María Ruiz
El paro laboral iniciado el 13 de agosto por los trabajadores activos y jubilados del Poder Judicial del Estado llegó a su fin tras una reunión clave con las principales autoridades del sector.
El encuentro, que se celebró con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Arturo Morales Silva, y el subsecretario de Gobernación, Jorge Vega Arroyo, permitió alcanzar una serie de acuerdos que dieron respuesta a las principales demandas de los manifestantes.
La Comisión representante de los trabajadores, tanto activos como jubilados, participó en las negociaciones, por lo que se lograron compromisos específicos en torno a los pagos pendientes y la garantía de no represalias hacia quienes participaron en la movilización.
En primer lugar, se pactó que el pago del incremento salarial del 2 por ciento correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2023, se realizará a más tardar el próximo 31 de agosto. Este ajuste salarial había sido una de las principales exigencias de los trabajadores, quienes reclamaban su cumplimiento desde hace meses.
Asimismo, se acordó que el bono de puntualidad y asistencia correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024 se pagará a más tardar el lunes 19 de agosto, fecha que también se estableció para dar el premio de antigüedad.
Además, el pago del premio de puntualidad semestral será efectuado a más tardar el 31 de agosto de este año, lo que representa un respiro para los empleados que habían visto retrasados estos beneficios.
El tema de la atención médica también fue abordado durante las negociaciones. Se informó que este mismo día se llevará a cabo una reunión con el doctor Emanuel Acosta, director de Servicios Médicos de Gobierno del Estado, con el fin de brindar información actualizada a los trabajadores sobre los servicios disponibles. Esta sesión tendría lugar a las 13:00 horas, con el propósito de despejar dudas sobre la cobertura de salud para el personal del Poder Judicial.
Otro de los puntos críticos de las conversaciones fue el relacionado con los trabajadores jubilados. A las 14:30 horas del mismo día, se tuvo prevista una reunión con funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y del Poder Judicial para establecer una fecha concreta de pago de los beneficios que se adeudan a este grupo.
Esta medida ha sido una de las más esperadas, ya que los jubilados han manifestado su preocupación por la falta de cumplimiento en los pagos de sus prestaciones.
En un gesto de conciliación, las autoridades judiciales aseguraron que los días de paro, correspondientes al 13 y 14 de agosto, no serán considerados como faltas, por lo que no se verán afectados ni el bono mensual ni el semestral de puntualidad.
Además, se aclaró que no se emprenderán acciones legales, civiles, laborales, administrativas o penales en contra de los empleados que participaron en la manifestación, lo que ha sido recibido con alivio por parte del personal involucrado.
Finalmente, se programó una nueva reunión para el próximo 2 de septiembre, en la que participarán el presidente del Supremo Tribunal, el subsecretario de Gobernación, Jorge Vega Arroyo; y la Comisión de Trabajadores del Supremo Tribunal, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y evaluar el avance de los compromisos asumidos.
“Con estos acuerdos, los trabajadores del Poder Judicial del Estado hemos logrado avanzar en la resolución de nuestras demandas, aunque queda por ver si los compromisos adquiridos se cumplirán en los plazos establecidos. Por ahora, la manifestación y paro concluye con la esperanza de un diálogo continuo y soluciones tangibles para garantizar los derechos laborales del personal activo y jubilado”, informaron los manifestantes.
