Redacción
A más de dos años de la presentación de la primera iniciativa, este jueves podría ser aprobada la Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí, con la cual se abrogaría la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo en la entidad.
Esta nueva ley incluye disposiciones que actualmente se encuentran vigentes en la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo, como el derecho al secreto profesional, la protección de las fuentes y la restricción impuesta a autoridades administrativas y jurisdiccionales para que los periodistas, sus apuntes, equipo de grabación y cómputo no sean inspeccionados arbitrariamente.
Asimismo, se mantiene el derecho de cónyuges, concubinos e hijos de periodistas a acceder al Fondo de Atención a Víctimas del Delito y se amplía su alcance a los familiares de las personas defensoras de derechos humanos en el estado.
La iniciativa fue revisada por la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), que encabeza la periodista Lucía Lagunes Huerta, quien criticó la ausencia en la ley de un Consejo Consultivo que ayude a fortalecer políticas públicas para acompañar la implementación de los planes de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
También resaltó que la iniciativa establece que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendrá un rol importante en la generación de medidas de protección, las cuales tienen un enfoque policial que deja de lado otro tipo de agresiones de las que son víctimas los periodistas y defensores de derechos humanos.
“Se tiene que mirar con una óptica garantistas, es decir, desde crear las condiciones para salvaguardar el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión de forma segura”, se lee en el documento en el que, además, consideró fundamental que se incorpore a la ley el enfoque de género para la protección de mujeres.
“Es fundamental que miremos estas condiciones de desigualdad de las que son víctimas las periodistas y defensoras, que implica analizar las vulnerabilidades de la labor en un ambiente machista y misógino. Cuando estos contextos se encuentran, el riesgo se potencia y se vuelve mayor”, señaló Lagunes Huerta.
La iniciativa propone crear el Mecanismo Estatal de Protección, integrado por los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado (FGE), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dos representantes de periodistas, dos representantes de organizaciones de la sociedad civil y la o el legislador que presida la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado.
A su vez, dentro del Mecanismo Estatal de Protección se crearía la Unidad Estatal de Protección compuesta por servidores públicos que cuenten con nivel correspondiente al de una dirección, quienes tendrían las siguientes atribuciones: realizar el monitoreo de riesgos y agresiones, recibir denuncias o noticias relacionados con casos de agresiones, dictar las medidas que correspondan para salvaguardar la vida, libertad, seguridad e integridad personal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, coordinar la elaboración de material de divulgación sobre libertad de expresión, entre otras.
El artículo 37 de la iniciativa plantea que las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas “tendrán libre acceso a los registros, expedientes administrativos y, en general, a cualquier información en posesión de las autoridades, instituciones, entidades, órganos y organismos públicos del estado, con las restricciones previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, disposición que ya existe en la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo, pero que en la práctica no se obedece.
