Fernanda Durán
El asesor de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Hayro Leyva Romero, consideró que el Poder Legislativo local debería alejarse de la “tentación” que es políticamente correcta del lenguaje inclusivo, pero que afecta en indicadores de gestión y productividad, lo que resulta en “montones de iniciativas que le abonan poco a la legislación y no amplían derechos”.
El señalamiento lo generó durante el análisis de una propuesta de la diputada María Aranzazu Puente Bustindui, del Partido Acción Nacional (PAN), quien presentó una iniciativa únicamente para modificar la denominación de hombres y mujeres en las fracciones: I, II, lI y X, del artículo 119, y las fracciones: I, II, III, IV, V, VI, X y XI del artículo 124 de la Ley de Transporte Público del Estado.
“En el proyecto de decreto, porque no lo dice en la exposición de motivos, es realizar algo que últimamente ha sido como muy de moda en el Legislativo, es hacer un cambio en la denominación cuando hablamos de hombres y mujeres en el llamado lenguaje inclusivo (…) En todo caso habría que apostarle al lenguaje neutro que no necesariamente tengas que referirte a las, los, sino a las personas (…), pero estar modificando cosas como estas no creo que nos venga bien”.
La dictaminadora decidió marcar como improcedente la iniciativa debido a que se había esperado la ampliación de la exposición de motivos por parte de la diputada por un tiempo considerable, pero nunca se envió.
Además, la ley ya contempla que las menciones que en el ordenamiento se hagan en género masculino, se entenderán referidas también a las mujeres.
“Más allá de que efectivamente este lenguaje inclusivo para algunos chocante, para otros necesario, no le da más o amplia derechos a las mujeres”.
No obstante, el diputado Rene Oyarvide Ibarra votó en contra del acuerdo, al argumentar que el dictamen no toma en cuenta las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
