Estela Ambriz Delgado
El proyecto de la Vía Alterna a la carretera 57 del Gobierno del Estado, desde su concepción en 2011 fue pensado como la conexión de áreas de gran plusvalía como Gran Peñón con la Zona Industrial, y el 80 por ciento de las 49 hectáreas donde se construirá la vialidad han sido compradas con todo tipo de argucias por los desarrolladores del Fraccionamiento, informó el colectivo Guardianes de la Sierra.
El movimiento de defensa explicó que la vialidad fue concebida como parte de un gran clúster industrial e inmobiliario, junto con proyectos como el de la presa El Realito, la cual se pensaba abastecería a los desarrollos en la Sierra de San Miguelito, y tan es así que el trazo de la Vía Alterna está diseñado para conectar la zona residencial Gran Peñón, que la publicidad del complejo lo enuncia de manera expresa y ostentosa.
Guardianes de la Sierra ahondó en que la construcción de la cortina de la presa y su acueducto, la Planta Tratadora el Morro, así como la modernización del Interapas, implicaba además la industrialización de Villa de Reyes, al utilizar los derechos de agua provenientes del mismo municipio, Santa María del Río y Tierra Nueva.
Los productores aceptaron la venta de los mismos ante el temor del menoscabo que les generaría El Realito, y con ello se inicia la industrialización de Villa de Reyes, pues los derechos de agua serían adquiridos por los parques industriales ahí instalados, bajo la anuencia del exgobernador Marcelo de los Santos Fraga.
El Realito entonces se pensaba como el abastecedor de los proyectos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito, y la Vía Alterna sería la conexión de estas áreas de gran plusvalía con la Zona Industrial.
La pinza se cerraba con la asociación de Carlos López Medina, Marcelo de los Santos y demás socios, que desde el 2009 promovieron en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito la inmobiliaria Machinali, luego identificada como Reserva y finalmente Las Cañadas, todo con el fin de hacer un clúster industrial e inmobiliario.
Los antecedentes de los proyectos
El colectivo develó que el origen del Gran Peñón es el tráfico y compra irregular de superficies ejidales en El Aguaje entre 2003 y 2009; se trataba de un negocio encubierto de Marcelo de los Santos Fraga y el entonces director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Urbano Díaz de León.
Al respecto, acotaron que el núcleo agrario se estableció con 2 mil 53 hectáreas, producto de una dotación y una ampliación de ejidos. De acuerdo con el decreto del Área Natural Protegida se establece dentro de la zona una superficie de mil 70.69 hectáreas, de las cuales 10.83 son zona núcleo.
Sin embargo “por arte de magia” en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) existen hoy 1880.987516 hectáreas con dominio pleno.
Asimismo, señalaron que la administración de Mario García Valdez otorgó en 2011 y 2014 autorizaciones al fraccionamiento, así como cambio de uso de suelo de una zona entonces considerada Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga, e inclusive el Cabildo de San Luis Potosí aprobó un Plan de Desarrollo Urbano Municipal que avaló la maniobra.
Sin embargo, al estar al frente del Ayuntamiento de Ricardo Gallardo Juárez, se frenaron las licencias otorgadas a Gran Peñón entre 2015 y 2018, y el entonces integrante de la comisión para la entrega-recepción de la administración, Ramón Alberto Vidaña Hierro, manifestó que el Plan Centro de Población Estratégico aprobado en 2015 adolecía de los requisitos legales y de procedimientos y cualquier cambio de uso de suelo que se realice con base en el mismo sería arbitrario, unilateral e ilegal. Aunque con la llegada de Xavier Nava Palacios se reactivaron el proyecto inmobiliario y la Vía Alterna.
Guardianes de la Sierra asegura que el 80 por ciento de las 49 hectáreas donde se construirá la vía han sido compradas con todo tipo de argucias por Gran Peñón, como se puede corroborar en las páginas 28 a 32 de la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de junio de 2019.
Además, apuntaron a que la oferta inmobiliaria del proyecto hace referencia a las bondades de la vía en su publicidad, aun cuando está se encuentra prohibida de acuerdo con la Autorización de Impacto Ambiental SGPA/DGIRA/DG/08457, donde se otorga la autorización condicionada del proyecto denominado “Cambio de uso de suelo en terreno forestal para la Construcción de la Prolongación Avenida Juárez-Eje 140, del Km 0+000 al km 10 + 280 en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P”, promovido por la Junta Estatal de Caminos.
“No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en vialidades regionales. Solamente se permitirán servicios carreteros en edificios, puentes o garitas de revisión y casetas de cobro de cuotas”.
Asimismo, en el numeral cuarto del capítulo denominado “Términos” de dicha autorización se establece que se emite únicamente en materia de Impacto Ambiental por las obras y actividades que se describen y que corresponden a la evaluación de los impactos ambientales, derivados de la construcción de una vialidad constituida como una vía general de comunicación, y que la misma no exime a la promovente de tramitar y obtener la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ante la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Poco antes de terminar el mandato de Juan Manuel Carreras López, el 21 de agosto de 2021, intentó promover una MIA clave 24SL2021V0042, que uniera la Vía Alterna con pasos superiores de ferrocarril y nuevas intersecciones al eje 12; esto, de acuerdo con el colectivo, con el fin de congraciarse con los proyectos inmobiliarios de Villa de Reyes, y que ha sido continuado por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, quien ahora es aliado de los fraccionadores instalados en el municipio. Sin embargo, la Semarnat denegó la nueva autorización por graves inconsistencias ambientales el 28 de noviembre de 2023.
