Estela Ambriz Delgado
Los nombres de los alumnos fueron modificados para salvaguardar su integridad.
La licenciatura en Medicina que oferta la Universidad Potosina, ubicada en la avenida Venustiano Carranza, carece de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que los estudiantes de la misma no podrán obtener un título y una cédula profesional necesarios para ejercer la profesión, además de que han llevado un programa de estudios deficiente, improvisado y carente de prácticas clínicas, según denunciaron a este medio.
Aparentemente existen dos planteles de la Universidad Potosina: uno ubicado en Carranza y otro en Constitución 805, en el Barrio de San Sebastián.
Al pedir informes, en el primero afirman ser un campus dedicado a la salud con carreras como Medicina, Psicología y Odontología. Sin embargo, en el segundo, que cuenta con carreras del área de humanidades, niegan tener otro plantel ni la carrera de Licenciado en Medicina, por lo menos desde hace 10 años, pues dicen que fue una de las que se impartía cuando inició la casa de estudios, hace aproximadamente 20 años.
Asimismo, en la institución de Carranza aseguran contar con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en sus carreras, pero al pedirles el dato para poder corroborarlo, concretamente en el caso de Medicina, aunque sí proporcionan un número, argumentan que aún no se encuentra en plataformas digitales, ya que la primera generación aún está por egresar, pero afirman que se puede corroborar por teléfono en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).
Sin embargo, ninguna de las licenciaturas que ofrece: Médico General, Gastronomía, Estomatología y Psicología, cuentan con RVOE, de acuerdo con un listado proporcionado por la SEP, en el que solamente aparecen las carreras que oferta la Universidad Potosina ubicada en Constitución.
Respecto a la SEGE, al tratar de confirmar vía telefónica la validez de la licenciatura, como lo sugirieron en la institución, afirman que sí la tiene, no obstante, dijeron desconocer el número de RVOE, además de que dicen no tener conocimiento de si se trata de la misma universidad que la ubicada en Constitución.
Sin embargo, al consultar en la página de la secretaría sobre las instituciones con RVOE, se accede al documento “Opciones de Educación Superior en el Estado de San Luis Potosí”, correspondiente al ciclo escolar 2023-2024, emitido por SEGE y la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado (COEPES), no aparece la Universidad Potosina plantel Carranza, y en el mismo una nota advierte:
“Las Instituciones de Educación Superior y Carreras, no incluidas en esta publicación, NO han concluido los trámites para su incorporación y registro ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y ante la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), el NO contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), equivale a que los estudios ofertados y/o realizados no tienen la validez oficial y por lo tanto no podrán contar con su certificado de estudios, título y cédula profesional”.
Luego de la llamada telefónica, a fin de hacer una doble verificación del estatus en que se encuentra la institución dentro del sistema de la SEGE, este medio solicitó una entrevista en la dependencia o bien que se informara por escrito al respecto, sin embargo, al día de hoy, siete días después, no han emitido una respuesta.
En el caso contrario, la UP de Constitución sí aparece en el documento emitido por SEGE y la COEPES, tanto en el listado de carreras como al final en el directorio de instituciones de educación superior en la capital y Soledad de Graciano Sánchez, además de que al pedir informes en la misma sobre si sus licenciaturas cuentan con RVOE, su personal refirió que en la página de la SEP estos podían verificarse, lo que así fue.
El rector de la ubicada en Carranza es José Arturo Segoviano García, quien fue candidato independiente a la gubernatura del estado, y hasta enero de 2022 fue titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.
La denuncia de los estudiantes
Estudiantes preocupados por la situación irregular de la Universidad, narraron a Astrolabio Diario Digital que su proceso de admisión fue realizado en el año 2020 en las instalaciones ubicadas en Ignacio Comonfort y avenida Constitución, en donde les mencionaron que se haría una ampliación y por ello en próximos días cambiarían de sede, sin embargo, al llegar la pandemia por el virus covid-19 únicamente tuvieron clases en línea, por lo que en ningún momento accedieron a un aula.
Como lo relata Paulina Martínez, al retomar las clases presenciales les dieron la indicación de que serían en las instalaciones de Carranza, por lo que de acuerdo a lo que les habían dicho al inscribirse, pensaron que sólo se trataba de un cambio de campus por la ampliación para los alumnos del área de la salud.
Sin embargo, con el paso de los semestres notaron diversas irregularidades, como cambios en el plan de estudios, reducción de los tiempos para cursar las materias, así como falta de prácticas clínicas, cuando a su ingreso se les había asegurado que tenían convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), e instituciones privadas como el Hospital de la Salud, Hospital Lomas y la Beneficencia Española.
