Por Victoriano Martínez
De no ser porque las consecuencias son gravemente perjudiciales, se podría decir que con Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social los diputados se aventaron un buen chascarrillo: el primer efecto de la nueva ley fue dejar en la incertidumbre a cuando menos 32 trabajadores de la Promotora del Estado y a un importante número de familias sin saber qué pasará con su trámite.
Una incertidumbre provocada por la Ley de Certeza porque el segundo párrafo del artículo sexto transitorio señala que “el personal de la extinta Promotora del Estado, será liquidado o en su caso readscrito a otras dependencias o entidades del Poder Ejecutivo del Estado”, pero desde este lunes encontraron su centro de trabajo cerrado con candado.
¿Ya están despedidos? No hubo aviso previo sobre su situación laboral, específicamente sobre el procedimiento para ser liquidados o para optar por la readscripción a otra dependencia, y no al Instituto de Regularización y Vivienda Social para dar continuidad a los trámites ya iniciados.
La única certeza para los hoy exempleados de la ya extinta Promotora del Estado que les da la nueva Ley es que les han violado todos sus derechos laborales y humanos, y ante esa arbitrariedad tendrán que valorar sus opciones de defensa.
Una incertidumbre provocada por la Ley de Certeza porque en sus artículos transitorios no contempló un periodo de transición que evitara que los usuarios de los servicios de la Promotora se vieran afectados.
“Los asuntos en trámite, que se encuentren pendientes de concluir por parte de las extintas Promotora del Estado de San Luis Potosí, e Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí, serán terminados por el INREVIS”, es todo lo que dice al respecto el noveno artículo transitorio.
En el octavo transitorio se establece un plazo de hasta 90 días para “la instalación formal del Consejo de Administración del INREVIS, en el que se le dé cuenta del alcance legal de este Decreto y propondrá ante el mismo para su designación a la persona titular de la Dirección General”.
Sin Consejo de Administración ni titular, difícilmente el nuevo Instituto podría completar los trámites pendientes en la automáticamente extinta Promotora del Estado, en cuya sede se quedaron encerrados los papeles de cientos de familias que estaban por alcanzar la certeza jurídica sobre sus viviendas.
Peor aún. Los trabajadores que conocían los expedientes tenían claridad sobre el punto del proceso de regularización en el que se encontraban ya no volverán a atenderlos porque serán liquidados o se les reubicará en otras dependencias del gobierno.
No sólo se desperdicia la experiencia, buena o mala, que hayan acumulado de entre 15 y 20 años, sino que se condena a los usuarios de los servicios de la Promotora a tener que tratar con nuevo personal que apenas va a aprender cómo es el procedimiento, luego tendrá que revisar sus expedientes y en algún momento estará en condiciones de continuar con el trámite.
Tan sólo de las colonias Maravillas primera y segunda sección se cuentan 100 familias. ¿De cuántas colonias y con cuántas familias en cada una se puede hablar de que estaban en condiciones en las que les faltaba poco para obtener las escrituras de sus viviendas? ¿Hasta cuándo van a poder volver a tener certeza de que su trámite avanzará?
Todavía después de que se instale el Consejo de Administración y se nombre al titular del INREVIS dentro de los siguientes 90 días, el artículo décimo tercero transitorio contempla un plazo no mayor a ciento ochenta días siguientes a la instalación del Consejo para que se expida el reglamento interno del nuevo instituto, el que regirá su actuación.
A la Ley de Certeza no sólo le faltó prever el periodo de transición, sino que estableció plazos que alcanzan hasta un máximo de nueve meses para estar en las condiciones plenas para operar.
Hasta ahora, la única certeza que otorga la nueva Ley a quienes la requieren, y habían iniciado su trámite, sobre su patrimonio y sus viviendas sociales es que podría tardar hasta nueve meses el periodo en el que vivirán en la incertidumbre sobre la continuación de sus gestiones. Después de eso, ya se verá si efectivamente les dará certeza sobre su patrimonio.
