Óscar G. Chávez
En diversos medios de comunicación nacionales y estatales, impresos y electrónicos (incluido este portal), desde fines de la semana pasada comenzó a exponerse el caso del aparente “desmantelamiento” del Centro de Información en Investigación y Posgrado (CIIP), o lo que en términos profanos podemos denominar biblioteca del área de posgrados.
Aunque el caso no es nuevo, trascendió en parte porque denota la falta de pericia tanto en el manejo de situaciones de tipo interno, como frente a los medios de comunicación; mientras y de nueva cuenta deja muy mal parado al rector, a quien presentan como arbitrario y arrogante frente a los requerimientos presentados por representantes de la comunidad universitaria.
El nueve de septiembre de 2022 el secretario de Desarrollo Económico de gobierno del estado, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una representante de la sociedad civil StartupLap, firmaron un convenio tripartito de asociación estratégica (dieciocho cláusulas contenidas en diez folios) mediante el cual se comprometían a crear el Centro de emprendimiento e innovación potosino, que tiene como objetivo “crear un espacio de vinculación que sirva como centro de apoyo integral para los emprendedores y empresarios de San Luis Potosí, donde se les motive, acompañe, capacite y vincule con programas públicos y privados para el desarrollo de startups, fomento a la innovación y transformación de empresas. Y así generar desarrollo económico y social en la región, generando empleos y oportunidades de superación a los jóvenes y población en general, mediante la vinculación con los planes, programas y desarrollos de los objetivos institucionales de las partes.” Por cierto, al revisar detenidamente el convenio de creación del Centro de emprendimiento e innovación potosino, no existe una cláusula o disposición que se refiera en concreto a los alumnos o egresados de la UASLP.
Cinco días después el secretario de Economía y el rector de la Universidad firmaron un convenio (veinte cláusulas contenidas en cinco folios) para la transferencia de recursos destinados a “la implementación de programas para la operación del Centro de emprendimiento e innovación potosino”; estos recursos importaron $ 4’890,000.00 (cuatro millones ochocientos noventa mil pesos) aprobados por la Secretaría de Finanzas del poder ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí.
Días después, sin un aviso previo a la comunidad universitaria, el Centro de emprendimiento comenzó a ser instalado en un espacio que hasta ese momento y durante veinte años había ocupado el Edificio multidisciplinario de apoyo a posgrados que comenzó a ser desmantelado para ser ocupado por diversos cubículos de la iniciativa privada.
A fines de mayo pasado, circuló un aviso institucional con el que se notificaba a la comunidad universitaria la reubicación de la biblioteca de posgrados, lo que generó un posicionamiento de la propia comunidad universitaria que se sintetiza en cinco puntos, destacando entre ellos que la biblioteca se mantuviera en el sitio que ha ocupado hasta el momento y el privilegiar el espacio público universitario por encima de los fines privados.
La inconformidad atrajo finalmente la atención de la autoridad universitaria, quien convocó a una reunión para el martes seis de junio. Un testigo presencial comenta: “El rector nos recibió con un nuevo discurso, ya no era el mismo de los boletines oficiales: reubicar para dar paso a emprendimientos y vinculación; ahora era por razones de protección civil, que había una recomendación de no tener depósitos de libros en niveles superiores, argumentos que no pudo justificar, ya que cuando se solicitaron los documentos en que constara esa recomendación, se enojó, respondiendo que cualquier ingeniero civil lo sabía. [¿cuántos ingenieros civiles iban en esa comitiva?] Luego dijo que el edificio “sólo daba servicio a tres posgrados”, que en cambio los proyectos de emprendimiento servirían a las 100 licenciaturas. Le dijimos que no era de “competir”, que no podía menoscabar lo ya logrado para posgrados, que también la perspectiva de derechos humanos debía ser transversal y que lo estaba desairando. Al final dijo que sólo eran proyectos, que no había nada firme, también desdiciendo los comunicados que decían que ya se iba a hacer. Una alumna le pidió el acuerdo o el compromiso por escrito de no mover la biblioteca y se ofendió, que debían(mos) confiar en su palabra. Ya casi al final, el doctor Alejandro Rosillo le hizo saber el malestar general de que ese edificio ya rentado parcialmente a empresas estaba desplazando otras labores de la Uni [sic], que hasta los de Contaduría y Administración decían que no se les había participado ese proyecto de vínculo con empresas, y dijo que ahí nomás veía dos profes y de Derecho, Rosillo dijo que 1.- Nos habían pedido una comisión, y 2.- Docentes y estudiantes no siempre iban a esto por temor a represalias. Fue el acabose, se levantó, que cómo iban a tener miedo, que eso no era cierto, y se fue”.
