Alejandro Rubín de Celis
Desde hace más de tres meses Ricardo Gallardo Juárez y su hijo, Ricardo Gallardo Cardona están alarmados porque sienten cerca los pasos de la justicia. Pero la preocupación mayor por ahora es para el joven ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez quien ha sido nuevamente requerido por un tribunal federal luego de que hace tres años estuvo preso acusado de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita y haber sido liberado gracias a un amparo, y para ello busca afanosamente un escaño, ahora en la Cámara de Diputados, que le permita obtener fuero.
Por más que la dirigencia estatal del PRD diga que Gallardo Cardona no necesita de ese privilegio porque están a salvo sus derechos políticos, lo cierto es que el gallardismo ha hecho malabares en las últimas semanas para que el junior llegue de una u otra manera al Congreso de la Unión. Primero lo nombraron candidato a diputado federal por el segundo distrito; luego, para ponérsela más fácil negociaron con el PAN dentro de la Coalición por México al Frente para dejarlo en la primera posición al Senado por la vía plurinominal -en lo que significó una humillante maniobra para el panismo potosino- y cuando las dirigencias nacionales del PAN y el PRD “lo bajaron” al darse cuenta que les reportaría más perjuicios que beneficios electorales, echaron a andar una operación política para que nuevamente quedara como candidato a diputado federal.
Y es que en diciembre pasado los Gallardo y sus seguidores tuvieron conocimiento de que la justicia federal andaba nuevamente tras los pasos del joven ex alcalde de Soledad. Fue entonces que súbitamente lo designaron candidato a diputado federal y a nombre de las dirigencias nacional y local del PRD advirtieron que no permitirían que sus candidatos fueran objeto de persecución política o de campañas de desprestigio.
Como el temor era real y no querían sorpresas como en enero de 2015 cuando fue detenido y encarcelado, Ricardo Gallardo Cardona tramitó en febrero pasado un amparo contra actos privativos de la libertad para el cual le fue concedida la suspensión provisional. Fue citado a audiencia en el Centro de Justicia Penal el pasado 7 de marzo pero no se presentó y la comparecencia fue suspendida temporalmente.
Está claro que lo que el gallardismo busca es hacer tiempo a base de chicanadas hasta llegar a septiembre para que el hijo del alcalde de San Luis Potosí se siente en una curul y goce a partir de ese momento de ese indebido privilegio llamado fuero para que no lo alcance la justicia.
Una pregunta que surge es si este nuevo escenario para el Gallardo Cardona tiene que ver con los delitos por los que lo acusó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en 2015 o si se trata de la imputación de nuevos cargos, después de todo en la sentencia de amparo que permitió su liberación, el magistrado Ricardo Martínez Carbajal dejó abierta la posibilidad de que posteriormente se pudiera fincar algún otro delito al margen de los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por los que se le absolvió. (Consultar sentencia aquí, páginas 256 a 258).
Desde luego el todavía alcalde (por unas horas) Ricardo Gallardo Juárez debe estar muy preocupado por la situación que enfrenta su hijo, pero también por las demandas que él mismo enfrenta y por un contexto de situaciones que le son adversas.
Se acaba de conocer que desde hace semanas fue cerrada la pequeña farmacia de Sandra Sánchez Ruiz, la supuesta proveedora de medicamentos a la que se le pagaron más de 66 millones de pesos y que desde hace tiempo debe estar oculta en un recóndito lugar de que en noviembre pasado le fue negado un amparo para evitar que el SAT le revise sus cuentas y las operaciones con sus clientes. Gallardo Juárez sabe que si la autoridad fiscal encuentra irregularidades en el negocio de Sandra Sánchez Ruiz también irán sobre él, quien por cierto no gozará de fuero, figura que ya desapareció en el estado de San Luis Potosí.
Además, el Frente Ciudadano Anticorrupción ha presentado dos denuncias penales en su contra, una precisamente por la sospechosa compra de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz y otra por presunto enriquecimiento ilícito. La administración municipal de Gallardo Juárez no ha podido solventar observaciones financieras de la Auditoría Superior de la Federación por 440 millones de pesos y el Consejo Estatal Electoral ya determinó, al reponer un proceso sancionador por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que Ricardo Gallardo Juárez sí violó el artículo 134 de la Constitución General de la República al promover su imagen con recursos públicos.
Vaya escenario adverso para el clan Gallardo. Veremos qué destino les depara su particular situación y si la justicia los alcanzará o no en los próximos meses. Por lo pronto Ricardo Gallardo Juárez ya ha solicitado licencia como presidente municipal y este mismo 23 de marzo se registra ante la autoridad electoral para buscar su reelección, mientras que su primogénito y los abogados de éste seguirán desarrollando estrategias para evitar su comparecencia en tribunales.
