Estela Ambriz Delgado
Las obras de rehabilitación en el Barrio de San Miguelito no sólo han sido impuestas con total opacidad, así como afectado el patrimonio y la vida cotidiana de sus habitantes, con graves problemas de movilidad e inclusive de salud, sino que también se dañó la relación social entre vecinos a causa del manejo de grupos con apoyos de despensas y otros favores de parte del Gobierno del Estado.
Así fue expresado durante la participación de Martha Elena Hernández Luicio, del comité vecinal del Barrio de San Miguelito, en el foro “Desarrollo Urbano y Obra Pública, el daño patrimonial de errores políticos”, realizado por el Centro Potosino de Estudios Políticos y Sociales “Dr. Salvador Nava Martínez”.
La ciudadana expuso el largo proceso que ha representado la defensa de su barrio ante la imposición de una obra desde agosto de 2023 sin siquiera conocer el proyecto, y por lo que han tenido que enfrentar el ataque por parte de los entonces legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como de los grupos que el gobernador “mueve” en San Miguelito, y una excesiva lentitud en su avance.
“El gobernador, junto con los diputados de su mismo partido, pusieron a la gente en contra de nosotros, la misma gente del barrio, nos contrapuntearon. Sabemos que en las colonias hay grupos antagónicos, y en este caso el gobernador mueve grupos dentro de San Miguelito que son las señoras a las que dan despensas o que son personas que han recibido algún favor por parte del Gobierno del Estado”.
La vecina detalló que estas personas han estado constantemente en contra de quienes recurrieron al amparo contra las obras, generando un discurso de que ellos sí querían que se llevaran a cabo, como si la contraparte simplemente las rechazara, cuando lo que pedían en el amparo era conocer el proyecto, se atendieran previas solicitudes de rehabilitación del drenaje y otras problemáticas, así como asegurarse de que se haría un trabajo de calidad.
La situación finalmente generó un conflicto entre ciudadanos del mismo barrio, dañando el tejido social, aunado al daño al patrimonio histórico, complicaciones de salud, dificultades de movilidad en general y particularmente para las personas de la tercera edad o con discapacidad, así como en los casos de clínicas de salud de la zona y consultorios, cierre de comercios, y daños al medio ambiente.
De igual forma, Hernández Lucio señaló que han observado poca o nula supervisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y de las constructoras, pues los supervisores dejan de asistir por semanas y quienes tomaban las decisiones eran los albañiles, por lo que consideran no se sigue un proyecto, no hay mano de obra calificada, pues han visto inclusive niños trabajando, además de que desconocen el paradero de los adoquines.
