Por Victoriano Martínez
Desde que surgió en México la primera Ley de Transparencia en 2002, y en el Estado en 2003, el tema ha sido recurrente en el discurso de los funcionarios que pretenden aparentar ser de avanzada en materia de derechos de nueva generación, y no se diga en legisladores que intentan proyectar que pretenden llevar el tema a la vanguardia.
Dentro de esa actitud podría catalogarse la iniciativa presentada por la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y el legislador Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” con la que proponen que las reuniones de la Junta de Coordinación Política sean públicas y se garantice su máxima publicidad.
Tan chata suele ser la visión y sesgada la motivación de iniciativas de transparencia entre quienes la prefieren como apariencia, que queda muy claro que se trata de la reacción a una situación meramente coyuntural que pierde de vista lo que ya se ha avanzado con medidas que tienen un efecto permanente, pero que evitan aplicar.
En la propia iniciativa de Benavente Rodríguez y Carrizales Becerra refieren lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el sentido de que las sesiones del Congreso del Estado “únicamente serán objeto de sesiones privadas, los asuntos relativos a los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos”.
La exposición de motivos de esa ley precisa que “En sesiones privadas únicamente serán tratados los asuntos relativos a los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos; por lo que cualquier otro asunto, incluso los asuntos financieros del Congreso, deberá ser tratado en sesiones públicas”.
En esa Ley Orgánica difícilmente se puede dudar de que se tuvo la intención de transparentar toda la vida interna del Congreso del Estado, ya que hasta se presumió la apertura de los asuntos financieros.
El pasado 25 de junio, en sesión ordinaria, los diputados ventilaron sus posturas con relación al juicio político promovido en contra del alcalde Xavier Nava Palacios por Tere Carrizales, con lo que en los hechos eliminaron el único sigilo previsto para las sesiones privadas. El diputado Eugenio Govea Arcos se pronunció entonces por la desaparición de las sesiones privadas.
Una iniciativa que se limita a proponer que las reuniones de la Junta de Coordinación Política sean públicas, en una interpretación en contrario representa que todas las demás reuniones podrían considerarse no públicas. Lejos de favorecer a la transparencia, le abre la puerta a una interpretación que convenencieramente podría hacer prevalecer mayor opacidad.
La vanguardia en transparencia no está en buscar la forma de ponerle candados a un órgano colegiado por su comportamiento coyuntural o por el grupo que se apoderó de él, sino en la localización de las mejores prácticas y en su adecuación a la mejor manera de adaptarla a la situación propia.
En cuanto a las sesiones públicas, se trata de un camino ya recorrido en legislaturas anteriores en el que no se avanzó porque cuando se trata de abordar la transparencia en serio, intereses de todo tipo buscan refugio en la opacidad.
Durante la LIX Legislatura, la entonces diputada Bernardina Lara Argüelles trabajó dos proyectos que chocaron con el muro de la opacidad: una iniciativa de Ley de Sesiones Públicas y un plan para establecer una red en todos los salones de las sedes del Legislativo para que todas las sesiones del pleno, de comisiones y de comités se transmitieran en vivo vía internet.
En aquellos años, una iniciativa Ley de Sesiones Públicas se dio en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a cargo de la entonces diputada Norma Leticia Orozco Torres, pero allá tampoco logró avanzar.
Ambos proyectos de Ley de Sesiones Públicas aplicaban el principio kantiano de que todos los asuntos públicos que no pasan la prueba de la publicidad son injustos en sí mismos, y en consecuencia, regían las reuniones de todos los órganos colegiados de la administración pública, no sólo al Poder Legislativo.
“En toda sesión pública de un organismo público, excepto en las sesiones cerradas, se permitirá tomar nota, fotografiar, audio grabar, video grabar, o transmitir audio y video de lo acontecido en la reunión, incluso en tiempo real” decía el artículo 9 de aquella iniciativa.
En un artículo publicado en La Jornada San Luis, Samuel Bonilla sintetizó el alcance que podría tener una Ley de Sesiones Públicas con la cita de una experiencia real:
En el Estado de Nueva York, si se le niega injustificadamente a un ciudadano el acceso a una sesión gubernamental que debe ser pública, el afectado puede ir a la Corte y ésta puede llegar a anular los acuerdos tomados en esa sesión.
Desde entonces (el artículo se publicó el 4 de enero de 2010), se reconocían avances en el Poder Legislativo en el tema de las sesiones porque en el Reglamento Interior del Congreso del Estado vigente hasta el 15 de febrero de 2007, había seis motivos para declarar una sesión secreta, entre ellos por “todo aquello que a consideración del Congreso deba tratarse confidencialmente”.
Desde 2007, los únicos temas para las sesiones privadas son “los asuntos relativos a los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos” y, en la sesión del pasado 25 de junio, los propios diputados dieron una muestra de que ni este tipo de temas tienen por qué tratarse en privado.
Si algo han mostrado las medidas tomadas por la pandemia es que todas las reuniones del Congreso del Estado pueden ser transmitidas en vivo, por lo que ya no hay pretexto para que se avance en esa materia y se retomen aquella vieja iniciativa de Ley de Sesiones Públicas y el proyecto de adecuar los salones para transmitir en vivo todas las reuniones.
Una vez establecidas las sesiones públicas, advirtió entonces Samuel Bonilla, la nueva ley tendría que contemplar que todas las reuniones se anuncien públicamente con suficiente anticipación y se anuncie lugar, fecha, horario, orden del día y (ahora también) la dirección electrónica de la transmisión para que las personas interesadas le puedan dar seguimiento.
Si de verdad se trata de poner al Congreso del Estado a la vanguardia en transparencia, no es necesario simularlo con una iniciativa efectista de que las reuniones de la Junta de Coordinación Política sean públicas.
La LVII Legislatura eliminó seis motivos para hacer sesiones secretas, y dejó sólo uno para las sesiones privadas. La LXII Legislatura no sólo tiene la oportunidad de desaparecer las sesiones privadas, sino de dar el gran salto a hacer verdaderamente públicas todas las reuniones de los órganos colegiados de la administración pública… con consecuencias en caso de no hacerlas así.
