Por Victoriano Martínez
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) cumplió con la formalidad de entregar a tiempo su informe anual de actividades ante el Congreso del Estado, después de tres años otra vez con acto protocolario, con un documento elaborado sólo para cumplir el requisito, pero tan deficiente como ya son tradición los informes de ese organismo.
Presentar un documento de 51 páginas del que David Menchaca Zúñiga, presidente de la CEGAIP, destaca como datos relevantes que durante 2023 se registraron 10 mil 515 solicitudes de información, 44 multas por incumplimiento de obligaciones de transparencia y mil 825 recursos de revisión da cuenta de lo limitado del informe.
Pero también refleja el limitado entendimiento de los comisionados de la CEGAIP sobre su responsabilidad, especialmente de mantenerse al tanto sobre cuestiones que los involucran como que San Luis Potosí sea el penúltimo lugar en al índice de Gobierno Abierto, que el tema de archivos ya no les corresponde y que deben atender a su Consejo Consultivo.
Las 153 palabras que dedican en el apartado de Gobierno Abierto en el informe (página 36) dan más cuenta de lo omisos que han sido en el tema y se muestran una de las razones por las que el Estado están entre los peor calificados en la Métrica de Gobierno Abierto realizada por el INAI y El Colegio de México.
“Durante el año 2023 en el mes de octubre este órgano garante a través de la Comisión de Gobierno Abierto generó comunicaciones con el Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial para el inicio de la posible declaración conjunta para la implementación de acciones encaminadas al gobierno abierto en el estado de San Luis Potosí”, es lo que reportan.
En cuanto el tema de archivos, la CEGAIP informa (página 27) que el 23 de noviembre se integró el “Consejo Estatal de Archivos que será el máximo órgano colegiado en materia archivística a nivel estatal y que su integración formará parte del Consejo Nacional de Archivos. que estará integrado por: “la Comisionada o el Comisionado que presida la CEGAIP, quien lo presidirá…””.
El pasado 30 de enero, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Archivos que eliminan esa facultad para la CEGAIP. Aunque no ocurrió en el periodo que se informe, el documento presentado 28 días después de esa modificación, bien pudo incluir un apunte al respecto. Nomás para mostrarse al día y atentos al principio de oportunidad que los rige.
El 7 de diciembre, el Congreso del Estado nombró por primera vez al Consejo Consultivo de la CEGAIP que tendría que existir desde hace seis años. Un consejo que representa la voz ciudadana ante la CEGAIP y como tal, no sólo tendría que haber sido esperado por los comisionados, sino promovido su nombramiento.
A casi tres meses del nombramiento, los integrantes de ese Consejo se reunieron con la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado para dos planteamientos vergonzosos: (1) preguntar cuáles son las funciones que deben cumplir y (2) quejarse de que Menchaca Zúñiga no los recibió porque no estaba enterado de su nombramiento.
Una cosa es que el presidente de la CEGAIP se dé por no enterado del nombramiento, pues exhibe su irresponsabilidad al no estar atento a las disposiciones legales que le incumben, y otra es que esa irresponsabilidad quede plasmada en su informe de actividades: no hay una sola mención al Consejo en el documento entregado este miércoles al Congreso del Estado.
Un agravio por parte de la CEGAIP no sólo a la sociedad que, así sea mal, se supone que está representada en ese Consejo, sino al propio Congreso del Estado, de quien sus disposiciones pasan de noche para los comisionados, como si la publicación de los decretos en el Periódico Oficial del Estado no fuera una notificación general.
A esas tres omisiones en el informe, se suma la actitud presuntuosa de hacer alarde con cifras que deberían ser más motivo si no de vergüenza por lo menos de preocupación.
“Los datos a destacar, torales del informe, es que los sujetos obligados recibieron 10 mil 500 solicitudes… es un número importante de solicitudes a resaltar porque eso refleja la gran actividad que tiene para los ciudadanos estarle preguntando a las autoridades”, expresó orgulloso Menchaca Zúñiga por soltar una alta cifra.
Quizá no habría mencionado esa cantidad tan altanero si hubiese tomado en cuenta la cifra que él mismo proporcionó hace un año sobre el 2022 (página 11), cuando se registraron 11 mil 196 solicitudes de información.
Es decir, tendría que explicar por qué se redujo en un 5.85 por ciento la presentación de solicitudes de información. En sus palabras, se redujo la gran actividad de los ciudadanos.
Peor aún si se consultan los informes de la CEGAIP de años anteriores. ¿Porqué el número de solicitudes de información atendidas en 2023 es menor incluso al que se reportó entre octubre de 2011 y septiembre de 2012, cuando se atendieron 10 mil 717 peticiones? ¿En doce años no se ha logrado alentar a la población para que use su derecho de acceso a la información pública?
Durante el 2015, de acuerdo con el informe de la CEGAIP, de enero a diciembre de ese año se registraron 20 mil 173 solicitudes de información. ¿Por qué ocho años después la cifra cayó a casi la mitad?
Efectos de informes que se presentan para cumplir un requisito legal y con los que de paso se intenta impresionar con datos descontextualizados, cuyo saldo es que dan cuenta de que ni informan lo que deben informar, ni cumplen las funciones que deben cumplir y ni son servidores públicos aptos para el cargo que ocupan.
