Abelardo Medellín
El Ejército mexicano ha vigilado a diversos colectivos feministas de San Luis Potosí, sobre los cuales asentó en un informe que podrían ser utilizados para “afectar la imagen del Gobierno Federal”, revela un documento filtrado tras el hackeo del grupo Guacamaya la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esta semana.
El documento, alojado en una página que difunde acciones hacktivistas y es de dominio público, contiene un informe realizado por la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí y fechado al 6 de marzo de 2022, dos días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mismo que está catalogado con prioridad de “urgente”.
De acuerdo con el informe, este fue realizado con la finalidad de mostrar el “panorama actualizado” de las actividades de los colectivos feministas en el estado.
Uno de los primeros puntos de este informe enumera a 13 mujeres a quienes nombra “dirigentes” de grupos y colectivos feministas, donde aparecen:
a. Isabel Lastras Martinez, “Colectivo Aquelarre Valles”.
b. Catalina Mendoza Torres, “Colectivo Huastecas Violetas”.
c. Carolina Quintanilla, “Marea Verde SLP”.
d. Marcela García Velázquez, “Nueva Luna”.
e. Urenda Queletzú Navarro Sánchez, “Feministas Universitarias Zona Oriente”.
f. Olga Elizabeth Lucio Huerta, “Feministas Universitarias Zona Oriente”.
g. Mónica Paulina Rodríguez Cuellar, “Feministas Universitarias Zona Oriente”.
h. Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, “Luminas Centro de Derechos Humanos A.C.”
i. Fátima Patricia Hernández Alvizo, “Agrupación Educación y Ciudadanía y Activista Feminista”
j. Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, “Inclusión e Igualdad A.C.”
k. Olimpia Palomo Moreno, “Colectivo Por la Diversidad Sexual y Equidad de Género A.C.”
l. Claudia Hernández Herrera, “Defensores de la Sierra de San Miguelito.”
m. Blanca Laura Martínez Belmares, “Asociación civil Alas”.
En la lista resaltan activistas potosinas como Urenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de los Derechos Universitarios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); Marcela García Vázquez, extitular del Instituto de las Mujeres del Estado; Blanca Laura Martínez Belmares, exaspirante a la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), y Claudia Hernández Herrera, quien fue víctima de una detención arbitraria el 5 de junio de 2020 durante una manifestación contra la violencia policíaca en la capital del estado.
Dentro del archivo, la Doceava Zona Militar señala que los colectivos tienen un número aproximado de 5 mil 200 integrantes, con un “alto” poder de convocatoria en el estado. Asimismo, describe las redes sociales que emplean para movilizarse: Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram y Signal.
Además de las dirigentes de colectivos y movimientos feministas, el informe detalla 21 distintas organizaciones e individuos “simpatizantes” del movimiento, donde destacan el Consejo Consultivo de la Instancia de las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Colectivo del Colegio de San Luis y los Defensores de la Sierra de San Miguelito.
Según el archivo, las movilizaciones presenciales de los colectivos son esporádicas e incluso afirma que los colectivos llegan a ser radicales cuando son incitadas por “Agentes Perturbadores Socio-Organizativos ajenos a dichos movimientos”, cuya intención es desestabilizar al Gobierno de San Luis Potosí.
El reporte incluye 17 demandas de los colectivos feministas, entre las que destacan: los derechos a la participación política, a una vida libre de violencia, a un ambiente sano a la información y a una vida sexual y reproductiva con libertad de decisión y pensamiento. Así como igualdad de genero, licencias de maternidad y el no encubrimiento de violadores y acosadores.
En el siguiente punto, el Ejército describe los medios que utilizan los colectivos como transporte público, vehículos particulares, equipos de sonido, megáfonos, pancartas, lonas, volantes, medios de comunicación local y redes sociales.
Según el documento, algunos colectivos reciben apoyos económicos de organizaciones internacionales como el Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo y más adelante afirma que no se tiene conocimiento de que reciban financiamiento de actores u organizaciones sociales o políticas ajenas al movimiento.
El único caso que se describe es el de Lucía Lastras Ramírez, del Colectivo Aquelarre Valles, quien presuntamente recaba fondos a través de una cuenta bancaria, misma señala en el documento.
