Marcela Del Muro
Cuando existía alguna pelea o malentendido, la expareja de Pamela Velasco la amenazaba con quitarle a sus hijos. Tras el divorcio, y por un comprobable problema de adicción del papá, la joven madre obtuvo la custodia de sus dos niños. Ella nunca restringió las convivencias con él, a pesar de que no era un proveedor responsable y continuaba ejerciendo violencias contra ella.
En 2018, la madre aceptó la ayuda económica ofrecida por un familiar del papá de sus hijos, que años después la culpó de extorsión agravada y amenazas. Pamela fue detenida violentamente en mayo de 2022 y fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 en Chihuahua.
“Sabemos que la familia del ex estuvo maquinando durante 3 años cómo hacerle daño y meterla presa”, dice un pequeño grupo de amigas de Pamela, que prefieren guardar el anonimato por seguridad.
Las amigas, que la han apoyado a pesar de la difícil situación, se encuentran muy preocupadas por la posición legal, de seguridad y de salud de Pamela, pero también por sus dos hijos que actualmente viven con la familia paterna y, dicen, están en peligro.
La familia del exesposo de Pamela se nombra de abolengo en la capital potosina. Por esa razón, explican las amigas, los niños tienen prohibido contar que su madre se encuentra presa, en cambio, dicen que está de viaje. Este hecho les consta porque lo han presenciado.
La ex familia política ha intentado controlar y mantener en secreto todos los detalles de la acusación de Pamela. Pero sus amigas ya no puedes seguir guardando silencio.
Al revisar el caso, la Red de Abogadas de San Luis Potosí explica que, en primer lugar, Pamela no debió de haber sido trasladada a Chihuahua; observa que hay grandes irregularidades en el caso: corrupción, tráfico de influencias y un tema muy fuerte de violencia vicaria.
La violencia vicaria es un tipo de violencia de género muy complejo, donde los menores son agredidos con el objetivo de causar daño a las madres. El agresor, regularmente, ejerce muchos tipos de violencias contra sus hijos y/o hijas: física, emocional, psicológica, sexual e, incluso, puede llegar al asesinato.
El pasado 20 de octubre, los legisladores potosinos aprobaron por unanimidad la reforma para incorporar el concepto de violencia vicaria a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, definiéndose legalmente como:
“Las acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, pudiendo consistir la violencia en cualquiera de las modalidades que reconoce esta ley, incluyendo la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas”.
San Luis Potosí es el noveno estado en el país que reconoce y legisla la violencia vicaria.
Engañar, manipular y poner a los hijos en contra de la madre es violencia vicaria
La historia de Pamela es uno de los casos más crueles que acompaña el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en San Luis Potosí, pero lamentablemente no es el único.
“Nuestros hijos e hijas han sido sustraídos ilegalmente por nuestras exparejas, pero también han sido engañados, manipulados y se les ha prohibido mantener comunicación con nosotras. Se nos ha privado de la posibilidad de ser madres: de darles amor, de criarlos, de verlos crecer”, explica Claudia Ugalde, representante del Frente Nacional en el estado.
Hace un par de semanas, Elizabeth Almanza se encontró a su hijo en un supermercado de Rioverde, municipio donde habitan. Tenía tres años sin verlo. La emoción que ella sintió al mirarlo tan grande se transformó en una sensación dolorosa, cuando su pequeño hijo de siete años se mostró indiferente y se alejó de ella.
“Yo sé que él ha manipulado mucho a mi niño, seguro él piensa que yo lo dejé. Pero yo he hecho todo lo posible por recuperarlo y no ha sido fácil”, relata Elizabeth y agrega que está muy preocupada por la salud mental y física de su hijo porque su expareja, el periodista, maestro y activista Rasiel Ochoa Reyna, es una persona violenta.
Los últimos años de su relación, Elizabeth fue víctima de violencia física, sexual, emocional, económica y psicológica. Ella huyó de su casa, que compartía con su expareja y su hijo de entonces tres años, tras una golpiza.
“Yo también soy maestra, pero mi rendimiento laboral bajó mucho después de la separación”, narra la madre. Actualmente, trabaja en una fábrica, donde gana un tercio de lo que le pagaban como maestra.
Sin embargo, el padre de su hijo la demandó, exigiéndole pagar la pensión alimenticia por el niño al que no ha podido ver. “Es muy injusto porque él gana tres o cuatro veces más que yo, pero aquí estoy luchando, me mueve el amor que le tengo a mi hijo”, relata Elizabeth.
Elizabeth lleva tres años intentando recuperar a su hijo, pero denuncia que la justicia ha sido comprada. Ella narra que su expareja cuenta con muchas conexiones con funcionarios del Gobierno Municipal. Aunque la madre y su hijo tienen derecho a convivencias semanales en las instalaciones del DIF, que fueron aprobadas por un juez, no se han llevado a cabo.
“Siento decepción de las autoridades, hay mucha apatía y desinterés en el proceso legal de la Guardia y Custodia, no hay avances en el proceso. Me duele que no tomen en cuenta el daño psicológico y emocional del cual ha sido sujeto. He tocado muchas puertas de instituciones de Gobierno para solicitar apoyo, pero no me han dado respuesta”, dice Elizabeth.
La violencia vicaria se da por la complicidad de las autoridades y los abogados
Claudia Ugalde, la representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el estado, afirma que este tipo de violencia de género se da gracias a la complicidad de las autoridades y los abogados corruptos que ponen a las madres y a sus hijos e hijas en un grave estado de indefensión.
