Por Victoriano Martínez
El 6 de julio de 2020, a las 10:40 horas, Ricardo Gallardo Cardona hizo una de sus transmisiones vía Facebook en la que anunció por primera vez las licencias gratuitas.
A 15 meses de aquella propuesta, 457 días de por medio bien pueden acreditar que no se trata de una ocurrencia, sino que con tanto tiempo para desarrollarla, poco margen habría quedado para la improvisación… que hoy se exhibe.
“Hoy tenemos una gran propuesta del Partido Verde que sin lugar a dudas será un referente nacional, no nada más local sino nacional…”, fueron de las primeras palabras con las que inició aquel video.
“La gran propuesta del Partido Verde Ecologista de México es que las licencias sean gratuitas para poder hacer un tema de que sean obligatorias, de que todo mundo no tenga pretexto de que no tiene para pagar su licencia, las licencias serán gratuitas y serán obligatorias”, reveló el gran anuncio medio minuto después.
Tras insistir en señalar que “todas las licencias” serán gratuitas, agregó:
“La reposición del plástico, si alguien la pierde, va a costar 90 pesos, 90 pesos reponer su licencia y volver a tener su licencia activa”, afirmó más adelante.
El pasado lunes, a 455 días de aquel video, Gallardo Cardona se apersonó en Vallejo 200 para presentar él mismo la iniciativa para modificar la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, que le quedan 86 días de vigencia.
A pesar de haber sido anunciada desde hace 15 meses, el texto de la iniciativa –con sus mil 163 palabras– exhibe elementos de improvisación o, al menos, de haber sido preparado de último momento, que para el caso es lo mismo.
“En términos del párrafo segundo, del artículo 61, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración de esa Honorable Legislatura con trámite preferente…”, concluye su exposición de motivos.
“Trabajar” por 15 meses la propuesta para presentarla al cuarto día de que se le venció el plazo constitucional –“en términos del párrafo segundo, del artículo 61”– para que una iniciativa del Ejecutivo tenga el carácter de preferente habla del largo periodo que puede incubarse una ocurrencia.
“Dentro de los primeros quince días de cada periodo ordinario de sesiones…”. Así comienza el segundo párrafo del artículo 61 constitucional, cuya lectura parece haber sido omitida por Gallardo Cardona y sus asesores. José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno también firma la iniciativa.
En las 614 palabras que componen la exposición de motivos se incurre cuando menos en una omisión y en una contradicción.
Se omite cumplir con el último párrafo del artículo 62 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso del Estado que dice:
“En el caso de las iniciativas que presente el titular del Poder Ejecutivo del Estado, éste deberá adjuntar dictamen sobre el posible impacto presupuestario que originen éstas o, señalar, bajo su más estricta responsabilidad, que dicho efecto no se producirá”.
“La presente iniciativa no implica un impacto presupuestario negativo para el Estado, por el contrario, incentiva y apoya a las familias potosinas, por ello, las instituciones involucradas en la creación de leyes y en la planeación del presupuesto, debemos hacer el mejor esfuerzo en lograr un equilibrio en el gasto público que permita transitar la presente iniciativa”, es lo que más se acerca a la obligación de señalar que no habrá efecto presupuestal.
No obstante, el impacto no sólo tiene que ver con los ingresos que el Estado dejará de percibir, sino también con el gasto sin recuperación que representa el diseño, adquisición de los plásticos e impresión de las licencias.
Tan sólo hay que recordar que en 2013 la agrupación Ciudadanos Observando denunció operaciones financieras ilícitas por 34 millones de pesos en la impresión de licencias de conducir y tarjetas de circulación con “Cosmocolor”, una empresa de Jorge Kahwagi Macari, quien fue uno de los protegidos del PVEM.
“En muchos casos (no contar con licencia) puede ser una limitante para acceder a determinados empleos”, señala en la exposición de motivos.
Sin embargo, incumple la afirmación del 6 de julio de 2020 en el sentido de que “todas las licencias serán gratuitas”, y mantiene los altos costos de las que aparecen a partir del inciso c) de la fracción I del artículo 66. Precisamente las que tienen el carácter de requisito para conseguir un empleo.
“Cuando se trate de reposición de licencias o permisos a que se refiere este artículo, se deberá pagar 12 veces el valor de la UMA vigente”, propone como último párrafo del artículo a modificar. Una cifra equivalente a mil 75.44 pesos, prácticamente 12 veces superior a los 90 pesos que dijo el 6 de julio de 2020 que costaría.
Hay diputados que se declaran listos para “ayudar” a Gallardo Cardona a cumplir, aunque sea a medias y con una iniciativa hecha al vapor con incumplimientos legales, para comenzar –como ya lo anunció– la entrega de licencias de conducir y placas gratuitas a partir del lunes 18 de octubre. Una certeza que ya no disimula la sumisión del Congreso del Estado a su voluntad.
Un episodio que hace recordar la respuesta que recibieron representantes de clubes de paisanos cuando desde Estados Unidos visitaron a un alcalde de la zona media: “¿Y yo porqué tengo que cumplir la ley como ustedes me piden? La gente ya votó por mí, ya me toca decir qué se hace y qué no, para eso soy presidente municipal”, les dijo.
Una actitud que hoy parece estar presente en el Ejecutivo estatal que, en otra vertiente, desde la Oficialía Mayor envían personas sin nombramientos formales a ostentar cargos y tomar decisiones que ya abrieron un conflicto con las representaciones sindicales…
Otra historia que, como advirtió Bernardina Lara Argüelles, lideresa del SUTSGE, está generando un auténtico caos y repercute no sólo en el menoscabo de los derechos de los trabajadores, sino también en el servicio a la ciudadanía.
No todo es miel sobre hojuelas, ni voluntad avasalladora.
