Por Victoriano Martínez
La oposición de los vecinos del barrio de San Miguelito al retiro de los adoquines de sus calles ha provocado que la administración que encabeza Ricardo Gallardo Cardona exhiba su peor cara a tales extremos que revela la incongruencia de los programas sociales al llegar a mostrar actitudes hasta criminales en perjuicio de grupos vulnerables y con riesgos de salud.
De un gobierno dedicado al pervertir los programas sociales para atentar contra la dignidad de los beneficiarios al utilizarlos como mera utilería de eventos masivos de culto a su personalidad y servicios de acarreos para granjearse la simpatía de las autoridades federales, era previsible un atentado a la dignidad colectiva: arrasar con la identidad del barrio más conocido de la ciudad.
Una dignidad de la ciudad enaltecida piedra sobre piedra y adoquín tras adoquín con tan larga historia que hace 61 años, según texto rescatado por Oscar G. Chávez aquí mismo, fue defendida de un intento municipal por eliminar los adoquines por el historiador y crítico de arte, Francisco de la Maza, al grado que logró la intervención presidencial para impedirlo.
“No es cambiar la fisonomía de un patio de su casa al capricho de ningún conservador, sino que, literalmente, es el cambio de fisonomía de toda una ciudad, cambio irremediable, irreparable, y que puede ser nefasto”, escribió De la Maza el 4 de diciembre de 1962 en el periódico Novedades.
Y aportó un dato que indica la magnitud del daño que se pretende provocar: “No olvide el municipio que tiene ya 100 años de haberse iniciado; que periódicos de 1861 elogiaron la decisión del Ayuntamiento entonces por su afán de embellecer la ciudad y que otras han imitado su adoquín, como Querétaro y San Miguel Allende”.
Una actitud que muestra el poco respeto que el gobierno actual le tiene a la identidad histórico-cultural de la ciudad, y con ello al derecho de los potosinos a la ciudad, al atentar sin ningún tipo de estudio contra la identidad que hace atractivo el centro histórico, y más específicamente el barrio de San Miguelito, desde hace más de 162 años.
Una falta de respeto al derecho a la ciudad que llevan a Gallardo Cardona a descalificar a quienes defienden su patrimonio como habitantes de la capital al minimizar los reclamos y señalar a un medio y tres personas sin atreverse a dar nombres ni contraponer argumentos, porque no los tiene.
Tan caprichosa y avasallante resulta la obra, que ni siquiera toma en cuanta a las autoridades del municipio que, a días de anunciado el arranque, tímidamente se atreven a reclamar que pudiera tener alguna intervención, para hacer las correcciones pertinentes a la red de agua y drenaje.
“Es una gran oportunidad también de intervenir en esas redes, aunque aún no sé en qué calles se van a intervenir. Aunque eso implicaría un gasto adicional para el Interapas”, dijo el alcalde Enrique Galindo Ceballos en una expresión que revela que, a pesar de ser el responsable de la administración de la ciudad, no sabe ni en qué consiste la obra.
Con un gobierno que no respeta a la ciudad, que no respeta a los habitantes de la ciudad y que no respeta a las autoridades de la ciudad, poco podía esperarse que –encaprichado por una obra que la población ya demostró que no se justifica en sus términos– difícilmente podría esperarse que respetara el derecho de tránsito de los afectados, y hasta su derecho a la salud.
Jorge Vega Arroyo, subsecretario de Gobernación, dejó plantados a los vecinos en una reunión acordada a realizarse antes de iniciar las obras y, en cambio, la maquinaria llegó y sin previo aviso cerró este lunes la calle 5 de Mayo, entre Valentín Gómez Farías y Fernando Rosas. y dejó sin acceso a quienes ahí habitan, incluida la Clínica Santa Ana.
No sólo alteró la vida cotidiana de los vecinos, sino que puso en riesgo a personas de la tercera edad y con discapacidad que habitan en esa zona, y no le importó poner en riesgo la atención a los pacientes de la clínica que requieren cuidados intensivos, por lo que algunos tuvieron que ser desalojados. Anteponer una obra a arriesgar la vida de personas resulta criminal.
Si tan poco le importa la vida de personas tan vulnerables, ¿con qué validez enarbola su propagandística entrega de apoyos sociales y qué tan congruente resulta su discurso de atender a los más necesitados, si por una obra tan injustificada es capaz de poner en riesgo la salud y hasta la vida de personas?
¿Por qué tanto interés en retirar los adoquines en lugar de atender la propuesta de los vecinos para que se restauren las calles con las mismas piedras por todas las bondades y servicios que aportan al barrio?
