Alejandro Rubín de Celis
Eugenio Govea, Cándido Ochoa, Paola Arreola, Edson Quintanar ni Gabino Morales lograron imponer a sus candidatos en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. El espectáculo que se vivió durante un mes en el Poder Legislativo luego del despido de Marcelina Oviedo, fue penoso y puso de manifiesto las ansias de poder de diversos grupos políticos, incluso al interior de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH).
Y todo porque no existe un mecanismo transparente, democrático y abierto a la ciudadanía para que se puedan proponer los mejores perfiles y elegir al más indicado en los puestos clave donde se manejan cientos de millones de pesos de dinero público.
Primero fue el diputado de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos quien en la primera semana, tras el despido de Marcelina Oviedo, cabildeó e intentó imponer en el cargo a la directora del Registro Civil, Lucy Lastras; luego vino la intentona por imponer a Guillermo Balderas Reyes, atrás de cuya candidatura presuntamente estaba el diputado del Partido Verde ─de ADN priista─, Cándido Ochoa Rojas, quien habría manipulado a Edson Quintanar para que éste llevara la propuesta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lo que finalmente hizo incluso sin presentar otras dos candidaturas que se habían acordado al interior de la bancada de Morena.
Pero lo más sorprendente sucedió en la víspera de la elección del nuevo oficial mayor. Una llamada telefónica que se hizo pública entre el diputado Pedro Carrizales Becerra y una supuesta emisaria de Gabino Morales, de nombre Roxana Hernández ─operadora de éste en la Huasteca potosina─ puso al descubierto la presumible intención del delegado de Programas Integrales del gobierno federal y de la diputada petista, Paola Arreola ─cuyo padre Jorge Arreola, ex presidente estatal del PRI, está detrás de sus decisiones políticas─ de imponer en el cargo al abogado Saúl Jiménez Pérez, ex oficial mayor del ayuntamiento de Soledad y director de Policía vial en la administración de la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre.
Apenas el miércoles 2 de abril seis diputados de la coalición JHH habían firmado un documento en el que pedían a Edson Quintanar Sánchez, presidente de la Jucopo, y a Sonia Mendoza, presidenta de la directiva del Congreso, considerar una terna en la que ni siquiera aparecía el nombre de Saúl Jiménez, que surgió como propuesta de último momento a cargo de Quintanar Sánchez.
A pesar de las presiones externas, finalmente resultó electa la maestra en derecho laboral, Marisol Deniz Alvarado Martínez, aunque con 10 votos en contra.
¿Qué lecciones deja esta atropellada elección?
Primero, deja en claro que la Oficialía Mayor es un apetitoso botín que legisladores y grupos políticos buscan controlar para ejercer un manejo discrecional y muchas veces abusivo de los millonarios fondos que ejerce el Congreso del Estado, lo que facilita la creación de redes de corrupción.
Segundo, que aunque fue producto de un cuestionable acuerdo político, la posición correspondía al grupo parlamentario de Morena; no obstante, legisladores de otros partidos y fracciones no están dispuestos a dejar esa posición tan fácilmente a cargo de otros, ni menos a que les amarren las manos en el manejo de los presupuestos, sobre todo cuando tienen el antecedente ─o lo han llevado a la práctica en otras legislaturas como diputados o senadores─ de que el manejo discrecional de esos recursos les genera clientelas políticas y futuras posiciones de poder.
Tercero, que no es con acuerdos políticos como se deben repartir los puestos más sensibles en el Congreso ─especialmente en las áreas de Finanzas, Contraloría Interna y la propia Oficialía Mayor─, pues eso no garantiza necesariamente el manejo honesto y eficiente de los fondos legislativos, por más que los diputados de la 4T así lo crean y lo aseguren con el cargo que les tocó. Que Marcelina Oviedo haya evitado abusos y excesos en muchos casos, no quiere decir que en todos, y una prueba de ello es el aumento que se acordó en la Jucopo para incrementar 20 mil pesos a los asesores de los diputados, presuntamente para compensar la reducción de los salarios de los congresistas, cuando todavía Oviedo era oficial mayor.
Cuarto, que para lograr las más amplias posibilidades de un manejo honesto y eficiente de los recursos públicos ─ante debilidades humanas como la tentación y la ambición, aunque no en todos los casos─ es necesario construir mecanismos de selección transparentes, democráticos y abiertos a la sociedad para que, con la participación y contribución de académicos, profesionistas, activistas y miembros de organizaciones civiles se elijan los mejores perfiles en lo técnico y, sobre todo, en lo ético, para que sean las personas más capaces y honestas las que ocupen esos puestos.
Es indispensable que en la construcción de esos mecanismos se asegure también la total independencia de los candidatos a los principales puestos, respecto de los diputados, para evitar suspicacias y complicidades.
Mientras tanto, hay que poner la lupa en la actuación de la Maestra Marisol Deniz Alvarado Martínez, para que cumpla cabalmente con sus responsabilidades y evitar que aquellos diputados ambiciosos logren su cometido. Porque, de que la van a presionar, la van a presionar.
