Por Victoriano Martínez
En junio de 2017 la Auditoría Superior del Estado (ASE) cayó a tales extremos del descrédito, que su titular, José de Jesús Martínez Loredo, se vio obligado a renunciar con su camarilla de funcionarios que habían convertido a la institución en un botín para disponer de su presupuesto, y también en un negocio al servicio de la ecuación corrupta que mercadeaba el blanqueo de cuentas públicas.
De todo el catálogo de fechorías, unas que se lograron documentar y otras que no pudieron pasar más allá de indicios para sospechas fundadas, la que tiene que ver con el pago de 600 mil pesos a un proveedor por una fiesta decembrina del 2016 que no existió, la fiesta fantasma, es el único que la encubridora Fiscalía General del Estado ha judicializado.
Está claro que la fiesta fantasma no fue un acto aislado de la camarilla que encabezó Martínez Loredo, sino que es un ejemplo de las muchas maniobras que aplicaron para apropiarse de los recursos públicos, algo que no se puede pasar por alto al momento de considerar la forma en que debe sancionarse.
Esa es una, entre muchas razones, por las que puede considerarse como un punto a favor de la impunidad el hecho de que la juez haya autorizado este martes la suspensión condicional del procedimiento penal contra los involucrados con la condición de que paguen en mensualidades los 600 mil pesos, más su actualización.
El dolo con que actuaron, la mala fe, la traición a la función pública, el abuso del cargo, el agravio a la sociedad, denigrar a la institución que fiscaliza la correcta aplicación de los recursos públicos y demás agravantes se borran de un plumazo y sin ningún costo económico extra para quien delinquió.
La actualización de lo saqueado que será devuelto añade 121 mil 654 pesos con 58 centavos, cantidad que –de acuerdo con el Simulador de Ahorro e Inversión de la CONDUCEF– cuando menos en seis instituciones bancarias se puede ganar más que eso de intereses por los tres años que han transcurrido.
No sólo se les perdonan las agravantes mencionadas, sino también que se hayan asociado para delinquir, lo que queda confeso al aceptar la responsabilidad al ofrecer devolver lo robado para evitar una sanción penal.
Un agravio que ofende a toda la sociedad, que ve cómo lo que paga de impuestos es mal utilizado y, peor aún, desviado por los responsables de vigilar y sancionar su correcta aplicación desde la ASE.
Una ofensa que se renueva cuando Rocío Cervantes Salgado, la ahora titular de una ASE que no logra salir del descrédito de la sospecha por el blanqueo de cuentas públicas, instruye a la abogada en el juicio para que su antecesor limpie una de sus fechorías.
Un perdón que exhibe una faceta más de la red de complicidades y pactos de impunidad: tómate el trago amargo de reconocer una sola de tus fechorías, devuelve lo que no es tuyo por ese solo caso, y goza de la impunidad por todo lo demás, que nosotros presumiremos una medalla de justicieros que nos legitimará para mantener las cosas igual… y posiblemente hasta peor.
No lo dicen con palabras, pero sus actos lo describen con claridad. Son acciones que eliminan por completo la garantía de no repetición de la que hablan las leyes y el código penal federal y, al hacerlo, se convierten en un llamado a un festín de corruptelas en la administración pública porque, finalmente, el mensaje lo manda… ¡quien debe sancionar las fechorías!
