Por Victoriano Martínez
Tras el hallazgo de la sentencia en contra del decreto que protege a la Sierra de San Miguelito, del que los Guardianes de la Sierra sólo lograron obtener una imagen de la página con el resolutivo que motivó que lanzaran la alerta, el documento completo de la resolución se volvió ilocalizable.
En la búsqueda, de entrada, se descartó que la sentencia corresponda al expediente 924/2021, iniciado por las autoridades ejidales de Estancia de Calderón que, coincidentemente, también obtuvo una sentencia contra otra Área Natural Protegida, la del Parque Nacional Gogorrón, donde también hay un embate inmobiliario contra la protección ambiental.
Un rastreo exhaustivo realizado por un equipo de los Guardianes de la Sierra entre los expedientes y listas de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito finalmente localizó que la sentencia corresponde al expediente 10/2022, que no fue tramitado por el Ejido Estancia de Calderón, sino por una propietaria de un predio dentro del Área Natural Protegida, Lourdes Beas Chávez.
No obstante, ni desde la lista de acuerdo ni desde la consulta del expediente se pudo lograr obtener el texto completo de la sentencia, y sólo en el apartado de “captura de información” en el expediente al describir la sentencia se confirmó la resolución de la hoja suelta con un dato adicional sobre los efectos:
“…deje sin efectos el “Decreto Presidencial de fecha 10 de diciembre de 2021, por el que se declara área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la zona conocida como Sierra de San Miguelito, ubicada en los Municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Mexquitic de Carmona pertenecientes al Estado de San Luis Potosí, decreto que es publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de diciembre de 2021”, únicamente en la parte que involucra a la quejosa”.
Aunque se limitan los efectos a “la parte que involucra a la quejosa”, de acuerdo con la valoración jurídica de los Guardianes de la Sierra se abre un hoyo al decreto de la ANP Sierra de San Miguelito que lo pone en riesgo, sobre todo porque detectaron al menos otros 30 juicios de amparo con las mismas características, que están por crear un efecto dominó que tumbaría el decreto.
Uno de los abogados de Guardianes de la Sierra considera la sentencia como un precedente muy peligroso, no sólo por los demás juicios de propietarios particulares con las mismas características, sino porque ejidos y comunidades podrían ser motivados nuevamente a presentar nuevos amparos con estas características, lo que agrava la amenaza contra la ANP.
El juicio de amparo 10/2022 señala como autoridad responsable, además de la Presidencia de la República y otras autoridades federales, al gobernador del Estado, contra quien en la sentencia se decreta el sobreseimiento.
Se trata de un trato diferenciado que vuelve aún más importante conocer a detalle la sentencia que ya tendría que estar publicada en el expediente digital en el sitio Web del Consejo de la Judicatura Federal, pues daría oportunidad de conocer qué tan comprometido estuvo el ejecutivo estatal en la defensa de la integridad del decreto, o de alguna manera se deslindó.
El ocultamiento de la sentencia, que ya debería de estar publicada, abre un amplio espacio a la especulación que ha puesto en alerta, además de a los Guardianes de la Sierra, a las autoridades federales involucradas, que ayer mismo iniciaron indagaciones y tuvieron reuniones virtuales con integrantes de Guardianes de la Sierra.
Un ocultamiento de la sentencia que deja la presunción de que existieron operaciones orquestadas entre empresarios inmobiliarios y autoridades estatales que dieron pie a maniobras dentro del Poder Judicial Federal para dificultar el seguimiento al expediente 10/2022 del Juzgado Primero de Distrito, cuya sentencia no había sido publicada hasta esta madrugada.
En la comunicación de los Guardianes de la Sierra con las instancias federales involucradas durante este miércoles hubo una constante: “Esta (sentencia) es una advertencia para que con mayor razón (el presidente Andrés Manuel López Obrador) declare el área natural como una zona de seguridad nacional”.
