Antonio González Vázquez
Las diputadas y diputados del Congreso del Estado enfrentan un nuevo escándalo en su ya abultada lista de denuestos a la sociedad.
A lo mejor el caso de la Ecuación Corrupta no hubiese sido suficiente para designar como sinvergüenzas a los legisladores, el asunto de las empresas fantasma para facturar presuntas compras para ayudas sociales, es ya el colmo.
Se les puede acreditar sin asomo de duda, que son la peor de las legislaturas que han debido sufrir los potosinos.
Sin arrobo ni pena alguna, muchos de ellos andan en campaña en busca del voto de la misma gente a la que han defraudado. Otros, forman parte de equipos de campaña de sus respectivos partidos, en cuyo caso, actúan con un cinismo sin límites.
La acusación de Ciudadanos Observando no es poca cosa. Se trata de 25 millones de pesos facturados a través de empresas con domicilios inexistentes.
Se trata entonces, de una operación diseñada con el cuidado que imponen a sus actos los servidores públicos potencialmente corruptos.
Pero tanta suciedad acumulada en el legislativo tenía que caer por su propio peso y en este momento, como nunca antes en la historia del poder legislativo, se habían presentado tantas denuncias ante las autoridades judiciales en contra de los diputados.
Hay denuncias ante la Procuraduría General de Justicia y ante la Procuraduría General de la República.
La gravedad del caso está a la vista de todos, menos de los diputados que respondieron a la acusación con un comunicado de prensa insustancial y sin datos sólidos.
El momento en que se presenta este nuevo escándalo que huele a corrupción, es muy importante. En breve, los potosinos habrán de ir a las urnas a votar. Será en ese momento cuando los ciudadanos impongan una sanción ejemplar a las diputadas y diputados que están más cerca de la corrupción que de la honestidad y la verdad.
