Por Victoriano Martínez
Con la sustitución del certificado de manejo por una carta compromiso en la que el solicitante de una licencia para conducir se auto acredita apto para manejar el gobierno del Estado viola la Ley de Tránsito; con la eliminación del pago de 270 pesos por la carta compromiso ahora también violan la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2024.
Una secuencia de violaciones a dos leyes que deja ver que la popularidad que se pretende lograr con las licencias gratuitas y permanentes ha tenido un costo en las finanzas del Estado que se ha intentado recuperar, pero el afán de mantener el aplauso lo ha impedido.
La determinación de emitir “cartas compromiso”, según lo revelado por Omar Valadez Macías, secretario de Finanzas, se tomó desde el momento en que en la iniciativa de Ley de Ingresos para este año se contempló en el apartado de derechos por servicios prestados por esa dependencia.
Él mismo señaló que se trata de la partida 43 que, si se revisa la Ley de Ingresos, se trata de la “43.2.2 Expedición de licencias de manejo”, rubro en el que se programó un ingreso anual por 9 millones 985 mil 152 pesos.
Conforme a la declaración de Valadez Macías, la determinación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que cada aspirante a contar con licencia de conducir no pague 270 por la irresponsabilidad promovida por la autoridad de auto proclamarse apto para manejar sin acreditarlo con la prueba correspondiente, los dejará sin ese ingreso.
En esa cadena de irresponsabilidades se pasa de violar la Ley de Tránsito al eliminar la prueba de manejo (artículo 36 fracción III) a violar el artículo primero de la Ley de Ingresos 2024 con el argumento de que, según dijo el secretario de Finanzas, se trata de una modificación que le permiten las atribuciones de la Secretaría.
Entre las 50 fracciones del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal no se localizó atribución alguna que le permita modificar la Ley de Ingresos, y lo que más se acerca a hacer posible la eliminación de un cobro contemplado es el otorgamiento de estímulos fiscales.
¿Qué tipo de estímulo es que no se pague por la carta compromiso? ¿Acaso se estimula el uso irresponsable de vehículos automotrices, con los riesgos que eso implique para el resto de la población? ¿Se viola la Ley de Ingresos con tal de mantener la gratuidad del trámite por la licencia de conducir?
La derogación de la fracción V del artículo 66 de la Ley de Hacienda del Estado complementa el cuadro en el que la Secretaría de Finanzas ha intentado recuperar parte del costo que le ha representado quedarse sin los ingresos que eliminaron las licencias gratuitas.
En la exposición de motivos de la derogación de ese artículo se señaló que de octubre de 2021 a octubre de 2023 se emitieron 469 mil 65 licencias gratuitas en todo el estado entre servicio público y privado.
“Si bien lo anterior ha representado un gran apoyo para la ciudadanía, para el Gobierno del Estado ha significado una erogación de recursos importante en cuanto a gastos operativos e insumos para generar los documentos”, advierte para enseguida mencionar que en esos dos años se emitió la reposición de 7 mil 296 licencias por extravío.
“Se ha detectado un alto porcentaje de reposiciones, lo que genera una doble erogación por contribuyente que solicita reposición al ser de vigencia permanente desde el origen de su tramitación. Por lo anterior, se requiere contar con mecanismos de control en la emisión de licencias que permitan seguir otorgando la gratuidad en beneficio de más solicitantes”, se añadió.
Así eliminaron el inciso a) de la fracción V que dice: “V. Se exentará del pago de la reposición de la licencia permanente en los siguientes casos: a) La persona que acredite el robo de la misma con la denuncia ratificada correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.”
De esa manera, para la reposición gratuita de la licencia sólo quedó un caso: “b) La pérdida ocasionada por desastres naturales, éstos siempre y cuando hayan sido emitidos por la autoridad mediante la declaratoria de desastres naturales correspondiente”.
Es decir, prácticamente ya no hay reposición gratuita y, en consecuencia, quien pierda su licencia tendrá que pagar por la reposición 12 UMA, que equivalen a mil 302.84 pesos.
Todo indica que las licencias gratuitas no lo son tanto y le han provocado un boquete financiero al erario estatal que no han podido resarcir porque se ha privilegiado quedar bien con la gente, así se tengan que violar dos leyes… y aunque a la larga resulte perjudicial.
