Abelardo Medellín
El Congreso de San Luis Potosí ya acumula tres consultas distintas que, de acuerdo con los plazos establecidos y lo expresados por los propios legisladores, deberán realizarse este 2025.
Los procesos de consulta ciudadana, en algunos casos a grupos específicos, que tiene pendiente de realizar la LXIV Legislatura, son: la respectiva al cambio de sistema de partidos a sistema de usos y costumbres, en la que participarán comunidades indígenas; la consulta en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad; y la consulta requerida para emitir la Ley de Movilidad del Estado de San Luis Potosí.
Por lo que refiere a la consulta dirigida a comunidades indígenas, esta derivó de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado (TEE) en agosto de 2023, correspondiente al expediente TESLP/JDC/11/2023; en el resolutivo del juicio, interpuesto por las comunidades indígenas contra del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), se estableció que las consultas para el cambio de sistema al de usos y costumbres no se hicieron con suficiente anticipación.
Aunque la resolución obliga al Ceepac a hacer este ejercicio, el Consejo ha expresado que también requieren de la participación del Congreso como parte de la realización; e incluso, representantes de las comunidades indígenas acudieron al Poder Legislativo el pasado 13 de diciembre para solicitar que se incluyeran a más municipios en esta consulta.
De acuerdo con lo solicitado por las representaciones indígenas, la consulta que se efectuaría este 2025 serviría para reformar la Ley Electoral del Estado que regiría el proceso electoral 2026-2027.
En referencias a la consulta en materia de educación inclusiva, la cual busca acatar el resolutivo en la acción de inconstitucionalidad 67/2023, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), misma que invalidó el capítulo VIII de la Ley de Educación del Estado referente al tema.
La resolución estableció que el capítulo tendría vigencia de un año, luego de que se notificara la acción de inconstitucionalidad, por lo que prácticamente ya han transcurrido más de dos meses desde que fue invalidada y el Congreso del Estado no la ha realizado.
Por lo que respecta a la Ley de Movilidad, la nueva legislación federal se aprobó en febrero de 2022 y todos los congresos estatales tuvieron 180 días de plazo, hasta noviembre de ese año, para armonizar la ley a nivel local. Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, la armonización se hizo después del tiempo estipulado y bajo la obligación de un amparo, lo que impidió que se llevara a cabo una consulta, por lo que quedó la promesa de crear posteriormente una nueva Ley de Movilidad.
Recientemente, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel, integrante de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, afirmó que la legislatura actual se encargará de emitir la ley este mismo año.
Rosas Montiel explicó en diciembre pasado que la pretensión es realizar el ejercicio consultivo, por lo que en este mismo mes se publicará el calendario de actividades rumbo a la consulta en materia de movilidad.
La semana pasada, el diputado presidente de la Directiva del Congreso, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, afirmó que debido al gasto que significan estos ejercicios de consulta, una de las propuestas es realizarlas de forma simultánea.
Además, reveló que ejercicios como estos pueden llegar a requerir inversiones de hasta 600 mil pesos para su realización.
