Estela Ambriz Delgado
La especialista en justicia ambiental y derecho a la ciudad, María Suhey Tristán Rodríguez, consideró que es urgente tener una nueva Ley Ambiental para San Luis Potosí, pues la actual está desarmonizada, no sólo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Constitución, sino también con acuerdos regionales que son obligatorios para México.
Tristán Rodríguez señaló como ejemplo que en el ordenamiento estatal se indica que para solicitar información ambiental el ciudadano necesita justificarle a la autoridad para qué la quiere, lo que es contrario al derecho de acceso a la información pública en términos generales, y específicos en materia ambiental, así como al acuerdo de Escazú.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo Escazú” fue firmado por México en 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021, que establece el derecho a la información ambiental sin tener que justificar el motivo de la solicitud.
“La Ley Ambiental del Estado ya está completamente descontextualizada, tiene muchas cosas que ya no responden ni a la lógica de los tratados en materia ambiental, el acuerdo de París, de Escazú, incluso en materia constitucional, en términos generales de acceso a la información, entonces ojalá la abroguen”.
Asimismo, la catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) señaló que en junio de 2022 asistió por convocatoria de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, a una mesa de trabajo sobre dicho ordenamiento estatal, pero tras su participación ya no tuvo contacto con la comisión legislativa.
