Alejandro Rubín de Celis
Quienes han presidido el Poder Judicial del Estado en épocas anteriores no han estado exentos de acusaciones por abuso de autoridad, tráfico de influencias y otras irregularidades que suelen ser propias de quienes ejercen altos cargos públicos, pero en la etapa en la que ha estado al frente Juan Paulo Almazán Cué, las denuncias por los excesos y arbitrariedades de este funcionario se han incrementado significativamente y provienen nada menos que de una ex magistrada, varios jueces, y también de abogados litigantes.
En los más de tres años y medio que lleva como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura (que en los hechos le genera un conflicto de intereses porque se convierte en juez y parte cuando se tratan acusaciones y sanciones contra miembros del Poder Judicial), Almazán Cué ha hecho uso de todo el poder que le confieren esos cargos para dañar a jueces y al menos a una ex magistrada que no obedecen a sus designios ni le rinden pleitesía, y favorecer y consentir a personas de su confianza.
Tan sólo en este año, los afectados lo han acusado de abuso de autoridad, violaciones a sus derechos humanos, acoso laboral, uso indebido de sus funciones, discriminación, persecución, maltrato e intimidación.
Los directamente agraviados por haberlos removido de sus puestos, asignarlos a lugares lejanos de la capital del estado, o por no obedecer instrucciones o insinuaciones indebidas de su parte como resolver sentencias en determinado sentido sin apegarse a derecho, son: la ex magistrada Adriana Monter Guerrero, y los jueces Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras, quienes inicialmente presentaron sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Astrolabio Diario Digital ha hecho un muy amplio y detallado seguimiento a las numerosas denuncias por los atropellos y arbitrariedades en que ha incurrido el personaje de marras en contra de personal del Poder Judicial del Estado –que se pueden consultar en el buscador de este sitio tecleando su nombre: Juan Paulo Almazán Cué.
Pero también se han inconformado abogados postulantes porque se deslinda de su responsabilidad de garantizar una correcta impartición y administración de justicia ante hechos denunciados en los que ciertos jueces favorecen a los delincuentes y dejan en estado de indefensión a las víctimas, algunas de las cuales se han quejado porque él se niega a darles audiencia para que le expongan sus casos.
Si fueran uno o dos los quejosos podría decirse que se trata de casos aislados en los que los denunciantes buscan desprestigiar al funcionario por razones de venganza o en busca de ser reinstalados en los puestos importantes que ocupaban, pero son un buen número de personas relacionadas con la impartición de justicia las que están inconformes con su actuación.
El titular del máximo tribunal del estado se defiende afirmando que las sanciones, medidas disciplinarias, suspensiones, inhabilitaciones y cambios de adscripción, entre otras medidas que afectan a jueces y magistrados, se toman de manera colegiada en el pleno del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura, y que no son decisiones personales; lo que no dice es que se ha valido de la intimidación y del temor de algunos jueces y magistrados de no ser ratificados o de tener problemas para lograr su jubilación, para mantener el control absoluto en las decisiones que se toman en el Poder Judicial.
A juzgar por el tipo de denuncias y las violaciones a la Constitución y las leyes, por violentar las normas internas del Poder Judicial y por su injerencia en la Fiscalía General del Estado, Almazán Cué merecería ser inhabilitado de sus cargos –preside dos instancias judiciales al mismo tiempo- y parece haber elementos suficientes para ser sometido a juicio político por parte del Congreso del Estado, como lo han solicitado los quejosos, apoyados incluso por la Asociación Potosina de Abogados.
Además de las denuncias señaladas, Juan Paulo Almazán Cué permite que se viole la Constitución local al dejar que dos jueces –María Luisa Pérez Ríos y José Armando Vera Fabregat– y dos magistrados –María Guadalupe Orozco Santiago y Martín Celso Zavala– sigan en sus cargos a pesar de haber rebasado los 73 años de edad.
El funcionario no sólo hace de las suyas en el Poder Judicial, también interfiere en la Fiscalía General del Estado. Con tal de buscar que sea procesado un particular que indirectamente le ha causado situaciones incómodas, Almazán Cué presionó a un ministerio público para que en una acusación infundada en contra de esa persona encontrara elementos que lo inculparan, pero el ministerio público no halló nada para poderlo vincular a proceso.
El diputado Edgardo Hernández Contreras, cuya carrera ha estado ligada al sistema de justicia, ha señalado en la tribuna del Congreso local que la ausencia de Estado de Derecho es un “foco rojo” en San Luis Potosí, porque no se garantiza ni la procuración ni la administración de justicia; y ha sostenido que los altos funcionarios de estas instancias, es decir del Poder Judicial y de la Fiscalía, sólo se preocupan por mantener sus cargos “como perros agazapando su hueso”.
Así parece estarlo haciendo hasta ahora Almazán Cué, pero ya ve en el horizonte lo que para él sería su nuevo cargo: la gubernatura del estado. Alguien le ha vendido la idea de que podría ser candidato a ese puesto, y él se la ha creído.
Lo que realmente importa ahora es que el Congreso del Estado analice a profundidad todas las denuncias presentadas por los agraviados y defina si procede la destitución y el juicio político contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y que no se convierta en un caso más de impunidad si es que encuentra elementos jurídicos suficientes para enjuiciarlo, que todo parece indicar que los hay.
Que en este caso -como debiera ser en todos- se aplique la ley y que no intervenga el manto protector de la clase política.
