Por Victoriano Martínez
Son 27 los aspirantes a ocupar alguna de las vacantes que se abrirán en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) al terminar este mes y, por el perfil de la mayoría de los candidatos, la expectativa para las entrevistas que les harán los diputados será ver cómo acreditan que romperán la inercia de decadencia de ese organismo.
En mayo-junio de 2008 se dio el primer proceso de selección de un comisionado para la CEGAIP con las características que se mantienen hasta hoy: a convocatoria del Congreso del Estado se registran los aspirantes que, entre la documentación requerida, presentan una exposición de motivos y un proyecto de trabajo.
En aquel año hubo 45 participantes y, aunque hubo aspirantes con perfiles que se acercaban al deseado para un cargo como ese, con proyectos que se apegaban a las mejores prácticas, el procedimiento se inauguró con la selección de quien contaba con el visto bueno desde el Palacio de Gobierno.
Desde mucho antes de que la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado seleccionara a María de la Luz Islas Moreno como comisionada y en el mismo acto, avalado por el Pleno, presidenta de la CEGAIP, ya se hablaba en distintos medios sobre su arribo a ese puesto.
Sin embargo, la carga de ese antecedente marcó en parte la actitud que, al frente del organismo, adoptó Islas Moreno para mostrar su compromiso con la transparencia.
Un acto en ese sentido fue cuando, a principios de 2010, abrió una investigación de oficio ante un acuerdo de reserva de la Secretaría Técnica del Gabinete para ocultar todas las actas de las reuniones de gabinete del sexenio de Marcelo de los Santos: Ordenó la publicación de todas las actas y aplicó multas a los firmantes de aquel acuerdo.
Aquel fue el último chispazo de la CEGAIP a favor del derecho de acceso a la información pública y con Alejandro Serment Gómez al frente del organismo se dieron retrocesos, al grado de mutilar INFOMEX, el sistema remoto para tramitar solicitudes de información y se intentó limitar el número de solicitudes por persona.
En 14 años, la decadencia de la CEGAIP como garante del derecho de acceso a la información pública ha ido en declive, de lo que en este espacio se ha dado cuenta sobre la forma en que los comisionados que la han integrado se han convertido más en garantes de opacidad que en promotores de una administración pública transparente.
Si se trata de cuidar que los entes obligados publiquen la información que la ley les obliga a difundir de oficio, sus propias estadísticas muestran que cada vez publican menos. Si se trata de la atención a las solicitudes de información, cada vez responden menos o lo hacen sin entregar la información requerida.
Lo peor: si se trata de ver cómo la CEGAIP favorece a los solicitantes que presentan recursos de revisión por no haber recibido la información que pidieron, es tres veces más posible que le den la razón a los funcionarios que la ocultaron.
Cada vez que se renueva e incorpora un nuevo comisionado a la CEGAIP, lejos de evolucionar a un organismo con un mayor compromiso con hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, es tal la degradación que lo que se aprecia es que privilegian sus ingresos personales y el uso de los recursos públicos para hacer turismo de transparencia.
Los actuales tres comisionados en funciones, por ejemplo, se han costeado con recursos públicos hasta viajes internacionales a Guatemala y, según reveló un funcionario del organismo, recientemente a Colombia, con el pretexto de congresos relacionados con transparencia y protección de datos personales.
El dato sobre su viaje a Colombia no ha podido ser confirmado documentalmente porque, como cualquier dependencia con vocación de opacidad, la CEGAIP aún no completa la publicación de la información que debe ser difundida de oficio.
El hecho es que, muy lejos de atender las funciones a las que los obliga la Ley de Transparencia, los comisionados se han caracterizado por aprovechar los recursos de la CEGAIP para todo, menos para lo que tienen obligación de cumplir.
Tanta es la manga ancha con la que cuentan que, aunque el Congreso del Estado tiene claro ese incumplimiento de la Ley y muchas violaciones en las que han incurrido, no toma ninguna medida y lo pasan con total impunidad. Una situación que los hoy 27 aspirantes a ese cargo conocen bien.
Y lo conocen porque entre los 27 hay 19 que han ocupado cargos públicos remunerados: cinco en unidades de transparencia y otros cinco en órganos relacionados con el tema. De los ocho restantes, cinco han ocupado cargos honoríficos en organismos ciudadanos dentro de la administración pública.
Cargos de unos y otros desde los que tienen claro que la CEGAIP incumple su función, de lo que se pudieron hasta ver favorecidos, pero también de lo poco que importa que conozcan del tema o estén comprometidos con la transparencia. Ahí no se va por vocación, sino por simulación, remuneración y auto compensación.
Tan saben que poco importa saber del tema que entre los 27 aspirantes aparecen tres integrantes del Consejo Consultivo de la CEGAIP nombrados en noviembre y que tres meses después pidieron una reunión con la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado… ¡para preguntar qué tenían que hacer como Consejo!
Entre los 27 aspirantes, habrá unos que tengan mayor obligación que otros de demostrar que no registraron su candidatura para replicar la actitud de los actuales comisionados que ha provocado la peor crisis de transparencia en el Estado, y que efectivamente serán capaces de romper esa inercia que tiene a San Luis Potosí sumido en la opacidad gubernamental.
Dicho en plata: demostrar y comprometerse en serio a no ser unos vividores más, como tantos que han pasado por la CEGAIP.