En el apartado de “actividades programadas” el informe explica detalla los eventos a realizar por cada colectivo por el Día Internacional de la Mujer 2022, así como el horario y la dirección en donde se realizarán, siendo seis en la capital potosina, dos en Real de Catorce y uno en El Naranjo, Cedral y Ciudad Valles.
Asimismo, describe la capacidad de contención y fuerza de las corporaciones policiales y enumera algunos de los edificios que los grupos antimotines deberán proteger, entre ellos: Palacio de Gobierno, Congreso del Estado, Edificio central de la UASLP, Edificio de la D.G.S.P.E., Museo de la Mascara y el Edificio de la F.G.E.
El informe cuenta con un apartado de “afectaciones que genera a la gobernabilidad” y uno de “prospectiva a corto y mediano plazo”. En el primero el Ejercito reconoce que hay antecedentes de que las autoridades en San Luis Potosí respondieron de forma violenta a las protestas, cuando estas han llegado a dañar oficinas gubernamentales.
En lo referente a las prospectivas a mediano plazo, el documento afirma que las movilizaciones de colectivos podrían ser utilizadas para “afectar la imagen del Gobierno Federal, por encontrarse próxima a realizarse la Jornada Electoral para la revocación de mandato del Presidente de la República”.
De igual manera, el documento menciona que podría haber actores políticos que quieran aprovecharse de la coyuntura y señala como ejemplo a la excandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de San Luis Potosí, Marvely Constanzo Rangel, sobre quien dice:
“En su campaña para Gobernadora del Estado uso como bandera electoral la protección a los derechos de la mujer para decidir por su cuerpo, participando el 1 Abr. 2021, en una marcha feminista y actualmente aspira ser la Coordinadora Estatal del partido político Movimiento Ciudadano”.
El informe del Ejercito también hace un repaso por ocho movilizaciones relacionadas con organizaciones o colectivos en 2020 y cinco movilizaciones más de 2021 que tuvieron lugar en municipios como San Luis Potosí, Ciudad Valles y Ciudad Fernández. Sobre estos casos describe hora, lugar, quién lo encabezó y cuántas personas se manifestaron.
Según la información de este reporte de eventos pasados, durante la marcha del 8 de marzo de 2020 en la capital potosina se manifestaron 5 mil personas; además se afirma que en ese evento las manifestantes realizaron “actos vandálicos”.
La información contenida en este recuento de hechos también detalla movilizaciones de personas como: Teresa Carrizales, excandidata a la alcaldía de la capital; Josefina Vázquez Mota, senadora, y Francisca Reséndiz Lara, lideresa del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE).
Al final del documento, el informe explica algunas de las actividades que deberán realizar las corporaciones de seguridad involucradas en el “Plan General de Acción del Día Internacional de la Mujer, 2022”, además de mencionar el estado de fuerza dispuesto para ese día, los edificios que se deberán proteger, las formas en que se deberá abordar el contacto con las manifestantes e incluso el personal de apoyo involucrado.
Vigilancia de grupos feministas confirma espionaje a activistas
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de los Derechos Universitarios de la UASLP, afirmó que la información contenida en el archivo filtrado confirma la creencia que se tenía sobre cómo gobernación guardaba registro de lo que hacían los activistas en el estado.
“Saber mi nombre en los documentos de la Sedena, equiparable a movimientos guerrilleros o a grupos del crimen organizado, no solamente hace que confirme lo que he supuesto por años, que es que se espía mi actividad, eso no solamente me pone a mí en riesgo”, dijo Navarro Sánchez.
La defensora de los Derechos Universitarios afirmó que la vulneración de documentos como los que se han revelado tras el hackeo del grupo Guacamaya a la Sedena, puede provocar que diversos colectivos se desmovilicen, como respuesta a la filtración de su información.
“Es importante decirlo de manera muy clara, el ejercito espía, espía al mismo nivel a defensoras de derechos humanos como si espiara al crimen organizado, eso no solo atenta contra nuestra dignidad, sino que pone en riesgo nuestra actividad como defensoras”, afirmó la académica.
“Yo hago responsable, de hoy en adelante, al ejercito de lo que me pase a mí o a mi familia”.
El documento completo puede ser consultado en este enlace.
