Alejandro Rubín de Celis
El dispendio en el gasto de publicidad oficial de los tres niveles de gobierno y la simulación de leyes que lejos de regular la práctica de asignar discrecionalmente recursos públicos a los medios de comunicación refuerzan ese modelo, hacen indispensable la exigencia de normas jurídicas que frenen esta práctica arbitraria en la que la única perdedora es la sociedad.
De acuerdo con datos revelados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y publicados por sinembargo.mx, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 62 mil 341 millones 600 mil pesos en el rubro de Comunicación Social y Publicidad, de los cuales, 20 mil 833 millones 500 mil pesos se fueron a las cuentas bancarias de Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión.
Como resultado de un amparo que favoreció a la organización civil Artículo 19, la Cámara de Diputados se vio obligada a aprobar en abril de 2018 la Ley General de Comunicación Social que no hizo más que legalizar las viciadas prácticas entre medios y entidades públicas, y dejó en manos de la Secretaría de Gobernación la asignación discrecional de la publicidad oficial, que potencialmente sirve como instrumento de control político.
La norma fue bautizada por los críticos como Ley Chayote en alusión al soborno que en una ocasión entregó el gobierno del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz a periodistas atrás de una planta de chayote, cuando el mandatario inauguraba un sistema de riego en el estado de Tlaxcala.
En el tercero transitorio de esa ley se obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación en un plazo de 90 días a partir de la publicación del decreto correspondiente, cosa que no se cumplió.
Muy a destiempo, pero la diputada Martha Barajas García ya presentó el proyecto de decreto en busca de la aprobación de la Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, el cual se elaboró a imagen y semejanza de la legislación general de la materia. Por esa razón reproduce en buena medida los mismos vicios e inconsistencias de esta última.
La iniciativa de ley de la diputada Barajas, que ya fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen, centraliza en la “Secretaría Administradora” a nivel estatal, que en los hechos es la Secretaría General de Gobierno ─a cargo de Alejandro Leal Tobías, gran conocedor del esquema de compra de publicidad a cambio de buen trato a los gobiernos, como directivo de medios y otrora propietario de uno, La Razón San Luis─, las decisiones relacionadas con la asignación de la publicidad oficial, lo que puede dar pie a la práctica de la zanahoria y el garrote: ‘te contrato si me tratas bien, no te contrato si me tratas mal’.
También deja en manos de esa instancia la elaboración de Padrón Estatal de Medios susceptibles de contratación, y de los lineamientos respectivos, que también se pueden prestar a actos discrecionales y a la eliminación de medios incómodos de ese registro.
El proyecto de decreto no describe mecanismos claros y suficientes para evitar que se presente propaganda personalizada como noticia, entrevista u otro género periodístico, como puede ser ─entre otros─ la obligación de detallar en las facturas el tipo y características precisas del servicio contratado, a fin de que no se recurra a generalidades que ocultan el verdadero propósito de la contratación.
Establece que el presupuesto anual no debe exceder del 0.5 por ciento del presupuesto anual del ente público de que se trate, porcentaje que resulta sumamente alto ─y que incluso considera en casos extraordinarios la ampliación presupuestal─ que seguirá dando enormes privilegios a los medios, como lo demuestra el periodista Victoriano Martínez Guzmán en la columna Caja Negra del pasado 5 de junio.
A diferencia de la ley general, la Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí carece de un capítulo o tan siquiera de un artículo que haga referencia al uso de los tiempos oficiales para evitar el pago de publicidad a televisoras y radiodifusoras con recursos públicos.
Aprobar este copypaste de la diputada Martha Barajas lo único que haría es legitimar la vieja y perversa relación prensa-gobierno basada en los contratos de publicidad ─que entre otras cosas engaña a las audiencias al presentarle propaganda como información periodística─ y en el control gubernamental sobre los medios de comunicación.
Al publicar versiones parciales o sesgadas de la realidad y promover la imagen favorable de políticos que por lo regular no corresponden a la verdad, los medios y las entidades públicas que se prestan a este juego desinforman a la sociedad y provocan la autocensura que es la antípoda de la libertad de prensa.
El gobierno del estado tiene un presupuesto para este año en comunicación social y publicidad de 83 millones 712 mil pesos, mientras que el del ayuntamiento de la capital asciende a 72 millones 41 mil pesos ─incluida una ampliación presupuestal─, un cuantioso presupuesto público para, en buena medida, dar imagen con fines privados a sus titulares.
Lo que se requiere, como lo han demandado expertos, académicos y organizaciones civiles especializadas en el tema como Fundar y Artículo 19, es derogar la ley general aprobada en abril del año pasado y aprobar una nueva que establezca criterios claros para la asignación de publicidad oficial y evite el control de los medios desde el Estado; y que esa nueva legislación contenga artículos transitorios para armonizar la leyes en los estados bajo principios democráticos, no importaría tanto que fuera una copia, pero que fuera una ley modelo que contenga las mejores prácticas en el tema.
Y si no se deroga la ley general en un plazo razonable ─digamos en lo que resta de este año─, es preciso que la actual legislatura promueva una ley local que acabe con la discrecionalidad en la compra de publicidad a los medios y con esa relación perversa que daña profundamente el derecho a la información de las personas.
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Nota: por vacaciones del autor, esta columna no aparecerá el viernes 21 de junio de 2019.
