Alejandro Rubín de Celis
¿Por qué el gobernador Juan Manuel Carreras no ha dado la cara ante tantas denuncias de corrupción en los Servicios Estatales de Salud (SES)? ¿Por qué se ha negado a atender la exigencia ciudadana de que separe del cargo a su titular, Mónica Rangel Martínez, en tanto se resuelve la auditoría especial que está en curso?
El gobernador no debe sustraerse a la gravedad de los hechos denunciados pues han sido ampliamente difundidos y documentados al menos desde hace dos años, y él, como titular del Poder Ejecutivo del estado, está obligado a dar una explicación o hacer un pronunciamiento al respecto, pero como todo en el mandatario potosino es cálculo político ─su famoso Timing─ y además es muy dado a huir de los casos escandalosos para proteger a miembros de la clase política, pues ahora tiene la cabeza metida como el avestruz.
La agrupación civil Ciudadanos Observando acaba de publicar una investigación bien sustentada en documentos oficiales obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y mediante trabajo de campo, en la que revela cómo a través de una red de empresas fachada, licitaciones simuladas, competidores fantasma y facturas falsas, la doctora Mónica Rangel, con la complicidad del Comité de Adquisiciones de los SES ─y en algunos casos sin pasar por esa instancia─ favoreció a 19 compañías del empresario Gabriel Salazar Soto, con contratos por 176 millones de pesos desde el año 2015, precisamente a partir del inicio de la gestión del gobernador en turno.
Pero eso no es todo, los SES, y como parte de ellos, el Hospital Central se vieron involucrados en la recepción de facturas falsas provenientes de empresas fantasma, de acuerdo con Ciudadanos Observando y la organización Impunidad Cero. Detectaron que una de esas empresas, Comercializadora Ismalog, fue la que proveyó de medicamentos adulterados para el cáncer al Hospital Central.
Pese a que el 19 de septiembre del año pasado Carreras López sostuvo que se investigaría y castigaría si había responsables en su gobierno de contratar empresas inexistentes, la versión oficial dada por el ex contralor Gabriel Rosillo fue en el sentido de que la responsabilidad de la Contraloría es asegurar que las empresas están registradas ante Hacienda y que cuentan con un acta constitutiva, y que no encontró ninguna irregularidad en los casos denunciados.
También se dio a conocer que los Servicios de Salud celebraron contratos con las empresas Kazpher Proyectos Insumos y Mantenimiento S.A. de C.V. y con Servicios Empresariales Aplicados Glutivec S.A. de C.V., involucradas en la llamada Estafa Maestra de Baja California, por un monto de 22.5 millones de pesos; realizaron además una cena Navideña en 2019 con un costo de 2 millones 283 mil pesos ─que fue severamente cuestionada por diversos sectores sociales─, y adjudicaron un contrato para aseo y limpieza en hospitales y clínicas a la empresa Hidalgo Vigueras Consultores en Tecnología S.A. de C.V., una compañía dedicada a ofrecer servicios de ¡seguridad privada!, por un monto de nueve millones 887 mil 724 pesos.
Carreras López sabe perfectamente que las evidencias de corrupción que se conocen son de suyo un golpe político para su imagen y la de su administración, pero dar la cara lo expondría aún más. Como buen priista debe pensar que suspender a Mónica Rangel en tanto se concluye una auditoría en curso sería un golpe político más, cuando es exactamente lo contrario, la sociedad reconocería voluntad de su parte para aclarar las cosas.
Pero todo lo que deja de hacer es parte de su estrategia para evitar que se activen mecanismos del Sistema Estatal Anticorrupción, como la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, aun cuando ambos están totalmente bajo su control ─en el primero está el fiscal carnal Federico Garza, y próximamente se nombrará uno a modo para la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción─.
El mecanismo que ya se activó por la presión ciudadana, que a su vez obligó a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado a actuar en consecuencia, fue el de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que por órdenes de esa comisión realiza una auditoría a las Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2019. Seguramente, el gobernador dejará que pase el mayor tiempo posible ─o presionará para que eso suceda─ antes de que la ASE entregue los resultados de esa revisión.
En la Cuenta Pública 2018, la ASE ya había hecho observaciones a los SES por un monto de 13 millones 619 mil 358 pesos y había solicitado aclaraciones por otros $50 millones 372 mil 624 pesos. “Total de Resarcimiento: $ 0.00” ─Punto 11 del los Informes de las Cuentas Públicas 2018 del Congreso del Estado, correspondientes al Poder Ejecutivo─.
¿Qué no se podrá encontrar en una auditoría a fondo de tres años en los Servicios Estatales de Salud? El asunto es cuánto tiempo tardará en estar concluida esa investigación. Luego pasará a la Fiscalía General o a la Fiscalía Anticorrupción donde, como sucede con varios casos de ex diputados y del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, dormirá un buen tiempo el sueño de los justos con la intención de que la indagatoria se desvanezca y se olvide con el paso de los meses hasta que Carreras termine su gestión y el caso también quede en la impunidad. Al tiempo… si la sociedad no reacciona y presiona.
Nava, incontenible con la propaganda personalizada
A Xavier Nava parece no importarle en lo más mínimo que regidores, periodistas independientes y una organización civil le señalen el injustificado e insultante gasto que hace en medios y plataformas digitales para promover su imagen. Hasta mayo pasado su administración había gastado ya 30 millones 18 mil 927 pesos en el rubro de Comunicación Social y Publicidad, dirigido principalmente a producir y difundir mensajes a su favor.
El pasado 27 de mayo, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) hizo llegar un escrito al presidente municipal haciéndole notar el excesivo gasto que hace en promoverse, que “Tal derroche de recursos no acarrea ningún beneficio a la población”, y que está violentando el artículo 134 de la Constitución que prohíbe la propaganda personalizada, razón por la que le exigían proponer al Cabildo una represupuestación del gasto en su imagen, reencauzar esos recursos a la atención de necesidades prioritarias del municipio, y adelgazar la oficina de Comunicación Social, así como diseñar un auténtico programa de Comunicación Social “al servicio de la población”.
En la sesión de Cabildo del 12 de junio pasado, regidores panistas y el síndico municipal ─también panista─ exigieron al alcalde evitar el excesivo gasto que se hace en su propaganda y redirigir esos recursos a la atención de necesidades apremiantes de los habitantes de la capital del estado, e hicieron alusión al documento del FCA. Pero el presidente municipal ha hecho caso omiso a las legítimas exigencias de integrantes del Cabildo y de la organización civil.
Por tal motivo, el pasado 7 de julio el FCA hizo llegar una carta a los regidores y síndicos del ayuntamiento pidiéndoles que, en vista de la actitud indolente del alcalde, promuevan que se apruebe en Cabildo un parámetro de moderación que evite el derroche de recursos en propaganda personalizada del alcalde, y retomar e impulsar los tres puntos que los ciudadanos exigieron en el escrito del 27 de mayo.
De otros políticos como Ricardo Gallardo Cardona u Oscar Bautista Villegas ─que ya están en la mira del INE al igual que el alcalde por violaciones a la Constitución─ era de esperarse el dispendio en autopromoción, pero no de quien dijo que modificaría las prácticas corruptas y engañosas que llevaron a cabo administraciones anteriores y de quien abrevó desde el seno familiar la intachable ética social y política de su abuelo, el doctor Salvador Nava Martínez.
Cada peso que Xavier Nava gasta en su imagen demerita en algún sentido la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Luis Potosí. El erario y la alta responsabilidad de servir desde la presidencia municipal no es asunto de intereses particulares ni de futuras elecciones. Él lo sabe pero no le importa.
