Por Victoriano Martínez
Han pasado 482 días desde de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en la Plaza de los Fundadores, bautizó a sus antecesores como herencia maldita por la gran secuela de actos de corrupción, y hasta hoy sólo cuatro exfuncionarios han sido vinculados a proceso por cantidades insignificantes ante las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
A prácticamente un año y cuatro meses del gobierno que actuaría contra la imperante corrupción en el sexenio de Juan Manuel Carreras López se vuelve al tema justiciero con la “revelación” de avances en la investigación de presuntas irregularidades al interior de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Antes que una auténtica cruzada justiciera contra las corruptelas del gobierno de Carreras López, el tema parece más un expediente del que se puede disponer cuando, por alguna razón, la actual administración considera que se debe refrescar ante la opinión pública su actitud de combate a la corrupción.
Material tienen de sobra, por lo que sorprende que los cuatro casos judicializados hasta ahora (Mónica Rangel, Jaime Ernesto N., Miguel Ángel N. y Leopoldo N.) acumulen irregularidades que no llegan ni a los 100 millones de pesos, cuando Gallardo Cardona suele hablar de un saqueo multimillonario.
Material tienen de sobra si se toma en cuenta que de 2017 a 2021, los resultados de las auditorías practicadas por la ASE acumulan en señalamiento de aplicación irregular de los recursos públicos por 6 mil 413 millones 77 mil 357.49 pesos: 3 mil 793 millones 524 mil 685.46 pesos en pliegos de observaciones y 2 mil 619 millones 552 mil 672.03 pesos en solicitudes de aclaración.
Durante ese mismo periodo, el monto observado con irregularidades a la CEA acumula 35 millones 528 mil 678 pesos, de acuerdo con los informes de auditoría publicados por la ASE.
Sin duda se trata de irregularidades en las que puede estar involucrada la comisión de algunos delitos y lo que hoy se informa desde la autoridad estatal cuenta con bases para ejercer algún tipo de penal, pero apenas representa el 0.55 por ciento de lo observado en esos cinco años por la ASE al uso del erario en el Estado de 2017 a 2021.
Es como si de un grupo de personas que se robaron 100 pesos se anunciara castigo para quien se robó apenas 55 centavos y con ello se presumiera que se castiga un terrible saqueo y que no lo dejarán en la impunidad.
Desde luego que castigar a quien cometió un ilícito es una buena medida contra la corrupción y la impunidad, pero ante la desproporción contra la totalidad de las irregularidades reportadas por la ASE, no se debe perder de vista que la acción sólo muestra el gran tamaño de lo que se queda en la impunidad.
Irregularidades por 6 mil 413 millones 77 mil 357.49 pesos en la administración pública en los últimos cinco años del sexenio pasado hablan del tamaño de la corrupción imperante de durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López, sobre todo porque se trata de la cifra formal que dio a conocer año con año la ASE, tras el innegable y legendario proceso de limpieza de las cuentas.
Una corrupción que imperó con Carreras López a la cabeza, especialmente como gran simulador de su combate con la bandera anticorrupción ondeando desde el primer día, cuando hoy los indicios muestran que no sólo la permitió, sino que también la encubrió.
Han pasado 482 días desde de que en la Plaza de los Fundadores se generó la expectativa de que, por las razones que fueran, las corruptelas de un sexenio no quedarían impunes… y no han dejado de ser expectativas.
