normalidad estará a prueba. Por eso el de la profesora Elvia Castañón no es un caso cerrado, sino que es el que abre los alcances del nuevo expediente de las relaciones entre los universitarios, y de éstos con la comunidad.
