Por Victoriano Martínez
En la sesión de este jueves, el Pleno del Congreso del Estado dará entrada a dos iniciativas de Ley de Amnistía casi iguales: la primera presentada por J. Jesús Martínez Rangel, director operativo de Renace, capítulo San Luis Potosí, y la otra por los diputados de Morena.
En lo esencial, ambas iniciativas simplemente trasladan al ámbito local el contenido de la Ley de Amnistía federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2020, salvo que la presentada por Renace, la asociación civil que preside José Mario de la Garza Marroquín, incorpora la participación de agrupaciones de ese naturaleza.
Al enumerar los delitos a los que se podrá aplicar la amnistía, al tratarse del narcomenudeo los diputados morenistas se limitaron a transcribir lo establecido en la ley federal vigente, por lo que se circunscribe a los casos que los ministerios públicos federales le remitan al fuero común.
En el caso de la iniciativa de Renace, para señalar el delito de narcomenudeo se remite a los artículos 322 al 331 Código Penal del Estado de San Luis Potosí, decreto 571, actualmente abrogado, que resulta más preciso que lo señalado en la propuesta morenista.
En cuanto a favorecer a los presos en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, la iniciativa de Renace reproduce textual el contenido de la ley federal, en tanto que los diputados morenistas se limitan a señalar a “personas que se encuentren en extrema pobreza”.
La diferencia más marcada entre ambas iniciativas, y comparada con la ley ya vigente en el ámbito federal, en el quinto párrafo del artículo 3 de la iniciativa de Renace en la que agrega a las instituciones que pueden tramitar solicitudes de amnistía a “las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos humanos y que se encuentren debidamente acreditadas”.
En la ley federal y en la iniciativa de los diputados de Morena, las solicitudes de amnistía sólo pueden ser presentadas por las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos.
Así, la iniciativa de Renace traslada el contenido de la federal al ámbito local, incorpora los delitos análogos del fuero común y en la incorporación de las asociaciones civiles como gestoras muestra su principal inquietud como organización. Tanto se basa en la ley, que –a pesar de ser una iniciativa para crear una nueva ley local– incorpora un artículo 3 bis, como si se tratara de una adición.
En ese artículo 3 bis, Renace enlista diez representaciones para la integración de la Comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía. En la fracción VI incorpora a “dos representantes de la sociedad civil que tengan por objeto la protección de derechos humanos”.
De esta manera, Renace no sólo tendría posibilidades como gestora de amnistías, sino que también podría ocupar un asiento en la Comisión que dictaminaría los casos a los que se les otorgue el beneficio. En la exposición de motivos de su iniciativa no se da ninguna razón por la que resulte necesaria esa incorporación.
Mientras la iniciativa de Renace omite mencionar la disposición transitoria que ordena a la Secretaría de Gobernación promover ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía, los diputados morenistas presentan su iniciativa como respuesta a esa disposición.
Consulte tabla comparativa de la Ley de Amnistía federal con las dos iniciativas que hoy serán presentadas al Pleno del Congreso del Estado AQUÍ.
