Carlos Rubio
Claudia lleva viviendo toda su vida en un complejo departamental ubicado en la calle Benigno Arriaga número 210, donde también vive su familia. Estos departamentos son el patrimonio que ha mantenido a lo largo de su vida, el cual se ha visto deteriorado por un negocio de lavandería que se encuentra a un lado, situación ante la cual ha pedido la ayuda de las autoridades, las cuales no han sido competentes para resolver el problema.
Según relata Claudia Castillo Silos, a un lado de su vivienda se encuentra una lavandería que opera desde hace varios años, sin embargo desde el 2017 cambiaron las lavadoras y secadoras convencionales por unas de uso industrial, las cuales hacen mucho ruido durante la mayor parte del día, molestando a toda su familia, quienes viven en los departamentos.
Aunado a ello, en el techo de la lavandería se instalaron dos tinacos pegados a la pared del primer piso del complejo departamental de Claudia. Una bomba se encontraba prendida todo el día ,lo cual ocasionaba que los tinacos se llenaran al máximo y constantemente derramaran agua sobre el muro de los departamentos, causando daños estructurales y el desperdicio del agua.
La primera instancia a la que Claudia acudió por ayuda fue la Dirección de Comercio del Ayuntamiento, en donde le dijeron: “No pasa ahí ese negocio, porque es un lugar muy pequeño, tienen todo amontonado, no tienen salidas de emergencia”. Y de repente, la misma dirección le otorgó el permiso a la lavandería para operar legalmente.
Al verse ignorada, Claudia fue a la Dirección de Protección Civil Municipal, quienes le realizaron un peritaje, expidiéndole una carta afectación firmada por su director, Adrián Álvarez Botello, en donde se informa lo siguiente:
Se observó la humedad referida manifestándose en el muro de su propiedad y que colinda con el inmueble donde opera una lavandería (…) Es importante prevenirle para que esta humedad no llegue a instalaciones eléctricas de su vivienda, ya que podría representar un alto riesgo de conductividad eléctrica con alta probabilidad de afectación a la integridad física de las personas que allí habiten, por lo que se recomienda que estas situaciones anteriormente descritas sean tratadas con los propietarios del inmueble.
Y esto ocurrió: comenzó a salir agua de los contactos eléctricos que se encuentran en el muro colindante del departamento de Claudia con los tinacos de la lavandería, poniendo en riesgo la integridad de su madre y su padre, personas mayores que habitan en la planta baja, la de sus dos niños y tres adolescentes que viven en el primer piso y la de su hermana, que vive en el segundo piso.
“(El dueño de la lavandería) se llama Martín Cerda Ortiz, he hablado por las buenas y por las malas con él y dice que él está en su negocio y hace lo que quiera y que él es muy influyente y que él vive en las Lomas y nadie le hace nada, que le mandemos a quien sea”, comenta Claudia con desesperación.
Como Protección Civil no quiso hacer algo al respecto, ahora Claudia fue a la Dirección de Desarrollo Urbano, donde dejó una carta explicando la afectación a los muros de su domicilio y el riesgo inminente en el que se encuentra su familia, sin embargo una vez más la respuesta fue negativa.
Claudia regresó a la Dirección de Comercio para enviar otra carta pidiendo que se revisara nuevamente el negocio, en la que reitera: “Usted conoce las irregularidades que presentan y lo ha verificado por su propia persona y personal a su cargo, por lo que le pedimos nuevamente se agilicen los tramites correspondientes y NO otorguen licencias de funcionamiento, ya que no estamos de acuerdo con el negocio que aquí se menciona”.
Misteriosamente, el 23 de abril de 2019 el negocio fue clausurado, según Claudia, por la Dirección de Comercio, no obstante media hora después de que los sellos de clausura fueron colocados, el negocio volvió a operar con normalidad.
Luego de esto Claudia decidió acudir a la Dirección de Ecología, instancia a la cual ha enviado tres cartas sin recibir una respuesta favorable. Ahí ha denunciado la contaminación auditiva de la que es víctima, un recurrente olor a gas, una chimenea con salida ubicada en la ventana de un vecino y el uso indebido de maquinaria industrial en una zona habitacional.
Recientemente denunció el negocio ante el Interapas, ya que le parece “extraño” que consuma una gran cantidad de agua diariamente, inclusive en días en los que ni ella ni ningún vecino tienen el servicio de agua.
En la carta enviada al director de Interapas, Fermín Purata, narra que las viviendas alrededor carecen de agua debido a que el negocio la “absorbe toda durante el día” y no es hasta que apagan su bomba cuando por fin comienza a salir un poco de agua por sus llaves.
La madre de Claudia, que vive en la planta baja, tiene un tumor en la cabeza, por lo que necesita descansar durante el día, lo cual no puede hacer por el constante ruido que hay en su hogar. Los dos niños pequeños no pueden dormir por la misma razón y los adolescentes no pueden estar en casa para concentrarse en sus tareas escolares. Ella tiene prescripción médica para controlar migraña que es intensificada por esta situación.
Al momento, Claudia tiene una demanda por los daños a su propiedad en contra de Martín Cerda Ortiz, a quien pertenece este negocio, sin embargo esta persona se ha negado a rotundamente a pagar por los daños, que, según un peritaje elaborado por un ingeniero civil, ascienden a 60 mil pesos por remoción y reposición del cableado y conexiones, además de daños ocasionados por las humedades en bardas colindantes.
En dicho dictamen pericial se especifica que para instalar “un local comercial destinado a lavandería ubicado en zona habitacional, debe de apoyarse la autoridad municipal en el consentimiento por escrito de los vecinos, es decir, que no cause molestias de ningún tipo (…) es necesario e importantísimo que las autoridades municipales revisen la licencia de funcionamiento y que el local además deje de funcionar como un predio sin bardas propias (…) los equipos de lavandería, con cimentación especial para aislar de todo tipo de ruido, y de vibración y trepidación factores que ponen en riesgo la salud de los habitantes de los predios vecinos”.
En una de las visitas que Claudia realizó al Ayuntamiento para interponer quejas, personal que labora ahí le dio una noticia: “Nos acaban de informar que a ellos los protege el de la Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), y de hecho eso me lo comentaron dos personas dentro del Ayuntamiento”.
Anteriormente, Claudia ya ha expuesto públicamente su situación, razón por la que teme la existencia de un conflicto de intereses dentro de este negocio con la presunta participación de Juan Carlos Banda Calderón, y que esto derive en represalias contra ella o cualquier miembro de su familia.
La última instancia a la que acudió Claudia es a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se encuentra en espera de alguna respuesta favorable.
Hasta ahora han pasado tres años desde que las paredes del hogar de Claudia no han dejado de retumbar por un negocio que quizás no debería encontrarse en esa zona. ¿Cuánto tiempo más deberá pasar para que alguna autoridad tome cartas en el asunto?
Aquí podrá encontrar todas las cartas que Claudia le ha hecho llegar a las distintas direcciones del Ayuntamiento sin que se le brinde solución alguna, la carta afectación emitida por Protección Civil y un peritaje realizado por un particular.
