Eduardo Delgado
El senador Marco Antonio Gama Basarte propuso la aprobación de un punto de acuerdo en el Senado de la República para exhortar a la Fiscalía General del Estado al cumplimiento de un par de artículos transitorios de su ley orgánica, los cuales debió acatar hace poco más de medio año.
Para su estudio y, en su caso, aprobación, el planteamiento del legislador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, expuesto con carácter de “urgente resolución” y publicado en la Gaceta Parlamentaria de ese órgano colegiado, fue turnado el pasado día 15 a la Primera Comisión de Trabajo.
Expuso que el 20 de agosto de 2018, cuando se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se estableció un plazo de un año para proceder al nombramiento de fiscales y la creación de áreas especiales, de lo cual ha transcurrido “más de un año” sin que a la fecha se hayan cumplido, aunque en realidad sólo han pasado seis meses y unos días desde que feneció el periodo.
Es hecho notorio “la distracción” del titular de la Fiscalía de San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera, “al dejar pasar el tiempo” e incumplir su obligación de nombrar a los titulares de las fiscalías especializas, o responsables de unidades o delegaciones especiales, apuntó.
El 20 de agosto del año pasado se cumplió un año de la aprobación de la ley orgánica y en esa fecha venció el plazo para el cumplimiento del segundo y noveno artículos transitorios de ese ordenamiento.
El segundo ordena que, cumplido el año de su aprobación, “todo el personal” de la fiscalía debe ser nombrado conforme a las disposiciones previstas en su norma. El noveno señala que luego del mismo lapso deben instituirse las áreas “con las que no se cuente a su entrada en vigor”.
Gama Basarte expuso que, derivado de las modificaciones al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su aparado A, el Ministerio Público fue objeto de una profunda transformación, a fin de que las instituciones de procuración de justicia afrontaran los retos de la transición hacia el sistema penal acusatorio.
En ese contexto, refirió la tendencia nacional a la protección de ciertos grupos vulnerables y atención a tipos de criminalidades específicas.
La fiscalía, añadió en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, debe actuar con perspectiva de género e interculturalidad, es decir considerar las condiciones particulares de las mujeres y personas indígenas, para facilitarles el acceso a la justicia.
Para lo que debe nombrar fiscales, crear unidades o delegaciones especiales, en materia de Desaparición Forzada de Personas, y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas.
También, entre otros, para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, y Contra Migrantes.
Igual para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
