Por Victoriano Martínez
Si para gran parte de la población el aguinaldo abre la oportunidad de saldar alguna deuda, hacer alguna reparación, o hasta adquirir un bien, para el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se ha convertido –casi desde el inicio– en el pretexto para allegarse recursos extraordinarios, y no precisamente como solución, sino como un problema de deuda de corto plazo.
Desde el 13 de octubre, Gallardo Cardona habló de la posibilidad de un crédito para enfrentar el compromiso de los aguinaldos por mil 300 millones de pesos. No sólo la cifra coincide con la deuda adquirida en 2020 por Juan Manuel Carreras López, también se le mencionó como pagadero al siguiente año, como la del ex gobernador.
“Se ha pensado en una deuda a corto plazo, un crédito quirografario pagadero en el próximo año, de inmediato, es la forma en que lo estamos haciendo”, dijo entonces José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno.
El secretario de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, guardó silencio.
La semana pasada, Torres Sánchez informó que el crédito ya fue solicitado, no por mil 300 sino por mil 400 millones de pesos, e incluso señaló que ya están disponibles los recursos para hacer el pago a los burócratas.
Si cuando se habló por primera vez de la alternativa del crédito para los aguinaldos, Gallardo Cardona habló de requerir mil 300 millones de pesos, ¿por qué se solicitan mil 400? ¿Acaso ya creció la nómina en tal proporción que requieren 100 millones de pesos más para aguinaldos que el pasado 13 de octubre?
Peor aún, en aquella ocasión Torres Sánchez señaló que el monto requerido para los aguinaldos era de más de 600 millones de pesos, cifra que no sólo discrepa con la entonces mencionada por Gallardo Cardona, sino con la que ahora él mismo dice que se solicitó para enfrentar el compromiso de los aguinaldos.
Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), estimó que el aguinaldo de la burocracia no llega a 500 millones de pesos que, sumados los aguinaldos de los poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, acaso alcanzarían los 800 millones de pesos.
Una fuente consultada de la Secretaría de Finanzas coincide con la cifra de 500 millones de pesos para los aguinaldos de la burocracia. Por si fuera poco, el ex secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, le informó personalmente a Lara Argüelles que dejaron en caja 600 millones de pesos para el pago de los aguinaldos.
Una serie de cifras y versiones que van desde la inexistencia de la necesidad de un crédito para los aguinaldos hasta mostrar una situación en la que, de requerirse, es por una cifra mucho menor a la solicitada y ya obtenida, en la versión más reciente de Torres Sánchez.
El secretario de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, sigue en silencio, fiel a la línea de opacidad que ya se vuelve legendaria en el actual sexenio.
Lo delicado del tema de los aguinaldos combinado con un crédito quirografario, de los más caros, exige un tratamiento con la mayor transparencia. La danza de cifras requiere, cuando menos, tres aclaraciones:
Uno. Confirmar o desmentir si el gobierno anterior dejó 600 millones de pesos para aguinaldo, dado que si efectivamente los dejó y hoy se requiere reponerlos con un crédito, sólo puede ser porque se utilizaron para algo distinto, que no es una práctica que esté ausente.
Dos. Dar a conocer con lujo de detalle el monto de los aguinaldos a entregar a toda la burocracia, incluidos los altos funcionarios, para que no quede duda de cuánto es realmente el monto requerido que, finalmente, es la justificación de la adquisición de esa deuda.
Tres. Como complemento a los dos casos anteriores, exponer una explicación clara de las razones que dieron origen a las “insuficiencias de liquidez de carácter temporal” para las que la Ley de Deuda Pública establece que los créditos como el ya tramitado “deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo”.
Conocida la poca voluntad del actual gobierno para transparentar sus actos, habrá que esperar el cumplimiento de “los requisitos de información” que le impone la propia Ley de Deuda Pública y la obligación de informar por la Ley de Transparencia.
De entrada, debió quedar documentado “un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables”, con lo que además tendrá que “acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado”.
El manto de opacidad sobre el cumplimiento de los requisitos legales y, sobre todo, sobre el monto real requerido, abre una muy fundada sospecha de que ese compromiso de fin de año no es más que un pretexto para obtener el financiamiento que, como siempre, es para tapar hoyos de una mala administración… y algún otro fin todavía más oscuro.
