Por Victoriano Martínez
Ni borrón y cuenta nueva, ni dejavú, simplemente en la prolongación de agravios contra la sociedad, contra las candidatas a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, a quien eligieron para que ocupe un cargo abollado en su legitimidad, fue en lo que terminó el desaseado proceso para renovar la directiva de la CEDH.
Los pocos diputados que intervinieron durante la sesión electiva del Congreso del Estado lo dijeron de diversas formas y dieron variadas razones sobre la abolladura en la legitimidad de quien resultara electa, entre las que queda la descripción de que se trató de una elección definida por la compra de votos para que se privilegiara el interés del gobernador Juan Manuel Carreras López.
Un estigma con el que llegará Argüelles Moreno al despacho de la CEDH, impuesto públicamente por los diputados, pero también por Carreras López desde lo oscuro de las negociaciones palaciegas que contaminaron el proceso.
“La CEDH no es moneda de cambio” y “Diputados corruptos”, fueron consignas anotadas improvisadamente sobre folders por la diputada María Isabel González Tovar, quien en distintos momentos los paseó y colocó en la tribuna para dejar ver lo que hubo tras el proceso de selección que, si se privilegiara el apego a la ley, deberían ser motivo de investigaciones hasta penales.
En su primera intervención, González Tovar hizo un breve recuento de las irregularidades entre las que destacó que tomaría la determinación en una sesión que ni fue ordinaria ni extraordinaria porque en la forma en que se convocó no reunió los requisitos ni de una ni de la otra, además de señalar deficiencias en el propio nuevo dictamen tras haber sido retirado el pasado lunes.
Aunque en defensa del dictamen, la diputada Marite Hernández Correa afirmó que sí mencionaron las herramientas internacionales que la ley señala que deben ser usadas, el argumento no resistió el señalamiento por parte de la diputada Beatriz Benavente Rodríguez para llamar a que se aplicaran criterios objetivos predeterminados y de dominio pública que señalas los Principios de Paris.
A pesar de que tres legisladores, incluida Hernández Correa, presidenta de la comisión dictaminadora, se pronunciaron por un receso para, de último momento, tratar de resarcir esa omisión y hacer un ejercicio urgente de evaluación sobre los méritos de las nueve candidatas, con 15 votos se rechazó la propuesta.
La votación número 24, en la que –por obra y gracia de un dictamen renovado sin absolutamente una sola modificación– se volvió a incorporar como opciones a las seis candidatas eliminadas en las 23 votaciones previas, fue precedida por abiertos señalamientos de compra de voluntades, a través incluso del ofrecimiento “de magistraturas”.
Expresiones como el señalamiento por parte del diputado Edgardo Hernández Contreras en el sentido de que el proceso deja “víctimas colaterales por el cochinero” con que dio, o el de la diputada Sonia Mendoza Díaz, quien afirmó que la dignidad sólo les duró dos días, comprometen la confiabilidad no sólo de los nombramientos que han decidido, sino los que vienen.
Un proceso que, como muchos otros y no sólo de nombramientos, deja sembradas tantas posibilidades de impugnación que resultan hasta una obligación impugnar para las ocho aspirantes no favorecidas, no como un acto de inconformidad, sino como una acción necesaria para tratar de reivindicar sus derechos lesionados y los que se agraviaron en contra toda la sociedad.
En el país del haiga sido como haiga sido, Argüelles Moreno ya protestó como la nueva responsable de la defensa de los derechos humanos de la sociedad.
Si de sus compañeras no elegidas se esperaría que trataran de reivindicar sus derechos violados y los de la sociedad, ella tendría que encabezarlas desde su nueva posición para, por lo menos, tratar de enmendar un poco la abollada presidencia que le entregaron los diputados.
¿Serán hechos que pudieran dar origen, además de las impugnaciones, a una queja ante la CEDH? ¿Será necesario que haya alguien presente una queja, o podría dársele trámite como una de esas quejas cuya investigación que se inicia de oficio? Son demasiados agravios públicos como para que la CEDH no los tome en cuenta.
Apoyar las impugnaciones o iniciar una queja de oficio sería la ruta que la liberaría de la sospecha de ser parte de los acuerdos por los que recibe una CEDH abollada, pues si era la candidata del gobernador, no podría serlo sin estar enterada. De ese tamaño es la carga que le deja el desaseado proceso de selección protagonizado en el Congreso del Estado.
