María Ruiz
Los nuevos impuestos estatales aprobados por el Congreso del Estado, entre ellos un gravamen del tres por ciento sobre la venta de bebidas alcohólicas y uno adicional sobre la enajenación de bienes inmuebles, han generado polémica en distintos sectores.
Aunque las y los legisladores aseguran que estas medidas no afectarán a las clases vulnerables, el sector empresarial ha manifestado su rechazo.
Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, calificó de irresponsable la decisión de las y los diputados al aprobar estos impuestos sin considerar las repercusiones económicas.
“Es una irresponsabilidad por parte de los legisladores estar incrementando impuestos en este momento. Ya están aprobados lamentablemente, pero esto afecta directamente la estabilidad de los negocios y la economía estatal”, señaló Ortuño.
El empresario subrayó que, aunque las autoridades justifican estas medidas como necesarias para aumentar la recaudación —que podría superar los 50 millones de pesos anuales—, las consecuencias recaerán en las familias potosinas y en el sector empresarial.
Según Ortuño, “el incremento de impuestos pega directamente al bienestar familiar; no se está priorizando el bienestar social, sino intereses políticos”.
La Coparmex ha pedido a las y los legisladores actuar con mayor responsabilidad en futuras decisiones fiscales y considerar propuestas más inclusivas que no afecten la competitividad ni la estabilidad de las empresas.
“Es fundamental cuidar el bienestar familiar, porque al final somos todos los ciudadanos quienes asumimos estas cargas”, añadió.
Mientras tanto, desde el Congreso se ha argumentado que los nuevos impuestos están dirigidos a sectores específicos y no impactarán a los grupos más vulnerables.
