Abelardo Medellín
De cara a la elección más compleja que hemos visto en la historia democrática del Estado Mexicano, San Luis Potosí se deja ver, en un par de semanas, como una palestra política cuyos procesos electivos y democráticos no pueden ser calificados más que de fallidos y problemáticos.
Lo que antes podría ser considerado el Estado que dio génesis a los organismos electorales ciudadanos, hoy se nos presenta como un nuevo (des)orden democrático dónde los nombramientos de Unidades de Pueblos y Comunidades Indígenas son revocados, las elecciones internas de partidos se deben reponer y las decisiones del Legislativo para nombrar titulares de organismo como el de Derechos Humanos, pecan de indolentes.
La semana pasada, el Congreso del Estado votó y reeligió a Giovanna Argüelles Moreno como ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entra protestas y manifestaciones ciudadanas que pedían a los legisladores una sola cosa: no reelegir a Giovanna.
Pese a las peticiones, argumentos y la historia reciente cuyo devenir ordena por lógica lo contrario, los legisladores permitieron que Argüelles Moreno permanezca en el cargo por otro periodo más.
Los legisladores parecen haber ignorado que, a su reelección, Giovanna llegó con una infame lista de pendientes que nunca enteró al Consejo Ciudadano de la CEDH y al mismo tiempo llegó a violar los procedimientos básicos del cargo al haber entregado al Congreso el proyecto presupuestal 2025, sin que esté siquiera fuera sometido al escrutinio de los consejeros ciudadanos.
Durante su mandato, los consejeros dieron de sí tanto como pudieron con tal de señalar el desaseo de omisiones que Argüelles Moreno dejó en la comisión, y en lugar de un castigo ejemplar, el Legislativo premió a la comisionada otorgando una reelección que huele más a “acuerdo sucio” que a “segunda oportunidad”.
A la par de la tragedia dentro de la CEDH, el Tribunal Electoral del Estado, resolvió que el Ayuntamiento de la capital a cargo de Enrique Galindo Ceballos, debía repetir el proceso de selección de la persona titular de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, con lo que dejó sin efectos el nombramiento de Palmira Flores García como directiva del área.
Ya desde enero pasado, Flores García había advertido que grupos de comunidades indígenas de la capital habían mostrado un profundo desacuerdo contra su nombramiento e incluso habían afirmado que desconocían su titularidad; entonces, la hoy ex titular afirmó que esto se debía únicamente a presuntas decisiones unilaterales sobre el proceso de elección al cargo.
Ahora, dichas comunidades lograron derribar la elección de Palmira frente a la Unidad a través de un argumento que alude a la carencia de una convocatoria en lenguas Mazahua, Mixteca Baja, Xiou’i, Pame y Huachichil.
Mientras que los grupos al interior de estas comunidades se debaten públicamente el cargo y el proceso para determinar quién lo ocupará, el espacio ha quedado acéfalo y pone a dichas Comunidades en una condición similar a la que, cualquier de los dos grupos, pudo temer: una carencia de representación oficial en un espacio de toma de decisiones.
En un limbo similar navega el Partido Acción Nacional de San Luis Potosí. Cuando la aspirante Lidia Argüello Acosta señaló que en el proceso de elección interna de la dirigencia se detectaron irregularidades como presiones y desestimación de actas con perfecta validez legal, nadie dudó que esta fuera la evidencia cristalizada de los profundo intereses que tiene Verónica Rodríguez Hernández para perpetuarse en el Partido, al menos hasta que pueda dejar suficientes lacayos que le aseguren una elección jugosa en el 2027 o una salida digna en el 2030.
Pese a la obviedad de las faltas y artificios, Verónica pateó el bote tanto como pudo y el bote le golpeó de regreso cuando esta semana la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó la decisión del TEE que ordenaba reponer el proceso de elección de la dirigencia.
Las decisiones y omisiones de Verónica Rodríguez durante las últimas semanas auguran un futuro problemático y poco alentador para los militantes del partido. Una dirigente que prefiere estirar la liga de la peor actitud posible y rayar en el desacato a una orden judicial, no figura como un perfil competitivo, serio, ni mucho menos considerable para representar a nadie en el futuro. Porque si de algo sirve defender el orgullo partidista que con tanto ahínco defienden, deberían preguntarse: ¿Una dirigencia que rompe la ley e ignora a los órganos jurisdiccionales, es reflejo de los esfuerzos y principios del resto de la militancia?
Lo que todos los casos aquí rememorados tienen en común, es que la falta de apego a principios democráticos (expresos e insultantes como en el caso del PAN o de fondo y dolosos como el del Congreso) provocaron que estos espacios carezcan de la representación justa que el proceso electivo correspondiente debía asegurar.
La Unidad de Pueblos y Comunidades Indígenas del ayuntamiento de la capital se ha quedado sin una titularidad y legitimidad que ayuden a llevar las exigencias de estas comunidades a la autoridad; ¿Cómo exigirán la atención de sus necesidades si ahora están insertos en una batalla por hacerse de la silla? La CEDH quedará bajo la titularidad inactiva e indolente de una representante cuyos antecedentes plantean más miedos que razones para darle el beneficio de la duda. Y la dirigencia del PAN, justo cuando debería organizarse como la oposición que dice ser rumbo al 2027, se encuentra en una encrucijada donde los mejores intencionados no saben cómo hacer que se cumpla la ley y la autonombrada dirigente no le interesa y no quiere cumplirla.
En nuestro estado entonces, los espacios que deberían ser para el acuerdo y la suma, se convierten en campos de batalla por una fracción del poder; los cargos que deberían estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía son entregados a la opacidad de la simulación, y las dirigencias con el potencial de organizarse y competir, se fracturan por berrinches autoritarios carentes de toda justificación.
Claro, el estado de derecho, visto desde estos casos, se deteriora, pero para ser más justos, quienes pierden somos nosotros. Las personas que debemos navegar entre la indolencia, la confrontación y la terquedad, de intereses que están dispuestos a todo, menos a respetar la ley, el diálogo y los principios por los que deberían regirse.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
