Por Victoriano Martínez
Aunque hoy será la segunda vez que, desde que Ricardo Gallardo Cardona ocupa la gubernatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en suelo potosino, se trata de la primera visita programada especialmente al Estado. La anterior, el 23 de abril, fue circunstancial y tan de paso que se limitó a una breve parada carretera en la Huasteca.
Una visita con un solo acto oficial: “A las 15:30h asiste al anuncio de inversión BMW Group, planta San Luis Potosí en Boulevard BMW No. 655, Parque Industrial Desarrollo Logistik II, CP 79526; Villa de Reyes, San Luis Potosí”, dice su agenda oficial.
Un solo acto, una sola posibilidad para tantos grupos que quisieran acercársele para manifestarle sus inquietudes, como ocurrió en la parada que hizo en abril para la supervisión de la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale.
¿Cuántos llegarán hasta Boulevard BMW No. 655, Parque Industrial Desarrollo Logistik II, CP 79526; Villa de Reyes, San Luis Potosí? Cuando menos habría algunos que, de poderlo abordar y plantearle sus inquietudes, incomodarían y pondrían nerviosas a algunas autoridades locales y hasta a los propios directivos de la planta BMW. Algunos ejemplos:
UNO. Podría López Obrador aprovechar la cercanía que tendrá con los trabajadores de la BMW para preguntarles si se sienten conformes con contar con un empleo en el que gran parte de su sueldo se lo lleva una empresa distinta a la alemana porque aún son víctimas de la práctica del outsourcing, al que el presidente se supone que ya le puso límites.
La posibilidad de hacerle llegar esa queja fue tema de discusión entre los trabajadores de la planta actual de BMW y de comentarios sobre el “relajo” que se armó al interior porque seguramente habrá un control estricto sobre los empleados que podrán acercarse al mandatario.
DOS. Es muy probable que lleguen a las inmediaciones de la sede del evento los ejidatarios de La Pila que en las últimas semanas han denunciado maniobras entre funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Comisariado Ejidal y la empresa META, S.A. de C.V. para ocupar ilegalmente 30.26 hectáreas de uso común en el Ejido.
Una queja documentada que forma parte de dos juicios de amparo y una denuncia ante el Tribunal Agrario que, entre otras cosas, tiene la característica del señalamiento de que se trata de una obra directamente relacionada con el acto que encabezará López Obrador: una de las empresas beneficiarias del libramiento carretero que se pretende construir es justamente la BMW.
Los ejidatarios le enviaron un video a López Obrador en el que el denunciaron la corrupción de la SICT para ayudar al Comisariado y a la empresa a apropiarse ilegalmente de sus tierras.
En el mismo Ejido La Pila, en días pasados se dio el intento de ocupación de áreas comunes por parte de Héctor Gómez Pérez, corredor de bienes raíces, quien –ante la oposición de los ejidatarios–, recurrió y recibió el apoyo de varias patrullas de la Guardia Nacional. ¿Cómo reaccionaría López Obrador si se entera el uso que un empresario le puede dar a esa corporación?
TRES. El acoso inmobiliario contra el territorio de la Sierra de San Miguelito no cesa. La tarde de este jueves, a 24 horas de la visita presidencial, por segunda ocasión balearon la casa de Laura Pérez Acosta, comunera que tiene su parcela junto a la Cañada del Lobo y forma parte de 57 hectáreas que un grupo inmobiliario pretende apropiarse para un desarrollo residencial.
La noche del seis de enero fue la primera vez que balearon la vivienda de Laura Pérez Acosta como parte de una las cadena de advertencias y amenazas para obligarla a aceptar la venta de su predio, de unas cinco hectáreas. Entonces presentó la denuncia correspondiente y grabó un video para pedir la intervención de López Obrador, y un mensaje de puño y letra.
CUATRO. El viernes 20 de enero se registró el allanamiento de la vivienda de Carlos Covarrubias Rendón, activista del Frente Amplio opositor y uno de los principales promotores de la protección a la Sierra de San Miguelito como parte de la agrupación de Guardianes de la Sierra.
La declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito ha sido de especial interés para López Obrador y aunque el allanamiento a la vivienda de Covarrubias Rendón podría no estar relacionado con su actividad, las condiciones en las que se dio representan señales de alerta sobre una escalada en la defensa del territorio y, sobre todo, en la protección a la Sierra.
CINCO. Difícilmente habrá quien intente abordar a López Obrador para darle a conocer la actuación del Poder Judicial del Estado en el caso de Alejandro Fernández Montiel, sentenciado por violación a un menor de edad, porque su víctima tiene pocas posibilidades de hacerlo, y fue dejado en estado de indefensión.
Aunque el pasado 26 de octubre fue sentenciado a 12 años y tres meses de prisión, Fernández Montiel hoy que estará el presidente López Obrador en la ciudad amanece sin esa sentencia encima porque La Segunda Sala de Supremo Tribunal de Justicia determinó, dentro del toca UG/ASA-04/2023 dejar nulo todo lo actuado en el juicio.
La resolución de la Sala señala que la declaración de nulidad es “para el efecto de que se reinicie la audiencia de debate y juicio oral, ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto”.
Los motivos que se argumentan son la violación a tres principios en el juicio que, por resultar evidentes, evitaron que la Sala se pronunciara sobre los agravios manifestados por las partes en sus respectivos recursos de apelación.
Los principios señalados como violados son los de continuidad, concentración e inmediación porque las audiencias del juicio se difirieron por periodos prolongados, el mayor por un lapso de 27 días por el periodo vacacional del Poder Judicial.
En la resolución, esa circunstancia se menciona como violatoria de los derechos humanos del procesado y no se menciona el estrés al que se sometía a la víctima al prolongar la definición de la determinación judicial.
Desde que inició el juicio el 4 de julio, el procedimiento estuvo envuelto en la sospecha de maniobras para liberar a Fernández Montiel. Abogados que han seguido el caso consideraron que la resolución de anular el juicio es un segundo intento de lograr la liberación del imputado.
Como está sentenciado y ya pasaron más de dos años en prisión preventiva, estiman algunos de los abogados, van a pedir el cambio de medida cautelar, lo que significaría que al reponerse el juicio, Fernández Montiel lo podría enfrentar en libertad.
Cinco casos que apenas son una muestra de todos los temas que no sólo no podrá conocer López Obrador en su visita, sino que deliberadamente se le habrán de ocultar porque se trata de una visita en la que, por ser la primera especialmente programada a la Entidad, todo el esfuerzo local será para que se lleve una buena imagen.