Maricela García es víctima de violencia vicaria desde mayo de 2020. Ella y su abogada, Beatriz Durán Onofre, se han dedicado a documentar y denunciar la corrupción, influyentismo e impunidad que existe en la Fiscalía General del Estado y en el Poder Judicial.
Maricela solicitó el divorcio tras ser agredida física y psicológicamente por su expareja, Daniel Valdez Waldo, curiosamente y a pesar de los golpes en su cuerpo, la demanda por violencia familiar y sustracción de menores que ella interpuso no procedió.
Sin embargo, la demanda que sí procedió fue la que puso el exesposo contra ella, por violencia familiar, que llegó junto a la aprobación de una orden de restricción: Maricela sería arrestada si se acercaba más de 200 metros a su hija. Ella intentó de todo por la vía legal para revocar dicha orden, sin resultados.
En agosto de 2020, durante una rueda de prensa del gobernador Juan Manuel Carreras, la madre expuso su caso, que fue enviado al Consejo de la Judicatura. En una semana, un consejero revocó la orden de restricción alegando que el plazo había vencido y se ordenaron convivencias igualitarias para el padre y para Maricela.
El padre cambió de abogada y contrató a Miriam Terrazas Orozco, hija de la magistrada Guadalupe Orozco Santiago. Entonces la defensa comenzó a jugar sucio contra Maricela: se puso una denuncia por abuso sexual acusando a un novio de la madre que nunca existió. Por esa razón, se limitó a madre e hija la convivencia, únicamente se podían ver una hora por semana en los juzgados, pero el papá dejó de llevar a la niña a las reuniones.
Después de transitar por cuatro Juzgados del Ramo Familiar y por cinco jueces. El caso llega al Juzgado Primero con la jueza Oralia Lizbeth Solís Aguilar, quien solicita una copia de la carpeta de investigación por el abuso sexual de la menor. Ahí encontró un dictamen psicológico y otro médico donde se dice que la niña no muestra ningún rasgo de haber sido víctima de violencia sexual.
“La jueza realiza un acuerdo larguísimo donde me permite seguir viendo a mi hija en el juzgado y me otorga el haber sido víctima de violencia de género. También pone un extracto de la carpeta penal donde dice que mi hija no fue víctima de ningún tipo de violencia sexual, que sí tenía heridas provocadas por una colitis y gastroenteritis aguda. En la carpeta también hay un dictamen que dice que mi niña está súper mal emocionalmente”, explica Maricela.
El pasado 14 de octubre, el padre y su abogada pusieron una queja contra la jueza Solís Aguilar intentando que la remuevan del caso por el acuerdo que le permite a Maricela, nuevamente, la convivencia con su hija.
Lo único que queremos es que nuestros hijos estén bien
Las mujeres que integran el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria han colocado el tema en el estado, poniendo al centro el bienestar físico y mental de sus hijos e hijas. Ellas se acercaron a la diputada Gabriela Martínez Lárraga, quien también es madre y empatizó con su lucha.
La diputada trabajó junto a las madres para crear una iniciativa que realmente sirva a las mujeres e infancias que atraviesan por este tipo de violencia, organizó mesas de trabajo con instituciones que aportaron a la propuesta. Llegando al reconocimiento de la violencia vicaria en el estado.
“Este es el primer paso, todavía falta que se ingrese al Código Penal y al Código Familiar. Falta trabajar para que las instituciones reconozcan este tipo de violencia y para que se sepa actuar a favor de las mujeres violentadas, pero sobre todo, de las infancias”, comenta Claudia Ugalde del Frente Nacional.
Claudia explica que la violencia vicaria es un monstruo de muchas cabezas que involucra a un sinfín de autoridades. El Frente Nacional propone realizar mesas de trabajo para la capacitación de las fiscalías, de los juzgados y de las instituciones que velan por los derechos de las infancias; pero también de instituciones como la Secretaría de Educación Pública o Secretaría de Relaciones Exteriores. También proponen trabajar con la sociedad civil, como el Colegio de Abogados.
“Parte del problema es la falta de ética. Los abogados conocen y saben todos los huecos legales por donde se pueden ir metiendo para beneficiar a su cliente, provocando que se siga violentando a las madres y a los hijos”, explica la representante del Frente Nacional en el estado.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ha enfatizado sus esfuerzos en explicarnos lo que este tipo de violencia desencadena en los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de ella.
“No nada más es recuperar a los niños y niñas, hay que luchar por resarcir el daño para que ellos estén bien. Los niños regresan muy afectados: llegan muy deprimidos, completamente desvinculados. A mayor tiempo, los niños viven mayor violencia y las secuelas después de recuperarlos son muy dolorosas”, explica Claudia Ugalde.
En San Luis Potosí hay muchos casos de mamás que no han podido recuperar a sus hijos y también hay mamás que ni siquiera saben dónde y cómo están sus hijos e hijas. En el estado también hay casos de niños y niñas que han sido sacados del país, la mayoría de forma ilegal.
“Es terrible cómo se ejercen distintos tipos de violencias, cómo te vas encontrando violencias en todas partes. Es un cuento de nunca acabar. Y lo único que nosotras queremos es que nuestros hijos estén bien. No pedimos nada más, solo queremos que las autoridades comprendan que los mayores afectados cuando se ejerce violencia vicaria son los hijos y las hijas”, finaliza Claudia Ugalde.