Ninguno de los argumentos de ambas partes tienen desperdicio, permiten formular una serie de consideraciones en torno a este caso en el que se busca concientizar a la autoridad universitaria de la importancia no de cualquier espacio, sino de una biblioteca, punto neurálgico dentro de cualquier institución de enseñanza en cualquier nivel. Por ejemplo, partiendo del argumento del rector respecto a las consideraciones técnicas de bibliotecas en pisos superiores, el edificio que la alberga tiene 20 años, es decir fue construido en los últimos años del rectorado de Jaime Valle Méndez, ingeniero civil quien por lo visto no lo sabía; ¿en todo ese tiempo nadie (incluida el área de seguridad o protección civil Universitaria) se habían percatado del riesgo? Más, todavía, recordemos que el rector que le antecedió es arquitecto al igual que su secretario general, ¡ninguno dijo algo! (bueno, tampoco lo dijeron en el caso del Campus Pedregal).
¿Qué ocurre entonces con las otras bibliotecas de la UASLP o anexos de éstas, alojadas en pisos superiores?, ¿deberán ser reubicadas?, bajo esta lógica (absurda por demás) y olvidándonos un poco de las de la propia UASLP, preguntémosle al rector que ocurrirá con bibliotecas de once niveles como la de Stuttgart, en Alemania, o la Alexandrina, de Egipto; la George Peabody en Baltimore, con seis niveles; la real biblioteca danesa, en Copenhague; la pública de Taipéi, en Taiwán; la Central de Settle, en Washington; el Real gabinete portugués de lectura, en Río de Janeiro; la propia Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos; o ya no nos vayamos tan lejos, la Vasconcelos, en la Ciudad de México. ¿No lo saben los ingenieros civiles?
Por otro lado, ¿no hubiera sido más conveniente primero consultar y después disponer de los espacios?, o bien que la Sedeco construyera un espacio destinado exprofeso para los emprendedores, en terrenos de la misma UASLP, porque hay dos detalles que se pasa por alto: 1.- el edificio de la Unidad de apoyo a Posgrados fue construido, al parecer con recursos federales o al menos públicos, con un fin específico y para una biblioteca; de ahí que la disposición para modificar la vocación original del edificio tendría que pasar cuando menos por el Consejo Directivo Universitario, y al parecer no ocurrió; 2.- el contrato celebrado con SEDECO por el cual se convirtió a la Unidad de apoyo a Posgrados en un Centro de emprendimiento e innovación empresarial (que acaba sonando a un espacio para nenis) si bien no era motivo de licitación y podía otorgarse por adjudicación directa, debió pasar cuando menos por el Comité de adquisiciones, y no se tiene la certeza de que haya pasado, aunque sí por oficina del abogado general.
En síntesis pareciera que algunos de los males que aquejan al gobernador del estado se han contagiado al rector de la Universidad: improvisar a la buena de Dios y aventándose como el Borras, más por ocurrencia que respaldado en un proyecto concreto; resta mérito a cualquier voz crítica o disidente; recurre a la falta de transparencia; privilegia la cantidad por encima de la calidad y, debe ser fea la angustia presupuestal ya que no pudo resistirse a un cañonazo de casi cinco millones de pesos. Arenas charras allá y centros de emprendimiento acá.
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