Además, la incertidumbre de los estudiantes crece, pues en las instalaciones de la Universidad Potosina en Constitución les dicen que no tienen nada que ver con ese plantel, cuando ahí mismo realizaron su proceso de admisión, así como un examen, les dieron su carta de aceptación y ahí tuvieron también la ceremonia de introducción a la universidad.
“Todos los procesos de admisión, los pagos, nuestros papeles de preparatoria y validación de otros niveles académicos, los llevamos a las instalaciones de Constitución, por lo tanto ellos deben hacerse responsables de nuestros papeles como tal, porque a algunos compañeros se los llegaron a extraviar”.
Complicidad de los médicos docentes y una coordinación ajena al área de salud
Por otra parte, el estudiante Ignacio Rodríguez informó que los doctores que les han impartido clases tienen conocimiento de que la universidad se encuentra en una situación irregular, pues los han llevado a hospitales, pero les piden que no digan de qué universidad van y que no porten ningún logotipo de la misma, y pese a ello continúan beneficiándose de los recursos que reciben no sólo por su salario, sino por también por el recursamiento de materias.
“No tenemos ningún tipo de legalidad porque doctores nos llegaron a invitar al Mar Charbel, UGO, y nos dicen que no conocen la universidad (…) todos los demás llegan a tener un doctor encargado en el control de guardias y nosotros no, y siempre los doctores nos dicen: nada más no digan que son de la Universidad Potosina, y no podemos portar el uniforme de la institución, ni traer el logo, nos piden totalmente de blanco”.
Su compañero Ulises López explicó que la forma en que ingresan a los hospitales es a través de los doctores que les imparten clases y son conocidos en distintos nosocomios, por lo que pasan como externos, ni siquiera como practicantes, y solamente les indican quién es el encargado de turno con quien deben dirigirse.
Entre los médicos que los han llevado mencionó al neonatólogo pediatra José Francisco García de Luna, quien los llevó a hacer guardias a la Beneficencia Española; el neurocirujano Juan Carlos Chalita Williams; el ginecólogo Manuel González Palomera; Gibrán Alejandro del Sol Revuelta; Gerardo Alvarado Contreras; Iván René Bear Sandoval e Ixchelt Cuaranta Monroy.
“El doctor Manuel González Palomera, ginecólogo, nos llegó a invitar al Hospital del Niño y la Mujer, en el cual muy claramente nos llegó a decir que no dijéramos de qué universidad íbamos, también que no firmáramos nada (…) obviamente no se quedó él, nada más nos presentó y se fue, y nosotros nos quedamos solos con varios internos ahí en labor de parto, lo cual tampoco llegamos a tener ningún tipo de práctica”.
Asimismo, el estudiante señaló que la coordinadora Patricia E. Rodríguez Robledo no tiene carrera afín al área de la salud, siendo que para dirigir la carrera de medicina, por lo menos se debe tener noción en el área, además de que la misma persona también está a cargo de Odontología, Psicología y además de preparatoria.
De igual manera en el caso de los internados, idealmente deben ser dirigidos por un médico que esté dentro del hospital, junto con sus internos, para solventarles dudas y aclarar cualquier tipo de situación, así como explicarle al practicante para que no cometa un error, lo que no sucede dado que la coordinadora no es médico y no está en las instalaciones.
Ulises explicó que el riesgo que corren en los internados al no tener una asesoría como tal, es que al ejercer una carrera del área de la salud, en la que se manipula a un paciente, se tiene la responsabilidad de lo que le llegue a suceder al mismo, por lo que se puede inclusive llegar a la cárcel por una mala praxis.
Una llamada de auxilio
De acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Salud, título cuarto capítulo 1, para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, entre otras de la materia, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización, hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, por lo que es necesario obtenerlo.
La licenciatura tiene una duración de cinco años, periodo en el que se paga una inscripción semestral de 8 mil 800 pesos, una mensualidad de 8 mil 500 y un uniforme de mil 850, lo que en suma son casi 600 mil pesos.
Es por ello que ante el tiempo y dinero invertido hasta ahora, los estudiantes esperan que la SEP y el Gobierno del Estado puedan apoyarles, pues ya están a pocos meses de terminar la carrera, misma a la que ellos se inscribieron creyendo que realmente sí tenía validez oficial, pues así lo promociona la institución, es decir, fueron engañados, y la razón por la que siguen ahí pese a las irregularidades, es por la esperanza de recibir finalmente un título profesional.
En la página de la SEP se indica que las instituciones educativas que no cuenten con la validez deberán mencionar en su publicidad su calidad de “estudios no incorporados”, y en los casos en que los estudiantes acrediten que fueron objeto de un engaño, la dependencia puede tomar medidas, dentro del marco legal, para que resulten lo menos afectados en su trayectoria académica.
