Por Victoriano Martínez
Otorgar protección a la Sierra de San Miguelito significó, necesariamente, el establecimiento de mecanismos para defenderla de cualquier intento de depredación ecológica, especialmente la que tiene que ver con la voracidad de desarrolladores inmobiliarios.
Una voracidad que no sólo se traduce en acoso a las propiedades ejidales y comunales dentro del polígono del Área Natural Protegida con artimañas para despojarlos de sus tierras, sino que se llega a extremos en los que se construyen escrituras hechizas, en una especie de paracaidismo de cuello blanco.
Un acoso inmobiliario contra la propiedad ejidal y comunal que ha provocado que los habitantes de las comunidades blanco de esos ataques trabajen en la organización de un frente amplio en defensa de su territorio.
Si bien los intentos depredadores al sur de la ciudad han resultado más visibles por sus monumentales desarrollos inmobiliarios que incluyen estrategias que incluso pretenden la anulación del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, del lado de Mexquitic de Carmona el acoso podría –por sus dimensiones– ser considerado hormiga, pero igualmente dañino.
Los desarrollos inmobiliarios Fuerte Ventura, Forja Real y Ojaranza dentro del Ejido San Marcos Carmona…
Urbanizadora Campo Bravo SA de CV, Rancho La Ciénega, Martha Elena Diez Gutiérrez Navarro, Francisco de la Rosa Carpizo, Rancho El Rincón del Coyote, Paulino Nájera Aguilar, una invasión en parte de la zona urbana del Ejido Guadalupe Victoria junto a San José de Buenavista…
Son los nombres que los ejidatarios de esa región de Mexquitic de Carmona reconocen como de los personajes y de los proyectos que buscan fraccionar su territorio, desde la construcción de áreas residenciales hasta parques industriales.
De por sí el despojo irregular de sus tierras ya constituye un serio agravio en contra de sus derechos comunales y ejidales. La acción de los depredadores inmobiliarios en algunos de los casos, al menos unas mil hectáreas, presentan una agravante adicional: invaden la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida.
En cuanto al despojo irregular de las tierras, las autoridades agrarias del país están obligadas a garantizar la seguridad de la tenencia de ejidatarios y comuneros, en tanto que las autoridades estatales deben evitar la criminalización de la defensa del territorio, como ya se ha dado en esa zona de Mexquitic de Carmona.
“Estamos hablando de un derecho colectivo y un bien colectivo porque esta ANP de la Sierra de San Miguelito lo que tiene son las principales zonas de recarga de agua en la parte alta de la capital del estado”, dijo María Luisa Albores González, titular de SEMARNAT, luego de conocer el audio de la reunión empresarios-comuneros en la que acordaban una estrategia para anular el decreto.
En esa ocasión, la funcionaria federal explicó que en la defensa de la Sierra de San Miguelito están involucrados los abogados de la SEMARNAT y los de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Una defensa que, se entiende, no puede limitarse a los embates de proyectos de gran magnitud como el de Las Cañadas, con casi dos mil hectáreas, sino también de proyectos más modestos, pero que juntos, según denuncian los ejidatarios de Guadalupe Victoria, acumulan unas mil hectáreas sólo en ese Ejido.
La declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito cada vez más requiere de mecanismos de defensa que dejan ver la urgencia por que ya se defina el Plan de Manejo, se le dé amplia difusión y, sobre todo, que ponga límites a las ambiciosas intenciones depredadoras de desarrolladores inmobiliarios.
