Por Victoriano Martínez
Los comisionados de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no sólo han demostrado su inutilidad para hacer cumplir y cumplir ellos mismos la Ley de Transparencia, sino que también pretenden mostrarse muy eficientes y eficaces, cuando lo único que exhiben es que son acomodaticios para que no mermen sus ingresos personales.
Con esa actitud, son capaces de requerir un presupuesto de 83 millones 81 mil 134.67 pesos como el que solicitaron para este año, con 25 millones 687 mil 933.18 pesos para el capítulo de Servicios Personales, es decir, para sueldos.
Ante un presupuesto asignado de 25 millones 60 mil 259 pesos, que difícilmente alcanza para los sueldos, los comisionados –de acuerdo con el presupuesto publicado al mes de mayo en la Plataforma Estatal de Transparencia– acordaron una reducción en el capítulo de Servicios Personales de apenas un 2.91 por ciento para quedar en 24 millones 939 mil 740.98 pesos.
Un sacrificio en sus sueldos de 748 mil 192.20 que valdría la pena que explicaran públicamente si fue por reducción de salarios o recorte de algún personal, posiblemente de honorario o de servicio social. El monto de la reducción pinta más para la segundo.
Una re-presupuestación que permitió liberar recursos para destinar 41 mil 500 pesos a “materiales y suministros” y 79 mil 18.02 pesos para “servicios generales”. No es que con esas cantidades enfrentarán los gastos de todo el año en esos rubros, sino sólo un reacomodo en el presupuesto para “mientras nos aprueban una ampliación presupuestal”.
Tan es así que en la sesión del Pleno de la CEGAIP del 7 de febrero acordaron pedir una ampliación presupuestal por 7 millones 933 mil 632 pesos, distribuidos en Servicios Personales, 748 mil 192.20 pesos; Materiales y Suministros, 337 mil 346.47 pesos; Servicios Generales, 3 millones 854 mil 202.33 pesos, y Programas Fortalecimiento Institucional, 2 millones 993 mil 891 pesos.
La justificación: “Lo cual, resulta indispensable para el cumplimiento del objetivo institucional como órgano garante, derivado de las necesidades que tiene la Comisión en dar cumplimiento a los requerimientos mínimos de las Leyes antes mencionadas, y para estar en posibilidad de solventar las obligaciones actuales”.
De acuerdo con el proyecto presupuestal de octubre, los requerimientos que el limitado presupuesto que les aprobaron sumaba 14 millones 759 mil 520.08 pesos distribuidos en ocho rubros. La ampliación que acordaron sólo contempló cuatro de esos faltantes.
El pasado 28 de mayo, “vía remota sin previa convocatoria en virtud de la urgencia del asunto” los tres comisionados realizaron una sesión extraordinaria con un solo asunto: modificar la solicitud de ampliación presupuestal para reducirla a 3 millones 512 mil 707 pesos, un 55.72 por ciento menos que lo planteado en febrero, ahora sólo para dos rubros.
La justificación fue la misma: “Lo cual, resulta indispensable para el cumplimiento de nuestro objetivo institucional como órgano garante, derivado de las necesidades que tiene la Comisión en dar cumplimiento a los requerimientos mínimos de las Leyes antes mencionadas, y para estar en posibilidad de solventar las obligaciones actuales”. Sólo se añadió una palabra.
Unos comisionados que el 12 de octubre consideraron necesarios 14 millones 759 mil 520.08 pesos para el cumplimiento de su objetivo institucional como órgano garante, para el 7 de febrero lo redujeron a 7 millones 933 mil 632 pesos, y ahora el 18 de mayo –con carácter urgente– lo bajan aún más a 3 millones 512 mil 707 pesos.
No parecen decisiones tomadas con criterios de eficiencia y eficacia, sino que más bien parecen responder a acuerdos previos para asegurar que les autoricen más presupuesto, antes que privilegiar los objetivos para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Sobre todo, si se toma en cuenta que entre los rubros para los que no se requirió ampliación presupuestal y se quedaron sin recursos son “procesos eficientes de vigilancia para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia” y “fortalecimiento institucional para el desarrollo de actividades sustantivas (abatimiento al rezago)”.
Si esos dos programas específicos se dejaron fuera, la mesa está muy puesta para que continúe y se amplía la opacidad en la Plataforma Estatal de Transparencia y para que el rezago en la resolución de los recursos de revisión de solicitantes inconformes se agrave, muy a pesar de tener un plazo de 30 días para resolver, que es uno de tantos aspectos en los que violan la Ley de Transparencia.
Pero eso sí, por mucho que aseguren que se ajustan a “criterios de racionalidad y austeridad en el gasto público”, a todo se le puede reducir el presupuesto en proporciones mayúsculas, pero el sacrificio en salario está blindado: sólo un 2.91 por ciento de reducción, que seguramente no modifica el tabulador, sino que sacrifica a los empleados ubicados en el eslabón más débil.
