Por Victoriano Martínez
Si algo han demostrado los integrantes de la LXII Legislatura es que cuando se reúnen en privado son capaces de resolver asuntos que en público parecían irreconciliables. Si de algo han servido las solicitudes de juicio político a los diputados (incluso en perjuicio de quienes los solicitan) es que los toman como moneda de cambio para su acostumbrada politiquería.
Este martes están convocadas las comisiones de Gobernación y de Justicia en su carácter de Comisión Instructora para atender diversas solicitudes de juicio político que, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Juicio Político, la reunión se habrá de realizar en privado.
Una situación bastante conveniente para que los integrantes de ambas comisiones lleguen con los expedientes cual estampas intercambiables para completar su álbum de asuntos aprovechados para lograr objetivos para el grupo político al que pertenecen, sea de ataque o de autoprotección, e incluso de carácter personal.
Una reunión sobre la que en sesiones plenarias recientes se dieron algunos indicios de lo que podrá ocurrir en ella.
De entrada, más que a la agenda de los legisladores, la reunión de mañana parece obedecer a un compromiso hecho público previo al inicio de la sesión del pasado miércoles, como la forma como lograron desactivar la protesta de algunos activistas que tomaron la tribuna provisional en el Centro de Convenciones.
Previamente, en la sesión pública del pasado 25 de junio, lo que parecía la atención uno de esos juicios políticos conforme a la agenda de algunos diputados, dejó expuesto que para la sesión privada prevista para ese mismo día, el juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios es una de las estampas de mayor valor en el juego de intercambios.
En la sesión plenaria pública del 25 de junio, los diputados Cándido Ochoa Rojas, Rolando Hervert Lara, María Isabel González Tovar y Eugenio Govea Arcos adelantaron las posiciones que debieron reservar para la sesión privada que iniciaría al término de la misma.
Ochoa Rojas, Hervert Lara y González Tovar revelaron, con sus intervenciones, que un grupo de diputados ya había operado para desechar el juicio político contra Nava Palacios. Los de este grupo se cuidaron de exhibirse, pero se entiende que todos son integrantes de la comisión instructora, donde lograron sacar el dictamen por mayoría. Lo que no lograron fue que pasara en el pleno.
Ese 25 de junio, Ochoa Rojas acusó a la comisión instructora de buscar impedir el juicio político contra Nava Palacios porque “por una coma, por un papel, por alguna cosa, dicen que todo no va a proceder”; el mayor argumento de Hervert Lara fue sus impostada indignación, en tanto que González Tovar calificó como aberrante el trabajo del Congreso en ese tema.
Sin que les importaran el artículo 56 de la Ley de Juicio Político, ni el 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ni el 42 del Reglamento para el Gobierno Interior, Ochoa Rojas, Hervert Lara y González Tovar actuaron con tal urgencia que, antes que una defensa a un juicio justo, lo apremiante era encarecer la estampa dorada, aun a costa de violar el sigilo que les ordena la ley.
Como instrumento de negociación, el juicio político promovido contra Nava Palacios por Teresa Carrizales tiene mucho más valor de intercambio, sea para inclinar la balanza en otros juicios como los promovidos contra exfuncionarios municipales encabezados por Ricardo Gallardo Juárez y el diputado Emmanuel Ramos, o posturas efectistas como el histrionismo exhibido por Hervert Lara.
Estiras y aflojas con una amplia lista de juicios políticos en proceso de valoración que incluyen a tan variado espectro de servidores públicos, que resulta obligado considerar a otros jugadores en el intercambio de estampas: los poderes Ejecutivo y Judicial. Especialmente al gobierno estatal por su interés en proteger y dar permanencia a Juan Paulo Almazán Cue, quien tiene abierto un juicio.
Por el carácter privado de la sesión de la comisión instructora, parte de la opacidad en la que se desarrolla el proceso les aporta una libertad de negociación a espaldas de la sociedad, pero especialmente de quienes buscaron justicia al solicitarlos, que hace prevalecer intereses muy ajenos a la razón de ser de los juicios políticos.
Aquel 25 de junio, el diputado Eugenio Govea Arcos atinó a proponer la desaparición de las sesiones privadas para que toda la población conozca sus posturas y cada diputado asuma públicamente su responsabilidad ante los juicios políticos. Una medida que dificultaría su juego de negociaciones traicioneras a su representación.
Cuando a finales de junio se les trabó la reforma electoral, bastó una reunión privada para destrabarla sin que se hicieran públicos los razonamientos que hicieron cambiar diametralmente de opinión a más de la mitad de los diputados. En privado, todo lo pueden… sin necesidad de una justificación pública.
En privado, de la sesión de la comisión instructora de este martes sólo se puede esperar que prevalezcan los intercambios de intereses de sus grupos y, cuando se conozco el resultado, habrán quedar indicios de los juegos en las negociaciones… y la certeza de que no se atendió a la Ley de Juicio Político, sino a la Ley de Juicio Politiquero.
