Olga Elizabeth Lucio Huerta – Lúminas, A.C.
Ariel tenía apenas tres días de haberse incorporado a las labores de construcción de la Arena Potosí; uno de los muchos proyectos estandarte del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El pasado 28 de junio murió prensado por una estructura de varillas mientras realizaba labores a casi 10 metros de altura. Quise saber quién era ese hombre, de cuya muerte el Gobernador hizo muy desafortunadas declaraciones tras “opacar” su magna obra con su muerte. Encontré poca información de quién fue. Una nota de un medio independiente señala que provenía de Oaxaca y que tenía entre 35 y 40 años. No encontré información certera sobre su edad, su nombre, sus sueños, si su familia contará con una adecuada reparación del daño. O si existirá una investigación de las condiciones en las que murió. Mucho menos hay información de las condiciones laborales bajo las cuales fue contratado o ¿subcontratado?
Hace también, unos días, el joven César Gerardo, trabajador de la tienda Vertiche, ubicada en la calle Zaragoza de la capital potosina, falleció al realizar labores peligrosas sin el equipo adecuado. El secretario de Trabajo Néstor Eduardo Garza Álvarez se limitó a pronunciarse en sus redes personales al respecto y Protección Civil clausuró las instalaciones de la tienda, que también fue multada. Estas acciones fueron en parte porque la familia de César comenzó a hacer presión pública. A pesar de ello, hace unos días mientras caminaba por Zaragoza noté que la tienda de ropa se encontraba funcionando con normalidad.
Y es que parece que para algunos funcionarios públicos hay vidas que importan y otras no.
En redes sociales circula un vergonzoso clip del Operativo Diamante, del que tanto se enorgullece la alcaldesa Sandra Cuevas: con una banda sonora heroica se puede observar cómo policías retiran con cara de asco, casas de campaña, cobijas, prendas, comida y pertenecías de personas en situación de calle, mientras que al fondo se ve una mujer luchando por recuperar sus cosas. Sandra Cuevas del otro lado observa con aprobación. Fue en Twitter, desde su cuenta personal, donde la directora de la Instancia de las Mujeres del municipio de San Luis Potosí, Guadalupe Almaguer, no tuvo empacho en aprobar el actuar de la alcaldesa con la que comparte filiaciones políticas, no sin antes hacer comentarios estigmatizantes y criminalizantes sobre las personas en situación de calle. Más allá de un chisme de redes sociales, es preocupante que haya funcionarios públicos que perpetúan la idea de los ciudadanos de segunda. Especialmente si tienen la atribución de trabajar con poblaciones vulnerables.
Estas acciones que narro son el resultado de un proceso que ha naturalizado la posibilidad de que hay vidas sacrificables. Lo anterior lo teoriza el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien retoma el concepto de la nuda vida o vidas desnudas del Alemán Walter Benjamín, dice el italiano: “Son vidas desnudas, o nudas vidas, aquellas cuya fragilidad está expuesta a la muerte y al vejamen porque nadie puede interceder por ellas. Toda la estructura social y política está montada para que la nuda vida pueda ser posible, y no es que sea una vida previa a la (…) vida vivida dignamente, es desnuda porque la han desnudado”.
Es así, que, entre el caos y la incredulidad, entre gobernantes que valoran más un proyecto de obra que un proyecto de vida, que pueden definir quiénes son ciudadanos de segunda clase y quiénes no. Es ahí que la vida muere impunemente, es ahí donde la vida puede ser despojada de dignidad, mientras el poder soberano elige con el dedo cuáles son las vidas que no importan.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Olga Elizabeth Lucio Huerta es activista feminista y defensora de derechos humanos, actualmente colabora en Lúminas A.C y en Marea Verde SLP, es pasante en Lengua y Literatura. Cuenta con formación en perspectiva de género, derechos humanos y educación popular.
Lúminas, A.C. es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos con especial atención en las mujeres y las infancias y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). La integran Olga Elizabeth Lucio Huerta, Gabriela Alejandra Rodríguez Cárdenas, Mónica Reynoso Morales, Fátima Patricia Hernández Alvizo y Maritza Aguilar Martínez.
