Estela Ambriz Delgado
Respecto de las propuestas que autoridades náhuatl, tének, y xi’ui hicieron para que
sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) Juan Felipe Cisneros Sánchez, aseguró que las comunidades indígenas ya no quieren más de lo mismo en el ámbito gubernamental, pues entre sus principales demandas está el manejo directo de recursos y la elección de sus autoridades lectorales por medio de sus sistemas normativos.
El activista consideró que en el caso de la autoconsulta indígena para contribuir en la elaboración del PND 2025 -2030; las representaciones se esforzaron por colocar sus propuestas y sus preocupaciones en el ámbito federal, ya que en el Estado se quedó corto, y las mismas denotan que en los pueblos y comunidades indígenas no se quiere ya más de lo mismo en cuanto a la gobernabilidad se refiere, pues existe una creciente demanda por la elección de autoridades lectorales de acuerdo sus sistemas normativos, así como la exigencia de no reelección, ni nepotismo.
De igual manera, hizo mención de que dado el contexto de la reciente reforma constitucional del artículo 2, la agenda indígena se reposiciona, y se suma el hecho de que la presidenta de la República, Claudia Sheimbaum Pardo, aplicó una reforma programática y presupuestal en 2025, que implica dar acceso directo a la comunidad indígena en un apartado del presupuesto que, si bien es un margen mínimo del 10 por ciento, crea un ambiente de expectativa social de grandes proporciones.
En este sentido también señaló que la acción debe ampliarse en el futuro, pues hay municipios con una mayoría de población indígena que merecería el 100 por ciento de ese presupuesto, y no los ayuntamientos que comúnmente son encabezados por personas no indígenas y hacen uso opaco de los recursos federales, razón por la cual es una de las principales demandas de las comunidades.
“El hecho de que se le reconozca el manejo directo de los recursos públicos, logra un importante avance y que va por más, pese a las resistencias de presidentes municipales y de los gobiernos de los estados que quieren continuar con sus prácticas clientelares para manipular la voluntad popular a través del ejercicio presupuestal”.
Cisneros Sánchez subrayó que otro aspecto toral es que las comunidades plantean quejas y exigencias hacia las instituciones federales y estatales para que atiendan sus derechos humanos en todo orden, como el acceso pleno al registro básico de su identidad personal para poder acceder a la jurisdicción del estado, porque el registro civil en municipios y regiones indígenas está descuidado, alejado de la geografía y las realidades indígenas, donde también hay personas discapacitadas y de la tercera edad para quienes es casi imposible.
Resaltó también la exigencia de apertura para la presentación de sus planes en distintos niveles para impulsar su desarrollo bajo su propia perspectiva e identidad cultural, pues quieren más una visión de desarrollo ajena a sus propias necesidades y prioridades, por lo que también aportan propuestas para la defensa sus tierras, aguas, biodiversidad y medio ambiente.
“Las comunidades indígenas no aspiran a mega proyectos que se definen desde la atmósfera macroeconómica y en beneficio sólo del mercado; sino planes, programas y proyectos que surgen desde abajo y para beneficio de quienes hacen producir la tierra y para quienes han cuidado de ella, el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, expresó.
